Graña y Montero, hoy AENZA, deberá pagar S/480 millones de reparación civil tras suscribir acuerdo de colaboración eficaz

El Equipo Especial del Ministerio Público y la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato suscribieron este viernes un acuerdo preparatorio de colaboración eficaz con la empresa AENZA, la que reconoce que la antigua empresa Graña y Montero, así como seis de sus exejecutivos, cometieron delitos de corrupción en 16 proyectos de infraestructura.

A través del convenio firmado este viernes en la sede del la fiscalía, reconocieron responsabilidad penal en obras como el Gasoducto Sur Peruano, la Carretera IIRSA Norte, la Vía Expresa Sur de Lima, la Línea 1 del Metro de Lima y la Carretera IIRSA Sur, tramos 2 y 3.

En el acuerdo, AENZA también reconoce que las empresas participaron en los procesos de selección o concursos públicos de 48 obras, para dar la apariencia de competencia en el denominado “Club de la Construcción”.

Con la firma de este convenio, AENZA se compromete a pagar al Estado peruano aproximadamente S/ 480 millones de reparación civil por los daños ocasionados en los 16 proyectos y por la simulación de competencia en los concursos públicos de las otras 48 obras en los que participó. La cifra incluye intereses legales y será pagada en 12 años, según precisó la procuraduría ad hoc. La cuota inicial será de S/ 14 millones.

En conversación con este Diario, la procuradora ad hoc del Caso Lava Jato Silvana Carrión sostuvo que este es “un logro bien importante” porque se trata de una empresa peruana y grande en el sector construcción y por el monto acordado. “Es importante respecto a las investigaciones penales y vale rescatar que además de este acuerdo hubo entendimientos colaterales para que la compañía desista de controversias con otras entidades del Estado”, indicó.

“Ese ha sido un trabajo bien arduo de coordinación con las procuradurías de cada sector, canalizado con la Procuraduría General del Estado. Trabajando de la mano con las procuradurías de Lima y Cusco en la mesa de negociacion se ha logrado estos desestimientos de la compañía en esas otras controversias, que creo que esto también hace que el acuerdo sea importante”, añadió Carrión. El acuerdo final se firmará dentro de los próximos 60 días y será presentado al Poder Judicial para su aprobación.

Como consecuencia de las negociaciones para arribar a este acuerdo, la procuraduría informó que la empresa ha desistido de dos arbitrajes entablados contra el Gobierno Regional de Cusco y ha renunciado a cobrar cualquier concepto en el marco de la terminación del contrato de concesión de la Vía Expresa Sur, suscrito con la Municipalidad Metropolitana de Lima. Ello se suma a su desistimiento de la solicitud de arbitraje que la empresa presentó ante el CIADI por el Gasoducto Sur Peruano, por un monto equivalente a S/ 700 millones de soles o US$ 250 millones.

Carrión precisó que si bien existe otro proceso de colaboración eficaz paralelo que aún no ha sido cerrado con José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña, este tiene relación porque la compañía ha alcanzado información y documentos de los hechos ilícitos que también han sido reconocidos por los exdirectivos. “Lo que han hecho ellos es poner a disposicion de la fiscalía a los otros ejecutivos (seis) que también formaron parte de la trama delictiva. José Graña y Hernando Graña han sido las cabezas pero han ejecutado todo a través de ejecutivos de mando medio. Ellos han contado cómo se han producido esos ilícitos y cómo recibieron estas instrucciones y la compañía ha brindado el material documentario para poder acreditar y sostener esos dichos ¿Tiene relación con lo que han dicho los Graña? Sí, de todas maneras. Es lo mismo”, remarcó.

La defensa legal añadió que está avanzando “en paralelo” el tema de la reparación civil en el proceso de colaboración eficaz en el que están los Graña. “Todavía no acuerdo final. Todavía no hemos llegado a un acuerdo sobre el monto”, dijo.

Respuesta de la empresa

“Mediante el Acuerdo, Aenza S.A.A reconoce que fue usada por algunos de sus exdirectivos para la comisión de hechos ilícitos hasta el 2016 y se compromete, en consecuencia, al pago de una reparación civil al Estado por S/. 321´916,404.60 y US$40,723,725.00 sujeta a un plazo de pago de 12 años y garantizada por un fideicomiso de garantía, una hipoteca de primer rango y una cuenta de reserva por un monto equivalente a la cuota a pagar en el siguiente año”, señaló el gerente general Luis Francisco Díaz Olivero en el hecho de importancia emitido hoy a la Superintendencia del Mercado de Valores.

“La vigencia del Acuerdo está sujeta a homologación judicial y sus términos y condiciones específicos están sujetos a reserva. Aenza S.A.A se encuentra evaluando los complementos a su Plan Financiero aprobado el 2 de Noviembre del 2020 para afrontar el monto final acordado de la reparación Civil”, agregó.

Asimismo a través de un comunicado, AENZA señaló que “ha aceptado” la reparación civil determinar y pagar “por los delitos cometidos por exejecutivos que ya no son parte de la empresa”. “Ha sido un proceso duro, pero finalmente se ha logrado cerrar. Ahora vamos a poder reparar civilmente al Estado y así hacer frente a la responsabilidad moral que tenemos como empresa por los actos de corrupción que cometieron los exdirectivos. El monto final es mucho más alto de lo que provisionamos en nuestros estados financieros y supondrá que realicemos una reestructuración financiera importante. Sin embargo, haber cerrado el acuerdo nos da oxígeno para mirar al futuro y salvaguardar el empleo de nuestros más de 18,000 colaboradores”, indicó Christian Laub, presidente del directorio de AENZA.

En diálogo con El Comercio, Jorge Massa, abogado del exdirectivo de la empresa José Graña Miró Quesada, quien también está en otro proceso de colaboración eficaz, señaló que “es positivo” que la hoy AENZA haya llegado a un acuerdo y con una suma “importantísima”. “Si la empresa está llegando a un acuerdo sobre su colaboración indica que hay cosas que son valiosas que igualmente las está aportando mi patrocinado. Además, es accionista de la empresa. Parte de lo que se está pagando corresponde a sus acciones”, señaló.

Massa indicó que el acuerdo de colaboración eficaz entre José Graña y la fiscalía está en etapa de corroboración con la información que ha entregado y que es “casi lo mismo” a lo que ha reconocido la empresa respecto a la responsabilidad penal en los proyectos. “Eso (el acuerdo) lo debemos estar cerrando en las próximas semanas”, agregó.

Respecto al pedido fiscal de impedimento de salida del país contra José Graña, que está siendo evaluado por el juez Richard Concepción Carhuancho, la defensa legal señaló que estas medidas son “reiterativas” y que dentro del acuerdo de colaboración eficaz “obviamente implica” llevar ciertas reglas de conducta”.

“Francamente que le pidan a mi patrocinado medidas de coerción es un poco sin sentido porque es colaborador. Todo el mundo sabe porque ya reveló su identidad. No tiene sentido pedirlas porque es quien más está colaborando con los procesos”, concluyó.

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