Ricardo Briceño, expresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), se convirtió este martes en el primer acusado que declara en el juicio por el Caso Cocteles, proceso que tiene como principal procesada a la excandidata presidencial Keiko Fujimori. Ante los jueces del Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional, el empresario rechazó la imputación de la fiscalía, que le atribuye actos de lavado de más de US$ 2 millones a través de una de las campañas de Fuerza Popular.
En la audiencia del juicio de este martes comenzó la etapa de interrogatorio de acusados. Si bien más de 30 personas tienen esa condición en este proceso, la declaración no es obligatoria, sino que se declara voluntariamente. En este caso, solo tres accedieron: Ricardo Briceño, el exfuncionario de la ONPE Luis Barboza, y Carmela Paucará, exsecretaria de Keiko Fujimori.
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El juzgado dispuso que el primero en declarar sea el empresario, quien estuvo asistido por su abogado, Pablo Talavera. El interrogatorio fue realizado por el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, quien acusa a Ricardo Briceño por lavado de activos y solicita una pena de 11 años y 4 meses de prisión.
Pero antes de comenzar a responder las preguntas del Ministerio Público, Ricardo Briceño agradeció al colegiado por darle la palabra “para demostrar mi inocencia en este juicio y rechazar todas las imputaciones que me hace la fiscalía”. “La fiscalía me acusa de lavado de activos agravado por la suma de US$ 2′077,500 provenientes de aportes hechos por las principales empresas del Perú a la Confiep para la realización de una campaña de promoción a la inversión privada”, dijo.
Aseguró que la acusación surge de una declaración dada en febrero del 2018 por el colaborador eficaz Jorge Barata, exjefe de Odebrecht en Perú, quien dijo que Briceño le pidió a él y a otros empresarios un aporte para la campaña de Keiko Fujimori del 2011. Esto habría sido en una reunión realizada el 19 de abril de ese año. Sin embargo, añadió que en un testimonio del 2020, el brasileño se “desdijo” y afirmó que “yo no le había solicitado ningún dinero y que el dinero que entregó Odebrecht fue a través de Odebrecht Ingeniería y Construcción, empresa constituida en el Perú, y que ese dinero era bancarizado”.
Briceño sostuvo que la acusación en su contra fue variando a lo largo de la investigación fiscal del caso. Luego, rechazó tener vínculos con la supuesta organización criminal liderada por Keiko Fujimori, ser fujimorista o haberse comunicado con partidarios de Fuerza Popular. Agregó que la imputación de haber dirigido la denominada ‘Campaña de promoción a la inversión privada 2′ se basa solo en la declaración de su sucesor al frente de la Confiep, Humberto Speziani, “en contra de todos los demás testigos y las pruebas que hemos entregado”.
También indicó que fue presidente del Directorio y del Comité Ejecutivo la Confiep entre el 2 de marzo del 2009 y el 17 de febrero del 2011. Ese día fue sucedido por Humberto Speaziani, cuya directiva se encargó de “la dirección de la ‘Campaña de promoción a la inversión privada 2′”. Además, rechazó que esa campaña haya buscado “distorsionar la voluntad popular” o que sea “a favor de Keiko Fujimori o partido político alguno”; así como el supuesto lavado de los más de US$ 2 millones o un fraude en la administración de empresas.
“¿Qué hago yo en este juicio cuando no tengo nada que ver? Me someto al interrogatorio de la fiscalía”, culminó.
Según consta en el auto de enjuiciamiento del caso, la fiscalía le atribuye, como ‘past-presidente’ de la Confiep, ”haber realizado actos de lavado de activos, captando aportes de diversos grupos empresariales del país, así como de la empresa Odebrecht”. De estos aportes, se alega que su “actividad criminal” proviene de “actos de fraude en la administración de personas jurídicas del gremio”.
De acuerdo con el Ministerio Público, el objetivo habría sido apoyar a la lideresa fujimorista “en sus fines criminales” y utilizando el gremio empresarial para dar “apariencia de legalidad” al dinero entregado como una donación a la Confiep. “Haciendo parecer dicho apoyo como una ‘campaña de promoción a la inversión privada en el Perú', todo ello justo antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del año 2011 entre los candidatos Keiko Fujimori y Ollanta Humala”.
El interrogatorio
Luego comenzaron las preguntas del fiscal y las respuestas del acusado, que transcurrieron mayoritariamente sin objeciones de su defensa. Durante estas, José Domingo Pérez incidió en que Briceño precise sus funciones como presidente de la Confiep. Una de ellas era emitir y suscribir las “certificaciones” que fueran necesarias a nombre del gremio.
Ante una pregunta del fiscal, afirmó que “por un vacío administrativo” y a solicitud del mismo gremio, firmó certificaciones como presidente de la Confiep hasta el 18 de mayo del 2011, luego de haber dejado el cargo: “Cuando asume la nueva directiva, se tienen que registrar los poderes en Sunarp. Este procedimiento toma algún tiempo. En el caso de mi sucesor, solamente se consiguió la inscripción de los poderes del presidente, el gerente y el nuevo Comité Ejecutivo, el 18 de mayo del 2021″.
