Fiscal Pablo Sánchez: “Concluida la cuarentena podremos elevar los informes sobre Caso Cuellos Blancos” | ENTREVISTA

Como presidente de la Academia de la Magistratura, Sánchez Velarde, sostuvo que es momento de iniciar la era digital de la justicia.

¿Cómo afectó la emergencia a la fiscalía?

La pandemia también ha puesto en cuarentena al sistema de justicia, se ha formado un paréntesis que todavía no termina. Se han suspendido las diligencias e investigaciones en tanto y en cuanto no se levante el estado de emergencia. Entonces, todo se ha paralizado. De una u otra manera eso favorece a las personas investigas que pueden mejorar sus estrategias de defensa y también pueden ganar tiempo.

¿Y cómo se está trabajando?

Bueno, esto no ha impedido que los fiscales hagan también su trabajo de manera silenciosa. Si bien es cierto no hay diligencias, porque se ha suspendido las labores fiscales, sí están haciendo trabajado de análisis. Tenemos toda la información, se está analizando, se están armando los esquemas hasta que se puedan complementar con las diligencias que faltan.

En el caso Los Cuellos Blancos del Puerto contra altos funcionarios ¿Cuál es la situación?

Allí también hemos tenido que reprogramar las diligencias hasta después de que se levante la cuarentena. Pero venimos analizando los hechos, terminando de analizar el contenido de los audios, concatenando los datos probatorios que tenemos. Creo que concluida la cuarentena, tres o cuatros semanas después, podremos elevar los informes a la Fiscalía de la Nación.

¿Estos informes están vinculados a fiscales supremos en ejercicio e implicados en el Caso Los Cuellos Blancos?

Hay dos o tres casos que vamos a informar, pero faltan algunas diligencias. De estos, uno de ellos (es fiscal supremo) y los otros son de exaltas autoridades del Estado como son los del exConsejo Nacional de la Magistratura.

Usted ha dirigido un grupo de trabajo en la Fiscalía que analizó la situación carcelaria ¿Qué le pareció que el Congreso archivara dos proyectos para el deshacinamiento los penales ante la pandemia?

Bueno, hay varios aspectos que tocar, el proyecto del Ejecutivo a mi parecer; y de otras personas que lo analizamos, era poco práctico, pero era una alternativa que se podía mejorar.

¿Por qué era poco práctico?

Por la forma limitada de analizar los delitos que estaban exceptuados de su aplicación, no eran claros, generaban un poco de confusión. Debería analizarse mejor, porque estuvo planteado con poca claridad, porque podría permitir que personas que no deben, salgan. Y además, los mecanismos para lograr la excarcelación no era fácil de interpretar. Creo que en estos casos el texto debe ser claro y directo. El texto del Poder Judicial me pareció más técnico, objetivo y directo.

Ahora, el tema del deshacinamiento es una política que compete al Estado en su conjunto…

El problema de las cárceles no es de ahora; sino de muchos años atrás que se ha ido acumulando con el número de presos sin condenas por muchos factores, y uno de ellos tiene que ver con el sistema de justicia, la lentitud. No se puede resolver de la noche a la mañana, pero sí se pueden tomar medidas de urgencia, se debía haber formado una comisión de trabajo interinstitucional, desde el comienzo, para buscar una salida.

¿Se comenzó tarde en la toma decisiones sobre el deshacinamiento penitenciario? Se abordó cuando ya estábamos por llegar a los dos meses de la pandemia

Sí, se inició un poco tarde. Pero bueno, nunca es tarde para la libertad de las personas si es que lo amerita. Un preso que está en la cárcel, sin condena, tiene derechos; así como tienen derechos los condenados. Pero no por eso se le debe dar libertad a todo mundo y eso tiene que ver con las políticas post-penitenciarias.

¿Qué implican las políticas post-pentenciarias?

¿Qué equivalen que salgan treinta y tantos mil presos si no saben que van a hacer luego? No es un tema fácil, es complejo y tiene que ver con la política que debe asumir el Estado en estos casos. Pero de actuar, se debe actuar. Eso es clarísimo.

¿Qué tipo de personas tendrían que ser las beneficiadas, que no estén dentro del rango de la población vulnerable por el Covid-19?

Eso hay que manejarlo con datos estadísticos. Porque, por ejemplo, por robo en los penales, hay más de 8 mil personas, pero no se sabe qué tipo de robo han cometido; si esto está mezclado con otro tipo de acciones violentas o seguidas de muerte. Es un tema delicado que tiene que abordarse técnicamente. Yo recuerdo que en 1985, se dio la Ley 24388 que se llamó la Ley de Excarcelación. Muchos salieron en libertad y luego estaban en la calle pidiendo dinero, generando una especie de inseguridad ciudadana. No es cuestión de solo liberar a la gente; sino de saber qué política se sigue luego de ello.

-En medio de la pandemia, se ha visto una suerte de distanciamiento entre el Congreso y el Ejecutivo sobre políticas que afectan a la población. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema pentenciario …

Ese tema debe haberse puesto al debate para buscar una solución. Estamos en medio de una cuarentena, es un tema de necesidad política y social.

