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MARIO MEJÍA
La fiscalía ha solicitado a la Corte Suprema que disponga la medida de arresto domiciliario para el desaforado congresista Michael Urtecho en el proceso penal que se le sigue por los delitos de concusión y enriquecimiento ilícito. El fiscal Iván Quispe Mansilla también pidió la detención preventiva para Claudia Vanessa Gonzales Valdivia, la esposa del ex parlamentario de Solidaridad Nacional.
El Juez de Investigación Preparatoria Luis Alberto Cevallos Vegas, quien está a cargo del caso, decidirá este viernes la situación jurídica en la que la pareja afrontará este proceso. Será en una audiencia especial en la que se escucharán los argumentos de la fiscalía y de la defensa legal de Urtecho y su cónyuge.
A ambos se les acusa de haberse quedado con parte de los sueldos de siete trabajadores que laboraban en el despacho del congresista y de haber adquirido costosas propiedades que no se correspondían con sus ingresos.
REPARACIÓN CIVIL
En una audiencia efectuada esta tarde a la cual no asistieron Urtecho ni su esposa, la Procuraduría Anticorrupción fue admitida en el proceso como defensora de los intereses del Estado. En esa situación, el representante de la procuraduría solicitó que el monto de la reparación civil que deberán pagar Urtecho y su esposa sea de S/ 3’500.000.
Luis Lamas Puccio, abogado de Urtecho, dijo que su cliente no asistió a la sesión porque no era necesaria su presencia. “No había nada en debate, nosotros también estamos de acuerdo con que la procuraduría participe defendiendo los intereses del Estado”, dijo a El Comercio. Anunció que en la audiencia del viernes sí habrá discusión, pues sostiene que no hay razón para un arresto domiciliario ni para una detención debido a que, según él, no hay peligro de fuga.
La semana pasada el juez Cevallos dispuso la medida de impedimento de salida del país de Urtecho que había sido solicitada por el fiscal adjunto de la Fiscalía Suprema en lo Contencioso Administrativa, Quispe Mansilla.
Urtecho fue destituido en diciembre pasado y quedó inhabilitado para ejercer cargo público durante 10 años. Su puesto en el Congreso ha sido ocupado por Rosa Núñez Campos.
