El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, planteó una demanda de inconstitucionalidad en contra de cuatro decretos legislativos –emitidos en diciembre– por el gobierno de Dina Boluarte, al amparo de las facultades otorgadas por el Congreso, los cuales vulnerarían las funciones del Ministerio Público.
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Se trata de los decretos legislativos N°1592, N°1604, N°1605 y N°1611, respectivamente, requiriéndose al Tribunal Constitucional (TC) que “se declare la inconstitucionalidad material y formal de las reformas normativas” realizadas por los citados decretos. Principalmente, se trata de los decretos que retoman la facultad de investigación de la Policía Nacional.
Para la fiscalía, según la demanda a la que accedió El Comercio, las reformas dadas por los decretos “irrespetan el rol conductor de la investigación del delito, que constitucionalmente corresponde al Ministerio Público y desnaturalizan el rol constitucional de la Policía”.
Se apunta que el artículo 159 de la Constitución le asigna de forma exclusiva al Ministerio Público la función de conducir la investigación desde su inicio y que la PNP está obligada a cumplir los mandatos de la fiscalía.
“En ese sentido, el Ministerio Público tiene el monopolio de la acción de la acción penal pública y, como consecuencia, de la investigación del delito desde que ésta se inicia; y la policía es un órgano de apoyo”, se remarcó.
Por ello, se cuestiona que la policía asuma la función de investigación del delito, que compete “exclusivamente” a la fiscalía. “El pretender otorgarle la función investigadora del delito a la Policía Nacional, implica la vulneración de la autonomía del Ministerio Público”, se sostiene.
La demanda fue ingresada el 7 de mayo pasado al máximo intérprete de la Constitución, el cual deberá correr traslado y definir si los decretos son inconstitucionales o no.
