Alejandro Toledo: Fiscalía incauta casa de Punta Sal
Alejandro Toledo: Fiscalía incauta casa de Punta Sal
Ana Briceño

La Corte Superior de Lima resolvió devolver la casa de Punta Sal al ex presidente y a su esposa Eliane Karp luego que fuera incautada el 25 de julio, en el marco del proceso judicial del Caso Ecoteva.

Según la hipótesis de la fiscalía, el dinero con que se pagó una parte de la hipoteca de la casa de playa (US$277 mil) y también se compraron otros inmuebles a nombre de Alejandro Toledo, tendría un origen ilícito proveniente de empresas fachada creadas en Costa Rica, como Ecoteva.

El argumento del juez Abel Concha, de acuerdo a la resolución del 9 de setiembre, a la que tuvo acceso El Comercio, es que la casa está valorizada en US$ 720.678 y el dinero que se usó para pagar la hipoteca de dicho inmueble solo fue de US$ 277.308, por lo tanto no habría una debida proporcionalidad.

“En la posibilidad que se produzca un decomiso en este caso, solo se haría hasta por un valor equivalente a este monto, el cual constituye aproximadamente un tercio del valor total del referido inmueble”, se lee en el documento.

La noticia generó disconformidad y molestia no solo en la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía (Dirila) sino en el Ministerio Público, encargados de investigar y ejecutar la incautación.

“Con ese argumento, solo el dinero que se usó para la pagar la hipoteca de la casa sería ilícito. Y las ganancias que se podrían obtener de ese inmueble porque se ha revalorado con el tiempo, ¿eso no ilícito, acaso? El Poder Judicial se equivoca”, sostuvo una fuente de la fiscalía.

El documento agrega que “se declara procedente el pedido de variación de incautación con desposesión” de la casa de playa por la medida de “incautación en forma de inscripción”.

Esto quiere decir que Alejandro Toledo y su esposa podrán seguir usando la vivienda de Tumbes, inclusive alquilarla. La abogada penalista Romy Chang explicó a este Diario que la primera medida de desposesión establecía que el Estado podría hacerse cargo de la vivienda e inclusive destinarla para diferentes fines, sin embargo, ahora ya no tiene esa potestad. La medida de incautación será inscrita en Registros Público.

El Ministerio Público ha apelado la resolución. 

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