Fiscal sobre Vladimir Cerrón: “Al gobernador no pueden obligarlo a firmar contrato ilegal. Cuando se colude es porque hay un interés”

El Ministerio Público consideró que el exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón no pudo haber sido obligado a firmar el contrato del aeródromo Wanka, caso por el que fue condenado a cuatro años de prisión en febrero de este año.

Durante la audiencia de apelación a la sentencia el último lunes, el fiscal superior Ramón Vallejo advirtió que si dicho funcionario firmó el ilegal acuerdo, significa que se está coludiendo por un interés y eso no debe quedar impune.

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“Eso (ser obligado a firmar el contrato) sería una coacción, y eso no existe. Al gobernador no pueden obligarlo a firmar un contrato ilegal. Y si firmó el acuerdo (del Consejo Regional) y coronó la colusión tampoco puede quedar impune (…) cuando un funcionario se colude es porque hay un interés”, subrayó.

El representante del Ministerio Público también enfatizó que la creación de un nuevo aeropuerto no beneficiaría a la región Junín, que ya contaba con un terminal aéreo en Jauja, como lo había señalado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

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Cabe indicar que al término de la audiencia se programaron las siguientes sesiones para los días viernes 14, martes 18, viernes 21 y miércoles 26 de julio. Tras ello la Sala Penal de Apelaciones Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Junín tomará una decisión final.

Como se recuerda, por este caso en febrero pasado el Sexto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Corrupción de Junín condenó a cuatro años de prisión efectiva a Vladimir Cerrón por el delito de colusión.

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Aquella vez, el juez Guido Arroyo dispuso que la sentencia será ejecutada cuando sea confirmada en segunda instancia.

La condena contra Cerrón también incluye una inhabilitación por cuatro años para ejercer cargos públicos, aunque vengan de elección popular, así como S/2 millones 18 mil 180 como reparación civil, que deberán pagar de manera solidaria todos los condenados.

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El Ministerio Público también sostiene que Vladimir Cerrón y Luis García Morón, representante legal del consorcio Gran Aeródromo Wanka, suscribieron un contrato para la construcción del aeródromo sin considerar el pronunciamiento de la Dirección General de Política de Inversiones (DGPI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).