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El Poder Judicial informó este miércoles que prolongó la prisión preventiva de Freddy Díaz hasta agosto del 2024, mientras es procesado por presunta violación sexual contra una extrabajadora suya. Sin embargo, su situación es en realidad más grave: el excongresista se enfrenta a la posibilidad de estar tras las rejas por las próximas dos décadas.
Según consta en documentos a los que accedió El Comercio, la fiscalía ha pedido una condena de 20 años de prisión para el exlegislador de Alianza Para el Progreso por el delito de violación sexual agravada. Esto luego de culminar su investigación preparatoria por este caso en septiembre y presentar la acusación penal en su contra a mediados de octubre..
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Fue como parte de ese requerimiento acusatorio que la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal también solicitó prolongar por nueve meses la prisión preventiva del acusado, con el objetivo de que siga internado en un penal mientras la acusación llega a juicio. El último martes, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema declaró fundado ese pedido.
El caso se remonta a fines de julio del 2022, cuando Freddy Díaz fue acusado de violación sexual por una trabajadora de su despacho. La Fiscalía Suprema inició una investigación preliminar en su contra, mientras que el Congreso también comenzó a tramitar una denuncia constitucional por infracción a la Constitución.
En enero del 2023, luego de un blindaje inicial, el Congreso retrocedió y aprobó destituirlo e inhabilitarlo por diez años. Por esos días, la fiscalía formalizó su investigación preparatoria y solicitó nueve meses de prisión preventiva en su contra. La medida fue rechazada en primera instancia, pero la Sala Penal Especial de la Corte Suprema sí accedió al ver la apelación. Se dispuso internarlo en el penal de Lurigancho.
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El plazo inicial de la prisión preventiva cubrió toda la fase de investigación preparatoria, que culminó el pasado 21 de septiembre. Finalmente, el 13 de octubre, la fiscalía dispuso acusar al excongresista, pedir una condena de 20 años de prisión y solicitar la ampliación de su prisión preventiva por nueve meses. Ese plazo debería cubrir la duración del eventual juicio.
La tesis de la acusación es que Freddy Díaz cometió el hecho en su propio despacho congresal el 26 de julio del 2022, con una víctima dependía de él a nivel laboral. Este es uno de los agravantes que prevé el Código Penal para el delito de violación: “Si mantiene una relación proveniente de un contrato de locación de servicios, o de una relación laboral con la víctima”.
Freddy Díaz en el Congreso antes de su destitución Fotos: jorge.cerdan/@photo.gec
Durante su investigación, la fiscalía recolectó la declaración de 19 personas, entre peritos y testigos. También se recabaron 39 documentos. Estos incluyen las pericias y exámenes médicos que, para el Ministerio Público, acreditan el delito. Adicionalmente, de cara al futuro juicio, el acusado y la defensa de la denunciante podrán presentar sus propias pruebas, peritajes y testigos.
Para prolongar la prisión preventiva del excongresista, el Poder Judicial tomó en cuenta que hubo una “especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso”, lo que no se debía a algún defecto o falla de la fiscalía. Por otro lado, consideró que persistía un riesgo de que el procesado fugue en caso quede en libertad o de que obstaculice el proceso judicial.
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El juzgado indicó que el hecho de que Freddy Díaz entregue un dinero a su madre no acreditaba que tenga un arraigo familiar´. Además, advirtió que al verificarse la dirección de su supuesto trabajo en una ferretería, se descubrió que en el lugar realmente funcionaba una guardería cuyo representante dijo no conocerlo.
También se consideró que habría ocultado evidencias, que habría recurrido a un intermediario para intentar que se retire la denuncia en su contra y que su expareja declaró que él mismo la llamó para pedirle que mienta a la prensa en caso la contacten. “Se incrementa el peligrosismo procesal por cuanto se advierten circunstancias de peligro de obstaculización que no fueron advertidas al momento de imponerse la prisión preventiva”, resolvió el juzgado.
Por ello se accedió a prolongar la prisión preventiva por nueve meses, hasta el 19 de agosto del 2024. Ese plazo sería suficiente para “el desarrollo de diferentes etapas del proceso, como las sesiones del control preliminar de acusación (etapa intermedia) y, de ser el caso, el juicio oral a nivel de primera instancia”.
Freddy Díaz se entregó días después de dictarse la prisión preventiva en su contra.
La decisión puede ser apelada por la defensa de Freddy Díaz. No obstante, el exlegislador por ahora seguirá internado en penal de Lurigancho como mínimo hasta agosto del 2024, al margen de que en ese plazo ya se pueda tener la condena de 20 años de prisión que busca la fiscalía.
Juicio podría empezar en los primeros meses del 2024
Raiza Arroyo, abogada de la denunciante, comentó a El Comercio que un aspecto clave para que la fiscalía acuse al exlegislador es la pericia que determinó que su defendida padece de estrés postraumático y debe seguir un tratamiento. “El daño es gravísimo en esta situación. No es algo que solo señalen los peritos de parte que hemos presentado, sino el propio Instituto de Medicina Legal, los expertos para poder diagnosticar la existencia de daño”.
La abogada también destacó que en la prolongación de la prisión preventiva, la jueza determinó que “concluida la etapa de investigación, no hay ninguna prueba que desvirtúe lo señalado por la agraviada”. “En principio, con eso sería suficiente para llegar a una sentencia [,,,] Lo único que la otra parte ha presentado son informes de peritos que son bastante cuestionables. No existe nada que desvirtue lo que ella dicho y eso es lo que se va a ver en el juicio”.
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El juzgado aún debe notificar formalmente la acusación a las partes para que puedan presentar sus observaciones en un plazo de diez días. Tras esto, citará a una audiencia de control de acusación para verificar que se cumplen todo los requisitos para que el caso vaya a juicio, el cual estaría a cargo de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. “No creo que esta etapa de control dure más de mes y medio [...] El juicio debería empezar en febrero, marzo”, estimó la abogada.
A lo largo del proceso, Freddy Díaz y su defensa han rechazado haber cometido la violación sexual. El Comercio envió mensajes y llamó al abogado del exlegislador para conocer si apelará la prolongación de la prisión preventiva, así como su postura frente a la acusación. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.
