El Tercer Despacho del Equipo Especial Lava Jato, del Ministerio Público, logró la aprobación del acuerdo de colaboración eficaz corporativo con la empresa Aenza S.A.A. (antes Graña y Montero), así como las firmas subsidiarias Cumbra Perú S.A. (antes G y M) y Concar S.A.C (hoy denominada UNNA Transportes SAC).
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De esta manera, se declara la responsabilidad penal de las empresas en los casos Club de la Construcción; Redes Viales 1 y 3-Integrando el Cusco; IIRSA Sur (tramos 2 y 3); Gaseoducto Sur Peruano; Metro de Lima (Línea 1, tramos 2 y 3); Revocatoria de alcaldesa Susana Villarán e IIRSA Norte.
Por concepto de reparación civil, las compañías deberán pagar la suma de S/ 333′ 326, 423.60 y $ 40′ 724, 531.00 como daño patrimonial y extrapatrimonial a favor del Estado peruano.
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Pagos
El pasado 25 de abril, la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato informó que el Estado peruano recibió el monto de S/ 39.6 millones de reparación civil por parte de José Graña, exdirectivo de la antigua empresa Graña y Montero.
El dinero ingresó a las cuentas de la Procuraduría General del Estado, sumándose a los S/ 300 mil que el empresario abonó inicialmente como caución judicial en noviembre de 2021.
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El exdirectivo ha cumplido con el acuerdo de cancelar la totalidad de los S/ 39.9 millones, pactados en el acuerdo de colaboración eficaz suscrito con la Procuraduría Ad Hoc y el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público, el cual fue aprobado por el Poder Judicial el 12 de diciembre de 2022.
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