El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado programó la próxima audiencia de control de acusación contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otros para el martes 31 de mayo a las 10:00 a. m.
Según lo dispuesto por el titular de dicha instancia judicial, Víctor Zúñiga, ese día se continuará con el informe oral del Ministerio Público sobre las subsanaciones de los errores materiales sobre la acusación contra la excandidata presidencial.
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El fiscal José Domingo Pérez presentó el pasado 16 de mayo las subsanaciones a la acusación del Caso Cócteles en contra de la lideresa de Fuerza Popular y otros 40 investigados por la presunta comisión del delito de lavado de activos.
El documento entregado por José Domingo Pérez cuenta con 2384 folios y fue ingresado a la mesa de partes del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria en la fecha en que vencía el plazo, tras dos pedidos de prórroga para la entrega de la información.
El fundamento del fiscal Pérez para solicitar dichas prórrogas fue el robo de la laptop de la fiscal Paulina Roque, la cual tenía información relevante del caso contra Keiko Fujimori, lo cual, según señaló, no permitió que se cumpla con la fecha inicial.
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El fiscal informó que el hurto sucedió el último 1 de abril y lo consideró como un “evento de fuerza mayor” por la relevancia de los documentos en la laptop para realizar la correcciones correspondientes.
Cabe indicar que, por este mismo caso, en marzo de este año, la fiscal Paulina Roque señaló que Keiko Fujimori y su partido cometieron el delito de obstrucción a la justicia al haber buscado favorecer al exjuez supremo César Hinostroza en el Congreso.
El Ministerio Público también incluyó en el delito de obstrucción a la justicia el intento de inducir a testigos para que brinden falsos testimonios ante la fiscalía para así justificar los aportes que se hicieron de manera ilícita durante la campaña de las elecciones generales del 2011 y 2016.
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La fiscal Paulina Roque señaló que Keiko Fujimori fue autora mediata de estos delitos al haber dispuesto que se contacte a los aportantes para que varíen su versión a favor de la legalidad de los aportes de campaña.
El caso
El fiscal José Domingo Pérez solicitó 30 años y 10 meses de prisión para siete implicados, entre los que están Keiko Fujimori y los integrantes de la cúpula de Fuerza Popular, Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, Adriana Tarazona y José Chlimper, quienes habrían participado en la recepción de estos supuestos aportes ilegales.
Según el Ministerio Público, Fujimori Higuchi y otros investigados recibieron aportes ilícitos para financiar las campañas presidenciales del fujimorismo de los años 2011 y 2016.
Estos montos habrían tenido como fuente a Odebrecht y también el Grupo Credicorp, por medio de aportes de más de 3 millones de dólares de Dionisio Romero Paoletti, presidente de ese grupo bancario.
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