Fray Vásquez en manos de la justicia: ¿Cuál fue su rol en la presunta red criminal de Pedro Castillo?

De acuerdo a fuentes de El Comercio, la entrega voluntaria de Vásquez Castillo venía siendo negociada por el Eficcop desde hace unos meses y se concretó a casi dos años desde que pasará a la clandestinidad.

Sobre Fray Vásquez Castillo pesa una orden de prisión preventiva de 24 meses, que fue ratificada en segunda instancia.

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El Ministerio Público le imputa al “sobrinísimo” los presuntos delitos de colusión agravada, tráfico de influencias (como tipo penal alternativo) y organización criminal en agravio del Estado.

De acuerdo a la tesis fiscal, Fray Vásquez Castillo y su primo Gian Marco Castillo Gómez (otro sobrino de Castillo Terrones) conformaron el denominado “brazo operativo” de la presunta red criminal que habría encabezado su tío desde la cúpula de Palacio de Gobierno. Ambos fueron “mandos medios” de la organización, cuyo objetivo era obtener ganancias o beneficios irregulares.

Por ejemplo, los dos sobrinos del expresidente, según el testimonio de la empresaria Karelim López Arredondo, captaron a Luis Pasapera Adrianzén “para ser el intermediario” con los representantes del Consorcio Puente Tarata III, a fin beneficiar a este conjunto en la licitación pública N.º 01- 2021-MTC/12, que estaba a cargo a Provías Descentralizado.

Provías Descentralizado está adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cartera era manejada por Juan Silva, quien aún sigue prófugo de la justicia.

El Consorcio Puente Tarata III obtuvo la referida obra valorizada por S/232,5 millones.

El sábado, Pedro Castillo Terrones exhortó “a aquellos que se encuentra en la clandestinidad a que enfrentemos sin temor las investigaciones del Ministerio Público, porque la verdad nos hará libres”. “Las mentiras y las injusticias tienen patas cortas, ya es tiempo de ponerse a derecho y demostrar que no hemos cometido delitos”, agregó en X (antes Twitter).

El nexo con Villaverde

El colaborador eficaz N°CE-01-2022 también apunta a Fray Vásquez Castillo y remarca el vínculo que tuvo con el empresario Zamir Villaverde, quien también está comprendido en la referida pesquisa.

“Quiero señalar que respecto a Marco Antonio Zamir Villaverde García, dicha persona estaba captando empresarios para ofrecerles obras en el MTC, Provías Descentralizado y Provías Nacional, a cambio de sumas de dinero. Asimismo, junto con Fray Vásquez estaban convocando a personas de su confianza o aliados, para que ocuparan los cargos importantes em el MTC, a fin de dirigir las licitaciones”, indicó en su declaración del 6 de abril de 2022.

El Ministerio Público remarca, en su pesquisa, que “los actos de coordinación entre Vásquez Castillo, Castillo Gómez y demás investigados no versan en simples especulaciones”, sino que “están debidamente acreditadas” en los diversos registros de visitas a Palacio de Gobierno.

En ese sentido, subraya que los ingresos de Villaverde para reunirse con los sobrinos de Castillo Terrones eran referidos al vicesecretario del Despacho Presidencial “para no dejar algún tipo de huella” de estas citas.

Asimismo, las visitas realizadas por el empresario a Palacio de Gobierno coincidieron en tiempo- de acuerdo a la investigación fiscal- “con la presencia” de los “sobrinísimos” en el lugar.

Esto “lleva a concluir la veracidad de la declaración del colaborador eficaz y de López Arredondo quien indica que la visita de Villaverde se hacía con la indicación a la secretaría del despacho presidencia”, destaca la resolución de la Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, que en abril de 2022 confirmó la prisión preventiva de 24 meses para Vásquez Castillo.

