Unidad de Investigación
El exrepresentante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata podría pasar de la condición de testigo a investigado en el Caso Gasoducto Sur Peruano (GSP) –que involucra al expresidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia y otros exfuncionarios– debido a las contradicciones que presentó durante el interrogatorio que se le realizó ayer en Sao Paulo (Brasil), indicaron fuentes de El Comercio.
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En la diligencia estuvieron el coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela; la fiscal a cargo del caso, Geovanna Mori; y la procuradora ad hoc adjunta para el Caso Odebrecht, Nory Vega. Los abogados de los investigados también intervinieron en la sesión y, ante sus preguntas, Barata varió el sentido de sus declaraciones anteriores, según pudo conocer este Diario.
—Controversias—
La fiscalía planteó más de treinta interrogantes. Estas estaban enfocadas en ratificar y detallar hechos vinculados al favorecimiento que recibió el consorcio GSP, integrado por Odebrecht, Enagás y Graña y Montero (hoy Aenza), en la licitación valorizada en más de US$7 mil millones que se dio durante el gobierno de Humala.
La controversia surgió cuando Barata respondió a las preguntas de la defensa legal de los investigados. De acuerdo con fuentes de El Comercio, el exdirectivo de Odebrecht dijo que los pagos vinculados al Caso Gasoducto Sur Peruano fueron “a privados” y no a funcionarios. Con ello, según indican las fuentes, intentó minimizar la naturaleza de las entregas de dinero, pese a que Graña y Montero (hoy Aenza) ha reconocido pagos ilícitos en este caso.
Lo dicho ayer en Brasil no se condice con el testimonio que Barata dio en el 2019, como parte del acuerdo de colaboración eficaz con la fiscalía, en el que confesó que se realizaron pagos ilícitos para ganar el proyecto millonario.
Fuentes de este Diario señalaron que si el exjefe de Odebrecht en el Perú no reconoce la ilicitud en los actos, corresponde que se le quite la protección del acuerdo de colaboración eficaz. El testimonio tendrá que ser analizado por la fiscal Geovanna Mori. Luego deberá tomarse la decisión.
Por otro lado, Barata ratificó las reuniones que tuvo con Humala cuando era presidente, Nadine Heredia y con exministros de esa gestión sobre el megaproyecto.
También ratificó que la expresidenta brasileña Dilma Rousseff intervino en el caso al indicar que Graña y Montero no debía ser parte del consorcio GSP. Por esta razón, la mencionada empresa fue un “socio oculto” hasta que ganaron la adjudicación. Esto también fue reconocido por Barata en su declaración del 2019.
Se supo que la fiscalía tendrá la transcripción de las declaraciones de Barata en un mes aproximadamente.
—Detalles—
La mayoría de los abogados de los investigados participó de forma virtual desde el Perú. Solo la defensa (peruana y brasileña) de Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia estuvo en la diligencia, al igual que Carlos Kauffman, abogado de Barata.
El interrogatorio fue parte de la Cooperación Jurídica Internacional con Brasil y el acuerdo de colaboración eficaz de la fiscalía con Odebrecht. La procuraduría federal brasileña dirigió la sesión.
—El caso—
La investigación está en etapa preparatoria. De acuerdo con el plazo establecido, vence en dos meses. Según fuentes de El Comercio, la fiscalía busca cerrar el caso durante ese período. Sin embargo, existe la posibilidad de que se solicite una prórroga.
La fiscal Mori cuenta con las declaraciones de otros involucrados en el caso, los cuales han reconocido responsabilidad penal. Además de Odebrecht, su consorciada Graña y Montero (hoy Aenza) ha reconocido actos ilícitos.
En marzo de este año, la fiscalía también viajó a Brasil para recoger la declaración del exejecutivo de Odebrecht Rodney Rodrigues de Carvalho, quien participó directamente en el proyecto para ganar la buena pro.
Tras el interrogatorio, ratificó los actos y pagos ilícitos, así como la intervención de Nadine Heredia en la licitación, según conoció este Diario.
En unos meses se conocerán las medidas que tomará la fiscalía.
- Nadine Heredia, quien presuntamente intervino para favorecer a Odebrecht, es investigada por los delitos de colusión y asociación ilícita para delinquir.
- La fiscalía investiga al exministro de Economía Luis Miguel Castilla y al extitular de Energía y Minas Eleodoro Mayorga por los mismos delitos.