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La fiscal suprema Delia Espinoza requirió al Poder Judicial la suspensión temporal por 36 meses de Patricia Benavides como fiscal suprema y fiscal de la Nación, en el marco de las pesquisas que sigue en su contra por presuntamente encabezar una organización criminal.
El pedido —realizado el pasado 10 de mayo— fue realizado ante el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley, quien convocó a audiencia para el próximo miércoles 22 de mayo (9:30 a.m.) para analizar el pedido.
Específicamente, se trata de un requerimiento de suspensión de derechos, en la modalidad de suspensión temporal en el ejercicio del cargo, según informó el Ministerio Público. La fiscalía suprema ha requerido la suspensión de Benavides en total por el plazo de tres años.
Además de organización criminal agravada, Benavides también viene siendo investigada por otros siete presuntos delitos en agravio del Estado, entre los que se encuentran cohecho activo específico, tráfico de influencias agravado y negociación incompatible.
Benavides viene siendo investigada a nivel de la fiscalía suprema, mientras que los otros presuntos integrantes de la red criminal son objeto de investigación a nivel del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop).
Los escenarios y las implicancias
La medida contra Benavides se da a escasas semanas de que se cumpla la suspensión por seis meses impuesta por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), lo que significaría su retorno al Ministerio Público. El pasado 6 de diciembre, Benavides fue suspendida en su condición de fiscal suprema y, por ende, de su cargo de fiscal de la Nación, tras el escándalo que desató la operación Valkiria V.
La medida adoptada por parte de la JNJ se dio en el marco del procedimiento disciplinario inmediato iniciado contra Benavides, tras la detención de su exasesor Jaime Villanueva y los señalamientos de que encabezaría una presunta red criminal.
Su suspensión se dio de forma preventiva por seis meses o, se indicó, hasta que se resuelva el procedimiento disciplinario. A punto de vencer el plazo, el próximo 5 de junio, el procedimiento aún no ha concluido, en una JNJ que se mantiene con el quórum mínimo y golpeada por enfrentamientos con el Congreso y el Tribunal Constitucional.
El exprocurador anticorrupción José Ugaz apuntó que el requerimiento realizado por la fiscalía suprema “es legal” y buscaría evitar que Benavides —ejerciendo un cargo en la fiscalía— pueda interferir o entorpecer las pesquisas que se siguen en su contra.
“Le dice al Poder Judicial, oiga usted, suspenda en el ejercicio de sus funciones a esta persona por 36 meses porque, de lo contrario, hay un alto riesgo de que pueda entorpecer la acción de la justicia. (…) Que pueda, por ejemplo, interferir en el desarrollo de los actos de investigación, influenciando o intimidando testigos, modificando pruebas, destruyendo documentos, etcétera”, remarcó Ugaz en diálogo con El Comercio.
Explicó que, en caso de llegar a ser aprobado, Benavides aún podría apelar y el pedido sería revisado por la sala suprema. Y, de declararse fundado el pedido del Ministerio Público, Benavides, en la práctica, quedaría impedida de ejercer su función fiscal por el plazo de tres años.
“Y, por lo tanto, como le pasó a la doctora [Zoraida] Ávalos, tampoco podrá, salvo que renuncie expresamente al cargo, ejercer otra función porque sigue manteniendo la condición de fiscal suprema”, subrayó Ugaz.
En tanto, el abogado penalista Andy Carrión coincidió en que el pedido cuenta con amparo legal, pues —agregó— se entiende que los presuntos delitos que se habrían cometido fueron, justamente, en el ejercicio de esa función. “En teoría, de regresar podría generar una permanencia en la comisión de los delitos por los cuales vienen siendo investigada”, acotó en entrevista con este Diario.
Carrión apuntó que algo que podría ocurrir en los próximos días es que se plantee por parte de la fiscalía una recusación en contra del juez Juan Carlos Checkley en esta carpeta en la que se pide la suspensión. “Que no lo hayan hecho hasta ahora en este caso, no significa que incluso hasta el mismo día, incluso al empezar la audiencia, lo solicite la fiscalía”, remarcó.
El Ministerio Público anunció el miércoles que se solicitó esta medida, pero en otro proceso que se sigue en contra de la jueza Enma Benavides, hermana de la suspendida Patricia Benavides.
Jaime Villanueva, el otrora exhombre de confianza de Benavides, ha declarado sobre presuntos pactos ilícitos entre el magistrado Juan Carlos Checkley para favorecer a la hermana de Patricia Benavides.
📢 Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos formuló recusación sobre el juez Juan Carlos Checkley Soria en el proceso seguido contra Enma Rosaura Benavides Vargas. pic.twitter.com/ajb0POYlsx
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) May 15, 2024
Postura de la defensa legal
En diálogo con El Comercio, Jorge del Castillo, abogado de Benavides, rechazó el pedido realizado por la fiscalía suprema y lo calificó como un “abuso”. Mencionó que “con el mismo expediente, con las mismas pruebas, con la misma fiscal” ya se había solicitado un impedimento de salida del país, y que el juez Checkley lo rechazó indicando que no había pruebas suficientes.
“Además, una doble sanción. La JNJ la suspendió seis meses, por un lado, y ahora pretende la fiscalía que un juez la suspenda tres años. Eso es un abuso”, cuestionó. También indicó que este tipo de pedidos no procede en la etapa en la que se encuentra el proceso.
A juicio de Del Castillo, también se buscaría llevar el caso ante otro juez. Mencionó que se debe esperar las decisiones que se adopten en el Poder Judicial o en la Junta Nacional de Justicia. “Pero no con estos atajos de los recusamos, los sacamos tres años. Eso es un atropello francamente”, criticó.
El abogado Christian Salas, una de las defensas con las que cuenta Benavides, será el encargado de rechazar en audiencia el requerimiento realizado por el Ministerio Público.
