JNJ: Comisión especial defiende bonificación otorgada al puntaje de Marco Falconí

La comisión especial encargada del concurso público de méritos para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) emitió este sábado un comunicado a través del cual defiende su decisión, por mayoría de sus integrantes, de haber otorgado una bonificación de 10% de puntos a Marco Falconí en la entrevista personal que este dio durante el concurso en el que fue elegido miembro de la JNJ.

Esa asignación adicional que se otorgó a Falconí por su condición de licenciado de las Fuerzas Armadas ha sido cuestionada porque supuestamente no le correspondería. Es más, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, intengrante de la comisión especial, estuvo en contra del otorgamiento de tal bono. Así lo expresó en su voto discordante, en el que señala que ese beneficio no le corresponde. La magistrada votó para que el excongresista arequipeño sea declarado no apto.

Sin ese 10% adicional que le otorgó la comisión durante la evaluación, el puntaje de Marco Falconí bajaría de 81.5 a 78.5 puntos, con lo cual se desplazaría del puesto 5 al 10; es decir, ya no sería titular de la JNJ, sino tercer suplente.

La comisión especial dice en su comunicado que durante la etapa de evaluación curricular el entonces postulante Falconí declaró tener la condición de licenciado de las Fuerza Armadas y para demostrarlo presentó los certificados del Ministerio de Defensa con los que acreditaba instrucción militar, mediante la realización del servicio militar durante dos año entre abril de 1973 y diciembre de 1975 y haber sido dado de baja por casual de tiempo cumplido.

Cabe anotar que Falconí estudió en el colegio militar Francisco Bolognesi, en Arequipa, entre 1973 y 1975. Es miembro de la XXII Promoción y egresó con el grado de sargento segundo para fines de llamamiento de la reserva en caso de una movilización nacional.

En el documento de la comisión especial se acota que la norma que bonifica con puntos a los miembros de las Fuerzas Armadas es el Decreto Ley 20788 que señala en su artículo 59 que “el personal dado de baja por tiempo cumplido se denomina licenciado”. Asimismo, dice que la segunda disposición transitoria de la misma norma indica que “serán considerados como que han presentado servicio en el Activo a los egresados de los Colegios Militares y los alumnos que hayan ingresado hasta el año 1974”. La JNJ recalca que Falconí en 1975 obtuvo la condición de licenciado con la ley vigente en ese momento.

La comisión añade en su comunicado que en consideración de la adecuada aplicación de la ley en el tiempo, estima que la norma aplicable es la vigente en el momento en que el postulante obtiene la condición de licenciado. “La aplicación de una norma posterior a una condición obtenida concretamente en 1975 significaría una aplicación retroactiva de la ley, contraviniendo derechos constitucionales”, se lee en el documento.

La comisión especial dice que esa interpretación suya también encuentra respaldo en la sexta disposición complementaria de la ley actual (Ley 29248) que dice que la Libreta Militar entregada con anterioridad a la vigencia de la ley mantiene sus efectos legales. A su vez, el artículo 29 de esa ley señala que la Libreta Militar se otorga a quienes hayan prestado el servicio militar y que su uso es obligatorio para los beneficios del artículo 61 que otorga el 10%.

La comisión especial precisa que con base a dichos argumentos jurídicos y los certificados del Ministerio de Defensa otorgó el porcentaje previsto en las bases del concurso.

Finalmente, la mayoría de los integrantes de la Comisión Especial reitera a la ciudadanía que el concurso de méritos para la elección de los miembros de la JNJ “ha sido desarrollado con apego irrestricto a las leyes y normas vigentes, respetando los derechos de los postulantes”.

Marco Falconí, así como los otros seis miembros titulares elegidos por la comisión especial, jurarán este lunes como integrantes de la JNJ, la cual reemplazará al desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura y tendrá como función nombrar y destituir a los jueces y fiscales de todo el país.