Fiscal evalúa pedir que se levante secreto bancario de Santos
Fiscal evalúa pedir que se levante secreto bancario de Santos
Redacción EC

El fiscal supraprovincial anticorrupción Walter Delgado Tovar, quien investiga una presunta red de corrupción en el Gobierno Regional de Cajamarca, no solo solicitará en los próximos días el impedimento de salida del país para Gregorio Santos Guerrero, sino también adoptará otras medidas.

Según fuentes de ese despacho, se evalúa solicitar al juez que dicte el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones de Santos para el esclarecimiento de los hechos investigados y ver la participación que habría tenido el presidente regional.

En esta indagación preparatoria se encuentran involucradas 33 personas, entre funcionarios y contratistas, por supuestos delitos de asociación ilícita, cohecho, colusión y falsa declaración en procedimiento administrativo.
 
En este proceso se ha dispuesto la detención preventiva del empresario Wilson Vallejos Díaz y José Panta Quiroga, ex director ejecutivo de Pro Región de Cajamarca.
 
INFORME DEL CONGRESO
La semana pasada, el pleno del Congreso aprobó enviar a la Fiscalía de la Nación el informe de la Comisión de Fiscalización sobre casos de corrupción del Gobierno Regional de Cajamarca.

Ese documento fue remitido al despacho del fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, para su respectiva evaluación a fin de que pueda iniciar una investigación por patrocinio ilegal, negociación incompatible, colusión desleal, omisión de funciones, asociación ilícita para delinquir y malversación de fondos.
 
De acuerdo con las conclusiones del informe de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, Gregorio Santos es sindicado como autor de todos los delitos señalados.
 
Los funcionarios del gobierno regional de Cajamarca José Panta Quiroga y Juan Coronado Fustamante también aparecen como autores de patrocinio ilegal, negociación incompatible, colusión y asociación ilícita para delinquir.

MALVERSACIÓN
El informe del Congreso sindica a Santos como autor de malversación de fondos porque durante el 2011 se destinó dinero de un proyecto educativo para financiar el paro regional de noviembre y diciembre de ese año.