Janet Tello es elegida presidenta del Poder Judicial: Esta es su trayectoria y los retos que le esperan

Los 18 jueces supremos titulares eligieron este jueves a la magistrada Janet Tello como sucesora de Javier Arévalo Vela al frente del Poder Judicial para el período 2025-2026.

Fuentes de El Comercio detallaron que Tello logró la victoria en la primera vuelta, al obtener 10 votos. De esta manera se impuso a los otros dos postulantes: los jueces supremos Carlos Arias Lazarte y Manuel Luján Tupez.

En un breve discurso, la nueva presidenta del Poder Judicial dijo que asume el compromiso de que la institución, que liderará a partir del 2 de enero, brinde el servicio de justicia “a favor de todas las personas sin ninguna discriminación”, así como colocar a la Corte Suprema “en equivalencia constitucional” con el Ejecutivo y el Congreso.

También remarcó que tendrá una política de “puertas abiertas para el diálogo con la comunidad” y para trabajar articuladamente con los otros poderes del estado para “sacar adelante al país”.

“Quiero agradecer a los señores colegas que han votado por mí, estoy segura que no los defraudaré, este es un puesto de honor”, expresó.

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Tello tiene cerca de 30 años como integrante del Poder Judicial. Fue jueza superior entre enero de 1996 y enero del 2013. Ese mes, fue nombrada y asumió como jueza suprema titular. Esto la hizo la candidata con más tiempo como parte de la Corte Suprema. Los otros dos postulantes fueron los jueces supremos Carlos Arias Lazarte y Manuel Luján Tupez.

En una entrevista a RPP Noticias, la jueza suprema afirmó que la postura de su administración será “la defensa de la independencia” del Poder Judicial como una entidad “que es pilar de la democracia”, al ser consultada sobre el dictamen de la Comisión de Justicia del Parlamento que busca restringir que los jueces apliquen el control difuso.

“No es tan sencillo decir ‘ahora usted no va a hacer tal o cual cosa’, tenemos mandatos constitucionales que cumplir”, manifestó.

Tello subrayó que tomarán las propuestas del Congreso “con mucha calma” y dijo que los congresistas tienen el deber de escuchar las voces de los magistrados, cuando debatan proyectos que tengan incidencia en su labor.

Además, se pronunció en contra de restablecer la pena de muerte para los delitos graves, como lo planteó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana.

“No estaría de acuerdo, el Perú ha firmado acuerdos internacionales. Respeto al ministro de Justicia, estoy segura que en los diálogos que vamos a sostener, él va a analizar [esta iniciativa] de mejor manera”, remarcó.

Respecto a las críticas hechas desde el Ejecutivo y el Congreso al sistema de administración de justicia, Tello dijo que las va a analizar y “si es que hay que corregir errores o aclarar situaciones”, se hará.

Según la última encuesta de Datum para El Comercio, el 77% no confía en el trabajo de los jueces, mientras que 19% sí confía.

Entre las razones del 77% que no confía en los magistrados figuran las siguientes razones: son corruptos, reciben dinero de los delincuentes (68%), son incapaces, no hacen bien su trabajo y no están preparados (14%) y dejan libres a los delincuentes (8%), entre otros.

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Al respecto, Juan Jiménez Mayor-ex jefe de Gabinete Ministerial y exministro de Justicia y Derechos Humanos- consideró que el principal reto de la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia “es velar por la independencia” de su institución, a fin de que ningún otro poder o fuerza política, económica o de otra índole se entrometa en el accionar de los jueces en todos sus niveles.

El ex alto funcionario hizo referencia a los enfrentamientos que han tenido el Poder Judicial y el Congreso en los últimos años.

“La coyuntura enfatiza este deber, el gobierno judicial, por principio, debe estar enfocado en garantizar la independencia. Además, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial debe velar por el adecuado funcionamiento de la justicia, que esta sea oportuna y que tenga niveles de eficiencia”, manifestó en comunicación con El Comercio.

Jiménez Mayor remarcó que el sistema de justicia tiene pendiente 5,2 millones de causas por resolver.

“La carga es muy fuerte y el nuevo titular de la Corte Suprema debe buscar resolver las quejas de los usuarios por la demora en los procesos, que no solo corresponder al Poder Judicial, sino donde también tiene implicancia el Ministerio Público, es un trabajo que debe ejecutarse en conjunto”, expresó.

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El ex primer ministro también subrayó que otro de los retos que tiene la sucesora de Arévalo es coordinar con la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para reducir el número de jueces provisionales.

“En el sistema de jueces, los provisionales son el 56%, son cifras muy parecidas a las de la década de 1990. Este problema no se ha resuelto en el Perú, es un tema pendiente, es un reto que el nuevo presidente del Poder Judicial debe afrontar. Y ese escenario se agrava en el Corte Suprema, donde, al menos, hay 56 jueces supremos provisionales”, refirió.

Recuperar la imagen y velar por el control difuso

El expresidente del Tribunal Constitucional y exministro de Justicia Víctor García Toma afirmó que la nueva titular del Poder Judicial debe priorizar, en el primer tramo de su administración, recuperar la imagen de su institución “en lo que se refiere a su responsabilidad de administrar justicia con imparcialidad y prontitud”.

“La nueva presidenta del Poder Judicial debe acentuar su gestión en bajar la carga procesal y mejorar la calidad de las sentencias, así como reforzar la lucha abierta en contra de la corrupción. Además, que la ciudadanía sienta que el sistema de justicia está comprometido con sus intereses, especialmente en la lucha contra la inseguridad”, sostuvo.

