Jueza que liberó a Robinson Gonzales trabajó con él en el PJ
Jueza que liberó a Robinson Gonzales trabajó con él en el PJ
Mario Mejía Huaraca
Mario Mejía Huaraca

La jueza Sonia Bienvenida Torre Muñoz, quien votó el último viernes como integrante de la Sala Penal Nacional para que se anulara la detención preliminar de y otras cinco personas presuntamente vinculadas a la red de Orellana, no era ajena al ex vocal supremo, más bien lo conocía muy de cerca.

Así lo ha señalado el fiscal coordinador de lavado de activos Frank Almanza, quien, en la misma audiencia, solicitó a la jueza que se inhibiera para evitar cualquier tipo de suspicacia. Pero ella desestimó el pedido y Gonzales fue liberado.

Torre Muñoz, según informó Almanza, integró el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial cuando Gonzales era miembro de la Corte Suprema. Es más, el ex juez también formó parte del Consejo Ejecutivo y ambos trabajaron juntos en ese órgano de gestión y dirección del Poder Judicial durante algunos meses del 2010.

En ese organismo Torre era la representante de los jueces superiores del país.

Antes de ser nombrada integrante de la Sala Penal Nacional en abril del 2014, ella se desempeñó como jueza superior de la Corte de Justicia de Tumbes.

Cuando estuvo en esa corte registró tres medidas disciplinarias de apercibimiento y más de diez quejas, la mayoría de las cuales fueron desestimadas por los órganos de control, según consta en su resolución de ratificación como jueza que emitió el Consejo Nacional de la Magistratura en el 2013.

Para la fiscal Marita Barreto, “es lamentable” la medida tomada por Torre Muñoz y los otros dos miembros de la Sala Penal Nacional.

La magistrada que investiga el Caso Orellana cuestionó que la sala haya anulado la detención de los presuntos miembros del brazo legal de la red delictiva, pues dijo que había fuertes y fundados elementos de convicción que acreditan los requisitos para la detención preliminar.

“Es una decisión incoherente del Poder Judicial que esperamos sea rectificada. Si los jueces van a empezar a actuar de esa manera, ningún investigado va a poder estar 15 días detenido”, manifestó con preocupación.

Lee el informe completo en la edición impresa de El Comercio.

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