También dio alcances sobre su posterior condición de “past-president” e integrante del Consejo Consultivo de la Confiep. Precisó que tras dejar de ser presidente del gremio empresarial, pasó a ser “past-presidente” en la gestión de su sucesor (2011-2013). Como tal, integró el Comité Ejecutivo y el Consejo Directivo, aunque “con voz , pero sin voto”, y presidió el Consejo Consultivo de la Confiep, que es “convocado a veces para algunas consultas”.
Frente a más preguntas del fiscal, indicó que las opiniones que da el Consejo Consultivo no son vinculantes y sostuvo que no tenía iniciativa propia ante las decisiones de la Confiep. Cuando se le cuestionó si como parte de ese consejo podía gestionar o solicitar donaciones, respondió que no.
Pérez le preguntó luego si, como parte del Consejo Consultivo, podía “certificar sobre donaciones o contribuciones”. “Por un vacío administrativo y a solicitud de la gerencia legal de Confiep y de la presidencia, lo hice por cubrir un vacío administrativo. Eso está totalmente certificado y entregado como prueba”, respondió.
Briceño admitió que durante su gestión como presidente de la Confiep (marzo 2009-febrero 2011), impulsó la llamada ‘Campaña de promoción a la inversión privada 1′ o ‘Campaña en medios 1′. Precisó que esta comenzó en el 2010 y consistió principalmente en spots radiales en provincias. Consideraron que esta era el medio para promover la inversión privada, destacar el reciente crecimiento económico en el Perú y llevar un discurso sobre emprendedurismo fuera de Lima
“La campaña que programé desde el 2010 terminaba en abril del 2011. Era una campaña de promoción a la inversión privada que continuó mi sucesor durante su gestión, con el mismo equipo técnico”, dijo.
Dentro de sus repuestas, Briceño indicó que durante su gestión, “recorrimos todo el país”, “llenamos coliseos llevando el mensaje de que el emprendedurismo era la manera de salir adelante”. Incluso dijo que participaron junto al fallecido Hernando Guerra García, futuro legislador de Fuerza Popular, quien “entonces no era miembro del partido fujimorista, sino un empresario emprendedor”.
Frente a esto, el fiscal le preguntó si había “recorrido el país” y “llenado coliseos” durante la campaña electoral que inició en diciembre del 2010 y culminó en mayo del 2011. “La campaña electoral es una coincidencia. No fue para la campaña electoral [...] Que coincida con el inicio de una campaña electoral no es la razón por la cual se hace este programa, este programa se hace porque es la razón de ser de Confiep”, replicó el acusado.
En cuanto al financiamiento de la campaña 1, dijo que provino de aportes de los gremios que integran la Confiep y de contribuciones solicitadas “a las empresas más grandes del Perú”. Según explicó, esto fue a propuesta de él como presidente y contó con la aprobación del Consejo Directivo.
Posteriormente, el Ministerio Público le preguntó respecto a la denominada ‘Campaña de promoción a la inversión privada 2′ o ‘Campaña en medios 2′. Sobre esta, refirió que fue dirigida por Humberto Speziani y lo que pudo conocer sobre ella como ‘past-presidente’ fue por lo que pudiera haber informado esta.
“Mi campaña era radial y la campaña de mi sucesor fue, básicamente, televisiva [...] No recuerdo haber recibido información de la fuente de financiamiento, pero una diferencia fundamental era que mi campaña tenía participación de los gremios y aportantes de empresas. Tengo entendido que la campaña 2, dirigida por mi sucesor solo tenía como fuente aportes de empresas”.
Añadió que Speziani “dirigió esta campaña, firmó todos los cheques, convocó a los aportantes para rendirles cuentas”.
Ya sobre el final de la audiencia, el fiscal preguntó sobre la mencionada reunión del 19 de abril del 2011, para la que convocó “a los aportantes privados” de la campaña impulsada por su gestión al frente de la Confiep, agradecerles y pedirles que sigan apoyando al proyecto de las Federaciones de Cámaras de Comercio (Fedecam), que le había sido encargado.
En esa línea, el acusado reconoció la autenticidad de 22 cartas firmadas por él y enviadas a los invitados a esa reunión. No todos los invitados fueron aportantes, precisó, pero se les incluyó porque podían apoyar al proyecto de las Fedecam. Luego de esto, la audiencia se suspendió para que el interrogatorio pueda seguir en la próxima audiencia del juicio, prevista para este jueves 19 de septiembre.
El fiscal indicó que requerirá una hora más de interrogatorio al acusado, quien luego también podrá ser interrogado por su propio abogado, por los abogados de los otros acusados y por los mismo jueces. Luego se prevé la declaración de la acusada Carmela Paucará y del acusado Luis Barboza.