Patricia Benavides acudió ayer a la sede de la Dinoes para tomar la declaración de Pedro Castillo. Según pudo conocer El Comercio, el investigado guardó silencio.
Patricia Benavides acudió ayer a la sede de la Dinoes para tomar la declaración de Pedro Castillo. Según pudo conocer El Comercio, el investigado guardó silencio.
Víctor Reyes Parra

El Ministerio Público está investigando una versión según la cual el presidente presuntamente ordenó detener a la fiscal de la Nación, , luego del golpe de Estado anunciado el miércoles 7 de diciembre.

Esta línea de investigación, según fuentes de El Comercio, forma parte de las pesquisas seguidas por la Fiscalía de la Nación contra el expresidente por la presunta comisión del delito de rebelión, sancionable hasta con 20 años de prisión.

Las fuentes indicaron que la versión que se maneja es que Castillo habría dado esta orden para que se ejecutara a través de la (DINI).

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Como parte de su discurso, Castillo no solo anunció su intención de cerrar el y gobernar mediante decretos leyes, sino que declaró “en reorganización el sistema nacional de justicia”. Allí se incluyó al , el Ministerio Público, el y la Junta Nacional de Justicia.

Pese a esto, en las sedes de estos organismos no se registró actividad que diera cuenta de una intervención de la policía o las Fuerzas Armadas. Al contrario, ambas instituciones afirmaron en un comunicado que no iban a acatar ningún quiebre del orden constitucional.

Poco después de este anuncio, la policía detuvo a Castillo por presunta rebelión y el Congreso cerró la votación en la que aprobó la vacancia presidencial.

Benavides acudió luego a la sede policial a la que fue llevado Castillo para encabezar las diligencias por su detención y le abrió la indagación preliminar por presunta rebelión y, alternativamente, conspiración.

El Ministerio Público también presentó ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema un requerimiento de detención judicial en caso de flagrancia. El juez Juan Carlos Checkley convocó una audiencia virtual para evaluar el requerimiento. La sesión fue ayer desde las 10:00 a.m.

Otros implicados

En la audiencia, el fiscal adjunto supremo Marco Huamán solicitó siete días de detención preliminar. El pedido se fundamentó en la necesidad de asegurar que Castillo no obstaculice las pesquisas y no fugue del país.

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El fiscal detalló que las imputaciones se desprenden de su mensaje a la nación, en el que actuó “vulnerando flagrantemente” la Constitución y sin fundamento legal.

También remarcó que el exmandatario fue intervenido por la policía cuando iba hacia la Embajada de México “con el fin de asilarse y poder fugar del país”.

Huamán detalló que la fiscalía realizará diligencias urgentes para asegurar las posibles evidencias y la “individualización” de los involucrados. “Todo esto para determinar si el fiscal formaliza o no investigación preparatoria”, dijo. Con la investigación formalizada, se avanza a una fase en la que se podría solicitar prisión preventiva.

En otro momento, advirtió que en este caso “estarían involucrados otros altos funcionarios públicos, cuya identidad urge establecer”.

“[Castillo] contaría con funcionarios de su entera confianza que lo habrían acompañado en estos hechos criminosos que se le imputan [...] tanto en diversas altas esferas del Estado como incluso en el propio Congreso. Estando en libertad, podría comunicarse con estas personas, a fin de que oculte y/o destruya elementos de convicción”, aseguró.

A su turno, el nuevo defensor legal de Pedro Castillo, Víctor Pérez Liendo, alegó que no se podía hablar del delito de rebelión, ya que este requiere un levantamiento en armas y que esto no ocurrió porque el anuncio de Castillo no derivó en violencia. El abogado citó como ejemplos el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992 y el ‘andahuaylazo’ de Antauro Humala en el 2005.

Así, afirmó que si no se configura el delito, la detención en flagrancia fue arbitraria: “¿Cómo puede haber peligro de fuga en relación con hechos que no configuran los delitos imputados? ¿Cómo puede una persona querer fugar cuando no ha cometido los presuntos delitos?”.

También participó un abogado de la Procuraduría General, quien alegó que sí se configura delito de rebelión a partir de lo dicho por Castillo sobre el toque de queda y la invocación a la policía y las FF.AA. a “dedicar todos sus esfuerzos” para apoyar sus anuncios. “Quien las invoca no es cualquier ciudadano. Se trataba de quien encarnaba al jefe supremo de las FF.AA. El señor Pedro Castillo pretendió hacer uso de las FF.AA., a través de un mensaje a la nación, para asegurar el resultado de esta actividad ilícita de rebelión”, manifestó.

El juez luego hizo preguntas a Castillo sobre el respeto a sus derechos durante su detención. El expresidente le dio la palabra entonces a su otro abogado, Aníbal Torres, quien respondió que sí. Finalmente, cuando se le preguntó si quería agregar algo, Castillo respondió: “Es todo”.

Seguirá detenido

Horas después, Checkley declaró la legalidad de la detención en flagrancia de Castillo y ordenó su detención preliminar hasta el martes 13 de diciembre. En su resolución, indicó que Castillo cometió una “manifiesta violación” de la Constitución con su anuncio del cierre del Congreso y la “reorganización” del sistema de justicia.

“[El mensaje de Castillo evidenció] su proceder orientado a desconocer el principio constitucional de separación de poderes [...] persiguiendo acumular, en un único poder del Estado –el Ejecutivo– y bajo su mando, todas las atribuciones y facultades constitucionales, disponiendo que gobernará mediante decretos ley”, estimó el magistrado.

Así, concluyó que “ninguna persona –ni siquiera el presidente de la República en funciones–, ni organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio del poder del Estado, y hacerlo constituye rebelión o sedición”.

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Mientras se esperaba conocer la decisión del juez, el embajador mexicano Pablo Monroy acudió a la sede de la Dinoes, donde Castillo sigue detenido.

Horas después, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, informó que el expresidente ratificó su pedido de asilo a su país, el cual fue manifestado inicialmente mediante una carta enviada por la madrugada.

En ese documento, firmado por Pérez Liendo, se solicitó asilo a nombre de Castillo “frente a la persecución infundada de órganos de justicia” y “en resguardo a su vida e integridad”.

Imposibilidad

El abogado Daniel Huamán comentó a El Comercio que no se puede dar asilo a una persona detenida, como es el caso de Castillo.

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