Fiscalía apunta a que Santiváñez defendía “en la sombra” a Nicanor Boluarte: todo lo que se le atribuye

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En la Disposición N°05-2024, a la que accedió El Comercio, se advierte que Santiváñez “habría desplegado diversas conductas contrarias a la ley”, quebrantando su deber primero como jefe de Gabinete de Asesores y, posteriormente, como viceministro del Mininter. Por ambos cargos, ocupados entre febrero y mayo pasado, respectivamente, Santiváñez no tiene la condición de aforado.

Las conductas de Santiváñez habrían sido, apunta el representante del Eficcop, “para planificar, ejecutar y encubrir” a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte. También a Jorge Luis Ortiz Marreros, quien fungió entre diciembre de 2022 y hasta mayo de este año como director de Gobierno Interior, despacho a cargo a los subprefectos y pieza clave en el caso ‘Los Waykis en la Sombra’.

La investigación surgió como parte de una carpeta reservada, en junio de 2024, e incluye, entre otros, al actual comandante general PNP Víctor Zanabria. Con esta nueva disposición, se amplía el caso ahora hacia Santiváñez, atribuyéndole específicamente los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho activo genérico y encubrimiento real, en agravio del Estado.

En esta carpeta está contenida la declaración del Testigo Protegido N°11-2024, quien ha narrado a la fiscalía que el 10 de mayo pasado, tras conocer de la detención de Nicanor Boluarte, Santiváñez se comunicó con el abogado Luis Vivanco Gotelli.

Según el testigo, le indicó a Vivanco que “por orden de la presidenta” asumiría la defensa de su hermano; sin embargo, que debido a que su cargo le impedía ello “le pidió a Vivanco Gotelli que sea él quien se apersone como abogado”.

“Propuesta que fue aceptada por el abogado, teniendo que informarle todo lo referente a las investigaciones contra Nicanor Boluarte al entonces viceministro”, se lee en el documento fiscal. Al día siguiente, Vivanco se apersonó como el abogado del hermano de la jefa del Estado.

Además, Santiváñez también habría desplegado acciones para impedir que Ortiz Marreros sea detenido y se acoja a la colaboración eficaz. El testigo narró que Santiváñez se habría comunicado con Ortiz cuando se encontraba como no habido “y le indicó que él se haría cargo de su defensa”, “condicionándolo a que no delate a Nicanor Boluarte”.

Incluso, las indagaciones fiscales apuntan que Santiváñez le habría indicado que “tenía que desaparecer” su celular. Ortiz se entregó a las autoridades el 11 de mayo pasado, horas después del operativo en el que fue aprehendido el hermano de la presidenta.

“Al día siguiente de la ejecución del operativo (...) el viceministro se comunicó con su sobrino, el abogado Carlos Alvizuri Marín, comentándole que él se encontraba, en la sombra, a cargo de la defensa de Nicanor Boluarte y de Jorge Ortiz Marreros (...), pero que no podía hacerlo formalmente por el cargo que venía ejerciendo”, señaló el TP N°11-2024 a las autoridades.

Así, Santiváñez le habría planteado a Alvizuri el mismo mecanismo desplegado para la defensa de Boluarte, con el encargo de que “tenía que neutralizar” que Ortiz Marreros “se convierta en colaborador eficaz y perjudique a Nicanor Boluarte”.

De hecho, la fiscalía sostiene que, en abril pasado, Santiváñez llega a ser designado como viceministro de Orden Interno “como contraprestación por haber contribuido” a la remoción del coronel PNP Harvey Colchado, pero también porque bajo dicho cargo “podía controlar las acciones que realizaba Ortiz Marreros”.

En la carpeta también están contenidos los chats, audios y el propio testimonio del capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, quien ha manifestado públicamente que Santiváñez “tenía la obsesión de ser designado como ministro del Interior”.

Se sostiene que Santiváñez habría buscado obtener información de las pesquisas del Eficcop contra el hermano presidencial. Esto con el fin de demostrar que “podía proporcionar información privilegiada que sería utilizada para obstaculizar la investigación” y “a cambio” de que Boluarte lo designe como ministro. También habría buscado obtener información relacionada a la mandataria por el Caso Rolex.

Incluso, se menciona que Santiváñez fue quien habría proporcionado información de la contratación presuntamente irregular de una alta funcionaria del Mininter en la era del exministro Víctor Falcón, con la intención de “sabotear” esa gestión y para que Boluarte lo cese del cargo y lo nombre en su lugar.

Esto motivó una diligencia, en marzo pasado, en la sede del ministerio, la cual “era reportada en tiempo real” por Santiváñez a ‘Culebra’. Sobre esto, hay conversaciones presuntamente entre Santiváñez y oficial PNP en donde se poner en evidencia un inusitado interés por el despliegue.

Este Diario intentó comunicarse este jueves con Santiváñez; sin embargo, no respondió las llamadas ni mensajes.

En la víspera, en diálogo con RPP, había indicado que aún no había sido notificado y que presumía que ello surgía a raíz de un supuesto ‘aspirante a colaborador’ —”que, en realidad, sabemos perfectamente quién es”, dijo— que le atribuyó tener alguna influencia respecto a Ortiz.

“Pero, en realidad, es una imputación que creo que el Ministerio Público, porque esta es una investigación preliminar, no va a poder probar porque los hechos que se imputan son absolutamente falsos”, dijo.

El abogado Luis Vivanco tampoco respondió a este Diario.

Por otro lado, el pleno del Congreso aprobó —este jueves— con 41 votos a favor el interpelar al ministro Santiváñez por, entre otros, los audios difundidos con el capitán PNP ‘Culebra’ y que se le atribuyen. Se le convocó para el próximo miércoles 2 de octubre a las 3:00 p.m.

La moción, promovida por el Bloque Democrático Popular, tuvo en contraparte 22 votos en contra y otras 25 abstenciones. De todos los presentes, solo hubo dos oradores.

La legisladora de esa bancada, Susel Paredes, cuestionó a Santiváñez y dijo que “es un ministro que no ha logrado tener un liderazgo”. Mencionó también los actos de extorsión registrados a las líneas de buses de transporte público en Lima, que han tenido que ver paralizar sus operaciones, así los actos de extorsión y sicariato en Trujillo.

“No veo a un ministro que discretamente organice sus acciones desde los distintos enfoques que tiene la seguridad ciudadana para pararla, veo a un ministro preocupado por él, por su defensa, porque no se conozcan sus palabras, preocupado por otras actividades que no son las de un ministro”, manifestó Paredes.

Por su parte, el legislador Raúl Huamán (Fuerza Popular) dijo que “las personas que trabajan, [que] hacen algo, son criticados”. “Está desarticulando un montón de bandas delincuenciales y, es más, participa personalmente. Creo que amerita que se le deje trabajar y se le debe apoyar”, dijo Huamán en defensa de Santiváñez.

Son, en esencia, 29 preguntas las que deberá responder el actual titular del Ministerio del Interior.