-El Ejecutivo ya anunció que pedirá facultades sobre este tema…

Vamos a ver cómo se la dan. Y si se les da, pues que emitan normas más sencillas y claras para que se entienda bien cuál es el mensaje. No es una tarea fácil. Por eso, digo, que se debata bien, que se apoyen en técnicos que conozcan bien el tema, y que se decida.

-A propósito de la pandemia, se ha puesto al debate la aplicación de prisiones preventivas no necesarias…

Eso es relativo, visto desde afuera. El fiscal sabe por qué pide una prisión preventiva, yo entiendo que los fiscales son cuidadosos cuando piden una prisión preventiva. Solamente se pide por excepción y cuando está seguro que el juez lo va a dictar. Es una medida que ha mucha gente no le gusta, pero ha dependido de las pruebas. Y bueno, con ocasión de los temas coyunturales de ahora, yo creo que los fiscales serán más escrupulosos en los pedidos de las prisiones preventivas. Que se pidan cuando sean necesarias; sino no se deben pedir.

¿Ya han pasado poco más de tres años desde que inició el Caso Lava Jato, cómo analiza usted el desarrollo?

Ha marchado bien, quizá con estilos diferentes. En un primer momento, el equipo liderado por Hamilton Castro, avanzaba; algunos decían muy lentamente, pero los casos son complejos. Luego hubo un cambio con mayor dinamismo. Son trabajos con estilos diferentes que no entran en conflicto. Se ha avanzado bastante, lo que pasa es que estos casos no son comunes. Yo entiendo que ya estaban en una línea de culminación de varios procesos, creo que ya deben prontamente culminar las investigaciones y pasar a juicio oral, que es lo más importante. Que se establezca si hay o no responsabilidad.

¿Como parte del sistema de justicia, cuál debería ser el rol del Ministerio Público, tras esta coyuntura?

Pienso que esto debe generar un cambio en todas las áreas un trabajo, más ligado a la tecnología moderna - aunque tengamos poco presupuesto- y un cambio de mentalidad. Este es el momento, este es el inicio del cambio del sistema de justicia, de un cambio proactivo, moderno, que no quede en palabras; sino en los hechos. Agilidad en los trámites, apuntar a un expediente electrónico que parte de la fiscalía y como dije, un trato más escrupuloso en temas de medidas de coerción como la prisión preventiva.

¿Usted también dirige la Academia de la Magistratura para jueces y fiscales, qué se está haciendo en esta institución?

En la Academia, cuando empezó la cuarentena, lo que hicimos fue suspender las labores administrativas para evitar el contagio y se ha procedido a la desinfección. Luego, se ha implementado el trabajo remoto que se viene realizando hasta la fecha. Lo más importante es que hemos llevado a cabo sesiones virtuales con los integrantes de la academia. También hemos activado un comité para elaborar un plan de trabajo para el retorno a las labores.

¿Qué se espera al retorno de labores?

El cambio será total, porque ahora todo ha funcionado para realizar clases de manera virtual. El programa de aspirantes a jueces y fiscales se suspendió inicialmente por la pandemia y ahora lo hemos convertido a un sistema virtual, para no perder el año. Eso nos ha exigido que hagamos un cambio. Creo que a futuro esto va a favorecer a sistema de justicia.

Toda esta coyuntura ha hecho que el sistema de justicia acelere el uso de la ‘justicia digital’ ¿Este cambio debe permanecer?

Durante mi gestión en la fiscalía de la Nación implementamos la carpeta electrónica en Lima Sur y se ha avanzado bastante. Ahora, con las urgencias que tenemos, eso debe cambiar; claro, que debe invertirse un poco. Contamos con el apoyo de bancos extranjeros tanto para la fiscalía como para la Academia. Entonces, lo que va a marcar la diferencia es justamente el trabajo electrónico y el expediente electrónico. Nosotros nos tenemos que adecuar porque el cambio que viene será importante.

¿Cuál es el plan que resta del año para la Academia?

Desde la semana pasada ya se ha iniciado el programa de clases para aspirantes a jueces y fiscales de manera virtual. En el mes de junio también serán virtuales. Los programas de capacitación y actualización también serán virtuales, ya estamos asumiendo el cambio a este sistema virtual de enseñanza que también se aplicará para la nueva tarea que se nos ha encomendado por ley.

¿Esta tarea está vinculada a una evaluación de jueces y fiscales?

La ley de la Junta Nacional de Justicia nos ha encomendado la evaluación parcial que es una innovación que estamos introduciendo en la Academia de la Magistratura. La ley establece que los jueces y fiscales debe ser evaluados cada siete años, pero también ha creado una figura de ‘evaluación parcial’ cada tres años y medio. De esto se encarga la Junta Nacional Justicia y Academia de la Magistratura que dirijo. La evaluación consiste en que, si se detecta que hubo una disminución en la capacidad en sus labores o conocimiento de los jueces y fiscales, se les capacita y eso sería también de manera virtual. No es un sistema de control; sino de conocer quiénes necesitan actualizarse.