García Toma, además, refirió que la Corte Suprema debe realizar una defensa del control difuso que puedan realizar todos los jueces respecto a normas que consideren inconstitucionales. Esto debido a la existencia de un predictamen en la Comisión de Justicia del Parlamento, dirigida por Perú Libre, que busca suprimir esta facultad de los magistrados.

“El control difuso está en la Constitución, debe existir y es necesario”, señaló.

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No obstante, el exministro de Justicia indicó que el Poder Judicial debe “reconocer” que ciertos jueces han hecho “un abuso político” al dictar medidas cautelares, como cuando impidió que el Colegio de Abogados de Lima (CAL) elija a su representante ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), lo que impidió que el tribunal electoral esté completo y que permitió que su anterior titular tenga voto dirimente.

“También hubo medidas cautelares sobre la JNJ y que la Corte Suprema ha corregido recién, ha habido continuas interferencias a las facultades del Congreso. El Poder Judicial debe hacer un reconocimiento de que hubo un mal uso de estos recursos”, acotó.

La legitimidad y reducir juicios por alimentos

El abogado penalista Enrique Ghersi dijo que el desafío más grande de Tello “es recuperar la legitimidad” de ese poder del Estado. “Vivimos en un país con leyes draconianas, que nadie cumple, porque el 80% de nuestra sociedad está en el sector informal”, complementó.

En diálogo con El Comercio, Ghersi recordó que el Poder Judicial tiene la facultad de proponer leyes al Congreso sobre la administración de justicia. Agregó que el acceso a este derecho para el ciudadano de pie “es caro y lento”.

“Las empresas se han refugiado en el arbitraje, el Poder Judicial solo ve casos socialmente relevantes y no tiene una respuesta adecuada a la demanda popular. La mayor parte de los juicios son por alimentos, no estamos hablando de una complejidad jurídica, hay algunos países donde la pensión se establece mediante una tabla. No debería haber una acumulación tan grande”, manifestó.

“El Poder Judicial en coordinación con el Congreso podría proponer una legislación donde las demandas por alimentos se puedan resolver en una sola audiencia, sin embargo, hoy estas causas demorar siete u ocho años en algunos casos”, añadió.

Ghersi dijo que está en contra del dictamen de la Comisión de Justicia del Congreso, que busca que los jueces ya no tengan la facultad de ejercer el “control difuso”.

“No estoy de acuerdo con ese dictamen, es absolutamente impráctico, los jueces deben tener la facultad de control difuso, no veo por qué se la vayan a quitar, el proyecto del Congreso tiene un origen político dada cuenta que el Parlamento aprobó leyes [entre ellas la que modifica la de crimen organizado] que los jueces no aplican”, mencionó.

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El exdiputado sostuvo que otro reto de Tello es brindar una propuesta técnica para la reorganización del sistema de justicia, que un sector del Congreso pretende impulsar.

“Es indispensable que quien presida el Poder Judicial tenga un espíritu de autocrítica y esté abierto al debate y tenga predisposición para cambiar, porque es lo que el país espera”, finalizó.

Además…

La trayectoria de Janet Tello

Janet Tello es una abogada arequipeña de 62 años. Según los registros de Sunedu, estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), donde hizo licenciatura y maestría, y donde es docente de posgrado. Además, tiene un doctorado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

En la actualidad preside la Primera Sala de Derecho Constitucional y Constitucional Transitoria de la Corte Suprema.

Tello también es titular de la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. Además, fue parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Consejo Consultivo del Centro de Investigaciones Judiciales, Comisión de Integridad Judicial, y la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena.

Es asociada fundadora de la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (Jusdem) y asociada presidenta de la Asociación Peruana de Mujeres Jueces. Hija de un coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP) en retiro, Janet Tello también es madre del futbolista Adrián Ugarriza, de pasado en clubes como Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal.

Recientemente, fue una de las magistradas que pidió al saliente presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, que convoque a una Sala Plena de la Corte Suprema para analiza los proyecto de ley del Congreso que podrían afectar la independencia judicial y el sistema de administración de justicia.

El año pasado, también fue una de los jueces supremos que pidieron una sala plena para evaluar si emitían un pronunciamiento a raíz de la polémica destitución de la fiscal suprema Zoraida Ávalos por parte del Congreso, decisión que luego sería anulada por la justicia constitucional. Por entonces, los supremos acordaron, por mayoría, no pronunciarse.

Ello llevó a que la Comisión de Justicia del Congreso la cite como parte de su “investigación sumaria” a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Allí, la jueza defendió el derecho a la libertad de expresión de los jueces, ante los cuestionamientos que le hizo el legislador Alejandro Muñante (Renovación Popular). (Por Víctor Reyes P.)

Más información

A la par de la designación del nuevo presidente del Poder Judicial, también se realizó la elección de los titulares de 34 cortes superiores a nivel nacional.

Por ejemplo, la sala plena de la Corte Superior de Justicia del Callao eligió como su presidente al juez superior Miguel Castañeda Moya para los próximos dos años.

Según informó “Cuarto Poder”, Castañeda Moya registra un audio con Walter Ríos, condenado expresidente de la Corte Superior del Callao por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto. En la grabación, de mayo de 2018, el juez superior le pide a Ríos aprobar la contratación de Sarita Cobeñas Córdova como su nueva asistente.

La OCMA concluyó que no hubo ninguna falta administrativa, al referir que se trató de una solicitud válida para cubrir una plaza.