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Jorge Cuba y Edwin Luyo, exfuncionarios acusados de recibir presuntos sobornos de Odebrecht por el proyecto del metro de Lima, fueron excarcelados ayer de los penales Ancón I y Ancón II, respectivamente, y luego puestos bajo el sistema de vigilancia electrónica con grilletes.
Así lo confirmaron fuentes del Instituto Nacional Penitenciario a El Comercio, al detallar que abandonaron las prisiones aproximadamente a las 10:30 a.m.
Ambos fueron trasladados luego a sus respectivos domicilios en San Isidro y Pueblo Libre (Lima).
En las diligencias estuvieron agentes de la policía y el fiscal Charles Ponte Ramírez, del equipo especial del Caso Lava Jato.
“Todo se ha hecho bajo las estrictas medidas de seguridad y bajo la presencia de un fiscal, como lo ordenó el juez”, se detalló.
Según una disposición emitida por el juez Richard Concepción Carhuancho, los ex funcionarios del segundo gobierno de Alan García, están “prohibidos de movilizarse fuera de su domicilio”, salvo previa comunicación al juzgado, a la fiscalía, al INPE y al equipo policial asignado.
De no cumplir esto, “se va a producir la revocatoria de la medida y se va a ordenar la captura de los investigados”, dijo el juez en la audiencia en la que se establecieron las restricciones.
En diálogo con este Diario, Luis de la Cruz, abogado de Luyo, confirmó el excarcelacimiento de su patrocinao, pero adelantó que iban a interponer una denuncia por este hecho debido a que la liberación fue ordenada hace semanas, pero no se acató hasta resolver el uso del grillete electrónico.
El 6 de noviembre, la Primera Sala de Apelaciones Nacional dispuso su libertad con comparecencia tras vencer los plazos de la prisión preventiva que venían cumpliendo desde el 2017.
“Mi patrocinado ha estado indebidamente preso, con un mandato de comparecencia con restricciones y con orden de excarcelación. Eso no se ha ejecutado hasta hoy [ayer]. Eso es indebido”, expresó de la Cruz.
El abogado Víctor Ortiz Prado, defensa de Cuba, también refirió que su patrocinado ya se encontraba en su domicilio en San Isidro con el sistema de vigilancia personal.
El jefe del INPE, César Cárdenas, había cuestionado la aplicación de grilletes al asegurar que no corresponde para casos de lavado de activos.