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La tesis fiscal apunta a Vásquez Castillo y Castillo Gómez habrían usado los autos de placas BWO-587, F6D-378, M5G-593, F5O-366, de propiedad de la empresa Mazavig SAC, cuyo gerente general era Villaverde.

En ese momento, la Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima para justifica la ratificación de la prisión preventiva contra Vásquez Castillo, argumentó que esté “trataría de ocultar elemento de prueba, así como influenciar en sus coimputados y en los testigos de este caso, a fin de aminorar su responsabilidad en los hechos imputados”.

El colegiado recordó que el “sobrinísimo” intentó obstaculizar la acción de la justicia, cuando presentó pruebas de descarte COVID-19 “presuntamente falsas” tanto al Ministerio Público como al Congreso, con el objetivo de frustrar las diligencias a las que fue convocado a declarar y pretender justificar sus inasistencias a las mismas.

En la misma carpeta de la investigación de la licitación del Puente Tarata está comprendido el proceso de adquisición de biodiésel por parte de Petroperú a favor de la empresa Heaven Petroleum Operators S.A., representada por el empresario Samir Abudayeh.

Fray Vásquez Castillo también afronta una segunda investigación por los presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias por el Caso “Gabinete en la sombra”.

El Ministerio Público indicó que el “sobrinísimo” era parte de llamando “brazo familiar” y lo ubica como “integrante y coordinador” de la red. En esta pesquisa solo tiene mandato de comparecencia restringida.

Esto, porque “habría coordinado las influencias ilícitas en la designación de funcionarios públicos de alta dirección en instituciones públicas donde se manejan mayor presupuesto público, para después dar paso a coordinar acciones colusorias en las contrataciones públicas que gestiona ilegítimamente la presunta organización criminal”.

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La protección de la Policía

En marzo de 2023, Jorge Hernández Fernández, conocido como “El Español”, brindó una declaración al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) como aspirante a colaborador eficaz. En esta, contó que los generales PNP en retiro Luis Vera Llerena y Raúl Alfaro Alvarado, cuando eran directores de la Policía Nacional, sabían dónde se escondía Fray Vásquez Castillo.

Hernández-investigado por presuntamente integrar la red criminal de Catillo Terrones- también aseguró, en una entrevista a “Día D”, que el “sobrinísimo” estuvo escondido en su casa de La Molina “bastante tiempo”.

También dijo que “prácticamente dos personas [...] policías” conocían que él escondía a Vásquez, aunque no especificó quiénes eran.

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Iván Ramírez, abogado de Fray Vásquez Castillo, dijo que la su entrega a la Policía Nacional y al Eficcop ha sido “una decisión personal” de su cliente. Agregó que él le había recomendando no hacerlo, porque, a su juicio, justicia está “politizada”.

En diálogo con RPP Noticias, Ramírez contó que, en noviembre último, antes de que la fiscal superior Marita Barreto sea retirada de la coordinación del Eficcop por el entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el sobrino de Pedro Castillo ya había recibido una propuesta del coronel PNP Harvey Colchado para ponerse a derecho.

“Yo le dije que no se entregue, que no se someta a una colaboración”, manifestó.

También dijo que una eventual colaboración eficaz no le iba a favorecer a su aún patrocinado, porque las investigaciones en las que está comprendido están avanzadas.

No obstante, el ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado explicó que a Vásquez Castillo solo le queda dos caminos: o comparte la suerte del expresidente Castillo Terrones o decide colaborar ahora, cuando aún tiene elementos que proporcionar. Agregó que el “sobrinísimo” podría precisar si los sobornos pagados por la licitación del Puente Tarata III y otras obras llegaron a las manos de su tío.

En comunicación con El Comercio, Maldonado dijo que su prolongada fuga y la dificultad para hallarlo evidencia que existió “una articulación y hasta un complot desde dentro del Estado para protegerlo”. Añadió el mismo Vásquez Castillo debería confirmar si recibió ayuda de altos mandos de la Policía Nacional durante el gobierno castillista.