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A los 83 implicados que detectó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que serían parte de la red delictiva que lidera el empresario Rodolfo Orellana, hoy prófugo de la justicia, ahora se suman 10 jueces que también integrarían este grupo criminal.
"Estamos frente a una de las organizaciones criminales más tecnificadas y peligrosas que se han detectado en el país y que, pese a que las denuncias contra sus integrantes datan de tiempo atrás, han gozado de un irregular manto de impunidad", señala el informe de la Procuraduría Anticorrupción remitido ayer a la Fiscalía de la Nación.
Estos magistrados, según la procuraduría, son: María Jesus Carrasco Matuda (Lima), Felix Fernando Cáceres Casanova (Chincha), Héctor Bendezu Cuellar (Lima), Francisco Boza Olivari (Ucayali), Hermes Meneses Torres (Chincha), Juan Changanaqui Romero (Lima), Ricardo Castro Belapatiño (Yarinacocha), Jorge Reátegui Pisco (Atalaya).
Del mismo modo, el juez del Juzgado de Campo Verde, el juez del Juzgado Civil de Coronel Portillo y el Juez del 4° Juzgado Civil de la Corte Superior del Santa formarían parte de esta asociación delictiva. Todos ellos habrían incurrido en los presuntos delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo propio y encubrimiento personal.
Ayer, durante su intervención en la Comisión Orellana, el empresario Giovanni Paredes sindicó a los jueces María Carrasco, Félix Cáceres, Juan Changanaqui y Héctor Bendezu de haber trabajado junto con Orellana a fin de despojarlo de su propiedad, el camal de Yerbatero, en el 2009.
La procuraduría afirma que los mencionados magistrados habrían ayudado a Orellana para que éste se apropie de manera irregular de terrenos y propiedades, despojando a los verdaderos propietarios. "Existiría una organización criminal dedicada a apoderarse de inmuebles y créditos sobre inmuebles y a lavar activos ilícitos".
EL ROL DE BENÍTEZ
La investigación también señala que el congresista Heriberto Benítez sería parte de la cúpula de esta red criminal. De hecho, el informe sostiene que él habría sido el nexo entre esta organización y el Estado, aprovechándose de sus contactos políticos.
"Benítez habría sido el encargado de relacionar a la organización criminal con funcionarios públicos, a fin de permitir el ingreso de la persona jurídica Coopex como otorgante de cartas fianzas a empresas que postulan en licitaciones de obras publicas", dice el informe enviado a Ramos Heredia.
Asimismo, se indica que Benítez utilizó la ONG Ucona, organización que fundó con Orellana y el abogado Benedicto Jiménez, para presentar denuncias contra "los agraviados denunciantes y autoridades que investigaban a esta organización criminal, con la finalidad de hostigarlas y neutralizarlas"
Junto a Benítez, la hermana de Orellana, Ludiht Orellana, y su abogado Benedicto Jiménez, formarían parte de la cúpula de esta organización. Por ello, la procuraduría pide que el fiscal de la Nación los investigue.
REGISTRADORES PÚBLICOS
Otro grupo importante de funcionarios públicos que colaboró con la red de Orellana, y que también habrían incurrido en los presuntos delitos de asociación ilícita, cohecho y encubrimiento, son al menos cinco registradores públicos.
Según la procuraduría, Pedro Raúl Guzmán Molina, Adriana Delgado Angulo, María Zaplana Briceño, Douglas Arámbulo Carreño y Aléx Trujillo Claros trabajaron junto a Orellana en estos actos delictivos.
