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En un plazo de 180 días, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) revisará 2.299 casos resueltos por el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) entre el 2015 y el 2018. Así lo estableció en su plan de trabajo.
De ese total, 1.411 casos son sobre selección y nombramiento de jueces y fiscales, 746 sobre evaluación y ratificación y 142 sobre procesos disciplinarios.
En 15 días, la JNJ planea aprobar un marco reglamentario y criterios de priorización para revisar todos esos casos. Los criterios de priorización le permitirán decidir grados de urgencia e importancia.
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El presidente de la JNJ, Aldo Vásquez, adelantó en entrevista con El Comercio la semana pasada que la Junta identificará en primer lugar los casos con graves indicios de irregularidades.
“En aquellos supuestos donde hay graves indicios de irregularidades es donde nosotros tenemos que tener, por supuesto, una mirada mucho más exhaustiva, porque podría suponer la nulidad de las decisiones que se adoptaron en el extinto CNM”, explicó al ser consultado si priorizarán la situación del exfiscal de la Nación Pedro Chávarry, quien fue ratificado como fiscal supremo por el ex CNM en el 2018.
El Comercio dio cuenta el año pasado que un informe de la Contraloría General de la República concluyó que la “ratificación de oficio” de Chávarry se realizó “indebidamente” por el ex CNM. Según el documento, la decisión habría producido que Chávarry obtenga beneficios y pagos remunerativos que no le corresponden.
El plan de trabajo también contempla el diseño de una herramienta que permita “la interconexión” con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y los procesos constitucionales de la JNJ. La herramienta será aplicada en los procesos de selección, ratificación y procesos disciplinarios de jueces y fiscales.
Por otro lado, en un plazo de 60 días, la JNJ planea formular una propuesta legislativa sobre la obligación de sus miembros de informar al Congreso de la República o a la fiscalía de la Nación, según corresponda, sobre situaciones o conductas de personas y autoridades que puedan perturbar, influir o generar presión sobre sus funciones.
