Los prófugos de Pedro Castillo: ¿cómo funciona la alerta roja de Interpol y de quién depende una orden de captura internacional?

El caso del exdueño de la casa del jirón Sarratea, que servía a Pedro Castillo como oficina paralela, es distinto al del exministro de Transportes Juan Silva. El Poder Judicial informó el último martes que su notificación roja está vigente y se extiende hasta el 2027, luego de que la Corte Suprema ordenó su detención nivel nacional, a través de la Policía Nacional del Perú (PNP), e internacional, mediante la Interpol. Pese a ello, el investigado se mantiene prófugo desde junio del 2022, por más de un año y tres meses.

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En tanto, la Corte Superior de Justicia de Lima indicó este miércoles que a inicios de abril, un juez dispuso renovar las órdenes de captura a nivel nacional e internacional del investigado Fray Vásquez Castillo, el sobrino de Pedro Castillo que está prófugo desde marzo del 2022. No obstante, no precisaron -como sí hizo la Corte Suprema- si la Interpol accedió a la notificación roja o detallaron hasta qué año estará vigente.

¿Cómo funcionan estos procedimientos que buscan dar con la ubicación y captura de prófugos de la justicia peruana? El Comercio conversó con especialistas que detallaron el uso de herramientas.

1. ¿Qué es una orden de captura a nivel internacional?

En el Perú, las órdenes de captura son dictadas por un juez penal a pedido de la fiscalía. El magistrado puede emitirlas como parte de orden de detención preliminar (durante la fase preliminar de una investigación), como parte de una orden de prisión preventiva (a partir de la formalización de una investigación y luego de un debate en audiencia) o luego de una sentencia con prisión efectiva.

Para la captura a nivel nacional, el juez comunica su decisión a la unidad de requisitorias de la PNP para que esta proceda a la ubicación y captura de la persona. Pero para la captura a nivel internacional, con un posible fin de extradición, la decisión se remite a la Interpol mediante una solicitud de notificación roja.

Vladimir Padilla, aboga penalista, indicó a El Comercio que estas órdenes deben ser renovadas cada seis meses por parte del Poder Judicial. En el caso de Fray Vásquez, por ejemplo, la renovación más reciente de su orden de captura internacional fue emitida en mayo de este año.

2. ¿Qué es una notificación roja?

La notificación roja es una solicitud emitida por la Interpol a las fuerzas del orden de sus 195 países miembros para “localizar y detener provisionalmente a una persona a la espera de su extradición o entrega, o de una acción judicial similar”.

Contiene los datos de la persona buscada, desde su nombre hasta sus rasgos físicos; y la información relacionada al delito o los cargos por los que la justicia de su país la requiere.

La Interpol no puede emitir por su cuenta una medida de este tipo. Su fundamento es una orden de detención judicial emitida por el país requiriente. Por ejemplo, en los casos previamente mencionados, se basan en la orden de una juez peruano.

El portal de la Interpol contiene una lista de cerca de 7,000 personas con notificaciones rojas que se pueden revisar de forma pública. Sin embargo, la mayoría “solo pueden ser consultadas por los organismos encargados de la aplicación de la ley”. Es decir, no son de acceso público, solo por las autoridades encargadas de las detenciones en cada país miembro.

3. ¿Cuál es el procedimiento para emitir una notificación roja?

Cada país miembro de la Interpol tiene una oficina central nacional (OCN) en su jurisdicción. En el Perú, está la OCN Interpol Lima. Así, cuando un juez peruano ordena una captura a nivel internacional, debe notificarla a la OCN Interpol Lima para que este la envíe la central de Interpol, que tiene sede en Francia.

Las solicitudes que llegan a la Interpol son analizadas por su Grupo Especializado en Notificaciones y Difusiones. Se trate de un grupo “plurilingüe y multidisciplinario”, conformado por “juristas, policías y especialistas en operaciones”, de acuerdo con el portal de la entidad. Para su análisis, el grupo considera la información brindada por la OCN del país solicitante, por otros países miembros, o información recogida de fuentes abiertas.

