Jorge López es retirado del Minsa tras sospechosos depósitos: ¿Cuáles son las implicancias penales?

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, que lidera la fiscal superior Marita Barreto, inició una investigación preliminar a raíz de los depósitos realizados por López a su expareja Dervy Apaza Meza. Una de las sumas es de S/98.400 que el funcionario tenía en efectivo en su despacho, situación que recuerda al hallazgo de US$20 mil en el baño del despacho del ex secretario general de Palacio Bruno Pacheco.

A partir de un informe de “Punto final”, a López se le cuestiona el haber tenido ese monto en su oficina del ministerio, el uso irregular de las funciones de seis trabajadores del sector para que –presuntamente a su pedido– depositaran tal cantidad a su exconviviente y la mecánica de esa acción, pues el dinero fue transferido el pasado 31 de agosto por partes y en solo horas mediante diez agencias bancarias de Lima.

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Además, el caso implica a Luis Quito, médico y empresario que el 23 de agosto depositó US$70.000 a la expareja de López. Según este, por la venta de un tomógrafo. Todo el dinero habría tenido como destino la adquisición de un departamento en Jesús María.

Ante esos hechos, encabezados por el fiscal Jorge García Juárez, un equipo del Ministerio Público realizó diligencias el lunes pasado en la sede central de la empresa de Quito en La Victoria y en el propio Ministerio de Salud con el fin de recabar información.

“A todas las personas que están involucradas en los hechos materia de investigación se les llama a declarar, es parte natural de toda investigación”, declaró García, quien informó sobre el inicio de la investigación preliminar con base en los hechos difundidos por el citado dominical.

Posibles ilícitos

Aunque desde la fiscalía no se precisaron detalles de la disposición de inicio de investigación preliminar, penalistas consultados por El Comercio advirtieron los tipos penales en los que se enmarca este caso de ‘pitufeo’ –transferencias menores a S/10.000 para no declarar un monto mayor–, coincidiendo en señalar principalmente una sospecha de lavado de activos.

“Podría estar incurso en cualquier supuesto de delito contra la administración pública –peculado, colusión, etcétera– como delito fuente de un supuesto de lavado, porque lo que ha hecho es ocultar o evitar la identificación de ese dinero a través de esa modalidad [de transferencia]”, comentó Sophia Icaza, penalista del estudio Linares.

Icaza indicó que también hay un presunto acto delictivo en el hecho de recurrir a funcionarios del Estado para actividades privadas. “Existe una figura de peculado de uso, que es cuando a los bienes que se te entregan para el desempeño de tu función los utilizas para otro fin”, agregó.

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El penalista Andy Carrión también sostuvo que hay una sospecha inicial simple de lavado de activos, que en el ámbito de la indagación preliminar podría sustentarse en fondos no justificados. Y además de peculado, advirtió que también podría investigarse a López por enriquecimiento ilícito.

“En base a lo que se conoce también se podría habilitar el ámbito de la contraprestación para el favorecimiento de determinadas contrataciones o algún beneficio por parte del ministerio, lo cual implicaría que se pueda incluir el delito de cohecho pasivo propio, al menos en sospecha inicial simple”, agregó en referencia a los US$70.000.

López fue removido del cargo el domingo por el presidente Castillo, pero hasta el lunes pasado no se oficializaba el cambio. El saliente ministro dijo a “Punto final” que los S/98.400 son de sus ahorros y préstamos.

Cuota de Perú Libre

Jorge López asumió el Minsa en abril tras ser viceministro del censurado Hernán Condori, militante de Perú Libre.

Según fuentes de El Comercio, uno de los voceados para reemplazarlo es Joel Candia, también militante de Perú Libre.

Candia fue funcionario en la gestión de Condori y actualmente es viceministro de Salud Pública.

Más ministros son investigados

Otros ministros con investigaciones abiertas durante el actual gobierno son los titulares de la PCM, Aníbal Torres, y de Justicia, Félix Chero.

La Fiscalía de la Nación les imputa pertenecer a la red criminal que encabezaría el presidente Pedro Castillo, y que también integrarían los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado.

Otros ministros con investigaciones fiscales en trámite son Roberto Sánchez (Mincetur), Rosendo Serna (Educación), Dina Boluarte (Midis) y Wilbert Rozas (Ambiente), según sus declaraciones juradas.