Fiscalía advierte que “organización criminal está activa” en el Ejecutivo

El Poder Judicial resuelve este miércoles desde las 4:00 p.m. las apelaciones de cuatro integrantes del denominado ‘Gabinete en la sombra’ contra sus órdenes de detención preliminar, vigentes desde el martes 11 de octubre. Tres jueces superiores evaluaron el recurso el martes pasado en una audiencia en la que la fiscalía advirtió que la presunta organización criminal de la que todos ellos serían parte continúa activa.

La sesión fue llevada a cabo por la Tercera Sala de Apelaciones de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada por seis horas.

Allí, el fiscal adjunto superior James Reátegui, del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, señaló que el peligro de fuga y de obstaculización a la justicia –que sumados constituyen el llamado ‘peligro procesal’– de parte de la presunta red criminal que encabezaría el presidente Pedro Castillo está “plenamente acreditado”.

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“Esta organización criminal está activa. Si fuera inactiva, sería otro escenario. Pero [está] activa, cumpliendo roles y con datos antecedentes respecto a situaciones similares de los demás miembros de la organización, donde ha habido actos de sustracción de la acción de la justicia”, dijo.

“Incluso hay uno que está prófugo”, agregó en referencia a Alejandro Sánchez, el dueño de la casa del jirón Sarratea, a quien también se ordenó detener, pero que no ha podido ser ubicado desde hace más de una semana.

En otro momento, la jueza Yeny Magallanes le preguntó al fiscal sobre cuál es el peligro procesal concreto de la presunta organización investigada y qué evidencias se tienen. “En este caso en concreto, Migraciones habría tenido influencia respecto a estos coimputados que posiblemente podrían salir fuera del país. Y el tema del asilo que habría buscado uno de los coimputados, Beder Camacho, en las embajadas de México y Venezuela para los sobrinos [de Castillo] y demás integrantes”, respondió.

Además, remarcó que hay doctrina judicial por la que se considera que por “la sola pertenencia a una organización criminal que está activa, presumimos que hay un peligro de fuga”.

Cuestionan la orden

En el centro del debate estuvo la resolución del juez Víctor Zúñiga, quien ordenó diez días de detención preliminar para seis investigados: los exasesores presidenciales Biberto Castillo, Auner Vásquez y Eder Vitón; el exasesor del Ministerio de Vivienda Salatiel Marrufo, el empresario Abel Cabrera y Alejandro Sánchez.

Ellos son investigados por delitos como organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Se les imputa distintos roles, como financistas, coordinadores u operadores de la presunta red criminal en el Gobierno con el presidente a la cabeza.

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Salvo Biberto Castillo, todos apelaron la resolución. Pero al inicio de la audiencia, la defensa de Vitón anunció que se desistía de su apelación y se mostró conforme con la orden de detención.

Así, los abogados de los otros cuatro comenzaron a sustentar sus apelaciones, con las que buscan que se revoquen o se anulen sus detenciones preliminares.

Las defensas de Vásquez y Cabrera, en particular, centraron sus críticas a la resolución de Zúñiga, en que, según ellos, el magistrado resolvió el requerimiento fiscal de detención en “tiempo récord” y en que habría copiado y pegado buena parte de este en su resolución. Esto fue rechazado por la fiscalía.

En suma, las defensas coincidieron en negar las imputaciones fiscales y en que el juez Zúñiga no tenía evidencia suficiente para dictar las detenciones preliminares. Además, negaron el riesgo de fuga.

En sus réplicas, el fiscal defendió la imputación y la evidencia del Ministerio Público, y destacó que Zúñiga sí sustentó adecuadamente su resolución.

Cuando se le dio la palabra, Marrufo declaró que la fiscalía buscaba criminalizar actividades propias de su rol como funcionario; mientras que Cabrera rechazó la versión de la fiscalía y dijo que todo se aclarará en la investigación. Ni Vásquez ni Sánchez participaron en la audiencia.

Si la sala confirma hoy la resolución y la fiscalía solicita prisión preventiva para los investigados antes de que los diez días de detención expiren, estos deberán seguir recluidos hasta que ese eventual pedido fiscal sea resuelto.