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Si el grupo considera que la solicitud de notificación roja tiene motivos políticos, militares, religiosos, raciales o que va dirigido contra un refugiado, la rechaza. Si la acepta, la Secretaria General de la Interpol envía una alerta a todos sus países miembros.

El abogado Alberto Huapaya, especialista en cooperación judicial, indicó que las notificaciones rojas tienen una duración de cinco años. Esto se condice con el caso de Juan Silva, cuya detención internacional se ordenó en el 2022 y se extiende hasta el 2027.

El especialista también comentó que en caso proceda una notificación roja, la persona podría alegar o dar información a Interpol para indicar que “hay una persecución política” como información de parte.

Vladimir Padilla, por su parte, precisó que una litigación a nivel judicial contra una orden de este tipo podría presentarse ante un tribunal de Francia, país donde la Interpol tiene su sede central, o de la Unión Europea.

4. ¿Qué puede hacer un país requirente si se rechaza su solicitud?

Según informó el Poder Judicial, en el caso de Alejandro Sánchez se rechazó la notificación al considerar “que está prohibida toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial”.

Fuentes de El Comercio precisaron que se citaron argumentos vinculados a un supuesto carácter político en el caso, a pesar de que los cargos atribuidos son de corrupción y organización criminal.

Alberto Huapaya explicó que en este caso, se pueden pedir reconsideraciones con el objetivo de dar información adicional y demostrar que no hay motivación política.

“Lo conveniente es que el fiscal del caso solicite a la Oficina de Cooperación Internacional y Extradiciones del Ministerio Público, que respecto a tal caso se considera que tal persona está sujeta a una investigación que reúne todas las condiciones [para una notificación roja]. Incluso pueden ofrecer garantías de que se dará un debido proceso. Los temas de corrupción no deben considerarse políticos, por ese lado pueden fundamentar. Lo que pasa es que hay que fundamentarlo bien”, explicó.

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Para el caso específico de Sánchez Sánchez, el penalista Vladimir Padilla consideró que se debe revisar más bien “cómo tradujo el pedido desde Interpol Perú”.

“Al parecer, si la Interpol no pone la alerta internacional porque considera que este es un tema político, es porque lo que han mandado [desde Interpol Perú] tiene un tinte político [...] Interpol sí tramita pedidos nuestros. ¿Qué pasó en este caso? Interpol Perú está integrado por policías peruanos. ¿Es autónoma esa policía?”, cuestionó.

En esa línea, consideró que el caso de Sánchez Sánchez está estrictamente ligado a actos de presunta corrupción y no a un tema político.

“Corresponde a la Cancillería poder conversar con el responsable de la sede central de Interpol, explicarle y señalar nuestra preocupación sobre este tema en concreto, indicándole que somos un régimen democrático y que hay independencia del Poder Judicial”, aseveró.

5. ¿Se puede procurar una detención en otro país sin la intervención de Interpol?

El abogado Alberto Huapaya indicó que si Interpol no activa una notificación roja, esto “no invalida el procedimiento” mediante el cual un país le puede requerir a otros la detención de una persona requerida por la justicia nacional. “Se puede pedir [por la vía diplomática]. Lo que pasa es que generalmente se da vía Interpol y es más rápido”.

La ventaja de que Interpol acceda a la notificación roja, añadió, es que la persona estará automáticamente buscada en sus 195 países miembros, sin la necesidad de una mediación de país a país para solicitar una detención preventiva con fines de extradición.

“Es la vía más rápida y más cierta. Ellos apenan toman conocimiento se comunican vía radiograma, como un chat interno. No emplean la comunicación formal, la firma de uno o de otro, sino la información básica y en tiempo real”, manifestó.

Vladimir Padilla coincidió en que “podría iniciar una pedido de extradición y pedir una detención”, al margen de la participación de Interpol. “El problema es que mientras haces todo eso, esa persona [a la que requiere un Estado] se podría escapar”, advirtió.