El abogado Antonio de la Haza juró el último lunes como nuevo presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), entidad que nombra, ratifica y sanciona a jueces y fiscales de todos los niveles, y designa a los jefes de ONPE y Reniec. En su discurso de asunción, hizo referencia al conflicto que su institución mantiene con un sector del Congreso.
“Que nadie dude de nuestra determinación de mantenernos firmes en la defensa de la institucionalidad de la JNJ, y con ella, de la institucionalidad democrática del país”, enfatizó De La Haza.
Consideró que el Perú, dos siglos después de las batallas de Junín y Ayacucho (que sellaron la independencia del país), deberá “afirmar una y otra vez su vocación democrática y constitucional”, así como “su rechazo a toda forma de autoritarismo”.
“Ello supone la defensa inequívoca de la separación de poderes, única garantía de vigencia plena del sistema democrático y del estado de derecho”, remarcó.
También subrayó que la JNJ es, en la actualidad, el “garante de la independencia de jueces y fiscales”, así como de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Reniec. “De allí la relevancia de su función constitucional y la importancia de garantizar su más plena autonomía en el ejercicio de sus funciones”, complementó.
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De la Haza recordó que durante el último año, el organismo “ha debido defender con entereza esa misma autonomía” y para ello han usado “todos los medios legítimos a nuestro alcance”, en clara referencia a la investigación sumaria que realizó la Comisión de Justicia del Parlamento y cuyo informe final (tras ser cambiado) proponía la destitución de los miembros del colegiado.
Este documento no llegó a debatirse en el pleno, luego de que el Poder Judicial ordenara al Congreso a paralizar este proceso.
A la ceremonia de asunción del nuevo titular de la Junta Nacional de Justicia asistieron el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana; el fiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena; el contralor Nelson Shack, y el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, entre otros.
Por parte del Parlamento no asistió su titular, Alejandro Soto, ni ninguno de sus tres vicepresidentes en representación de ese poder del Estado.
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La JNJ invitó a Arévalo a sentarse junto a ellos al frente del auditorio en un guiño en la defensa del sistema de justicia.
Precisamente, el también presidente de la Corte Suprema de Justicia había expresado su preocupación por la moción multipartidaria en el Congreso que pretende crear una comisión de alto nivel para reformar el sistema de administración de justicia, así como por un proyecto de ley del legislador Roberto Chiabra (APP).
El presidente del Poder Judicial (centro) estuvo al frente del auditorio durante ceremonia en la JNJ. (Foto: Jorge Cerdán | GEC)
Esta iniciativa, que fue retirada, proponía que sea el Parlamento el que tenga la prerrogativa de destituir a jueces y fiscales, una tarea que en la actualidad le corresponde a la JNJ.
De otro lado, De la Haza se comprometió a brindarle “todas las facilidades” que estén al alcance de su organismo al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez- para que este realice, a través de la comisión especial bajo su presidencia- la convocatoria para el concurso público de méritos con la finalidad de elegir a los nuevos miembros de la JNJ para el período 2025-2029.
Respuesta a Benavides
En declaraciones a El Comercio, tras la ceremonia, De la Haza indicó que su institución está “abierta al diálogo” con el Parlamento, con el objetivo de “trabajar en función a los interés del Estado”.
(Foto: Archivo GEC)
También respondió al pronunciamiento que hizo el último viernes la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides, quien dijo ser víctima de una “cacería política” y cuestionó que la JNJ la haya suspendido sin realizar actos de investigación ni tomar declaraciones.
“La respuesta es muy sencilla, la Junta Nacional de Justicia se desenvuelve en el marco de la Constitución y de la ley, la hacemos cumplir y la respetamos todos los miembros de la junta”, manifestó De La Haza.
Benavides ha sido sindicada como cabecilla de una presunta red criminal que habría operado en la cúpula del Ministerio Público.
Renovación Popular sigue buscando firmas
Desde el Congreso, el portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, precisó que tiene más de 50 firmas en respaldo a su solitud para que el presidente del Parlamento, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), llame a un pleno extraordinario, con el objetivo de que se debata y vote su moción para destituir a los integrantes de la JNJ por haber suspendido a Benavides.
“Hablando de manera optimista, para el viernes podríamos tener un resultado definitivo. Tenemos complicaciones [para reunir las firmas digitales] porque estamos en semana de representación y algunos congresistas han ido a lugares donde la señal no es buena. Estamos a bien ritmo”, manifestó a este Diario.
(Foto: El Comercio)
Montoya, además, refirió que detrás de su solicitud para remover a los siete miembros de la JNJ no hay “un acto de venganza”.
“Nosotros estamos cumpliendo nuestra función, que es la de fiscalizar”, remarcó.
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El congresista de la bancada celeste también dijo que en el peor de los casos presentaría el pedido con las 78 firmas para llamar a pleno extraordinario a inicios de la próxima semana.
El almirante en retiro detalló que parlamentarios de las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País y de Perú Libre, así como algunos no agrupados ha suscrito su pedido. “Desde APP nadie ha firmado”, mencionó.
“Vamos a insistir hasta el final, porque es lo que correspondemos, nadie está por encima de la ley”, acotó.
Advierte sobre ausencia de límites
Durante su discurso de salida de la presidencia de la JNJ, Imelda Tumialán sostuvo que en los últimos meses fueron de “incertidumbre” para su institución, porque “prevaleció la amenaza constante al sistema de justicia”, en referencia a un sector del Congreso que aún busca la destitución de todos sus integrantes.
“El año de gestión que hoy culmino ha demandado de parte de los integrantes del pleno los mayores esfuerzos para preservar la institucionalidad y la autonomía de este órgano. Al inicio del 2023 no fue posible advertir los retos que la junta tendría que afrontar”, expresó.
Tumialán sostuvo que “la ausencia de límites” entre los poderes estatales y los organismos constitucionalmente autónomos, “debilitan progresivamente” el sistema democrático. Y, además, convierte la búsqueda de justicia “en una promesa sin contenido al verse expuesta a los intereses de aquel que ostenta al poder”.
