Yehude Simon en la audiencia de este viernes en la que se evalúa el pedido de prisión preventiva en su contra. (Foto: Poder Judicial)
Yehude Simon en la audiencia de este viernes en la que se evalúa el pedido de prisión preventiva en su contra. (Foto: Poder Judicial)
Mario Mejía Huaraca

Periodista

mario.mejia@comercio.com.pe

El fiscal sustentó este viernes ante la jueza María de los Ángeles Álvarez su pedido de 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente regional de Lambayeque , a quien le atribuye haber recibido US$300 mil de la empresa para su campaña electoral del 2006 en retribución por el presunto favorecimiento en la concesión de la obra Travase Olmos en el 2004.

Durante su intervención, Pérez sostuvo que el ex primer ministro buscó atribuir a un fallecido la recepción del dinero que el exrepresentante de Odebrecht en Perú afirmó que entregó para su campaña de reelección en el Gobierno Regional de Lambayeque.

Cabe anotar que Barata declaró a la fiscalía que Odebrecht desembolsó US$300 mil de la ‘Caja 2’ para la campaña y afirmó que los aportes se entregaron a través de Javier Málaga Cocchella, ex asesor de Simon que falleció hace algunos años, y Pablo Salazar, quien fue gerente del Proyecto Olmos y contra quien también se ha solicitado prisión preventiva.

Pérez presentó la comunicación por Whatsapp que Simon tuvo con su coimputado Pablo Salazar el 2 de febrero del 2020. En ella el excongresista le escribió a su hombre de confianza que no debería guardar silencio porque eso le perjudicaría y, según el fiscal, le alentó para que endosara al fallecido Málaga la cantidad de dinero que dio Barata. “Cómo probar qué dinero te dieron, según ellos, si es en efectivo; a Málaga le pudieron dar 250 mil, quién lo sabe”, es lo que Simon le escribió a Salazar en el Whatsapp.

La intervención de Pérez en la audiencia se centró en el primer presupuesto exigido para dictarse una prisión preventiva, es decir argumentó la existencia de graves y fundados elementos de convicción sobre la presunta comisión de los delitos de colusión y lavado de activos por parte de Simon.

Pérez sostuvo que Yehude Simon aprovechó su cargo de presidente regional y realizó actos colusorios para favorecer a Odebrecht no solo en el otorgamiento de la concesión, sino también en la emisión de adendas lesivas al Estado.

Agregó que la entrega de dinero ilícito por parte de Odebrecht para la campaña de Simon está corroborado no solo con las declaraciones de Salazar y Barata sino también con información encontrada en los servidores My Web Day y Drousys de la constructora brasileña.

El abogado Ander Galván, encargado de la defensa de Simon, aseguró que el fiscal no ha presentado ninguna prueba de la presunta colusión que habría cometido su cliente. Afirmó que su patrocinado no pidió dinero a Barata ni lo recibió.

Reiteró que si bien Barata entregó dinero para la campaña este nunca ha dicho que Simon le pidió el dinero ni que se lo haya entregado a él. Manifestó que para probarse si su cliente tuvo conocimiento de esa entrega no es indispensable que se le dicte una prisión preventiva por 36 meses.

En la audiencia, el fiscal Pérez también fundamentó el segundo presupuesto exigido para la prisión preventiva y que está referido a la prognósis de pena, es decir a la estimación de la pena que se podría imponer al investigado de probarse la acusación. Aseguró que por la suma de los dos delitos que se le imputan (colusión y lavado de activos agravado) le correspondería una pena de 28 años con lo cual se superaría ampliamente el requisito de cuatro años de pena como mínimo que exige la ley.

La audiencia continuará este sábado. En esta sesión se evaluará el tercer presupuesto, es decir, si existe riesgo de fuga y peligro procesal.

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