Defensa de Mark Vito Villanella niega lavado de activos y dice que solo lo acusan por haber sido esposo de Keiko Fujimori

La defensa de Mark Vito Villanella negó este lunes los delitos de lavado de activos y organización criminal que la fiscalía le atribuye. Según dijo su abogado en su alegato de apertura en el juicio del ‘Caso Cocteles’, solo se le acusa por haber sido esposo de Keiko Fujimori. Otra de las acusadas admitió haber recibido un sobre con US$ 200 mil de una empresa durante la campaña del 2011, pero negó haber conocido en ese momento su contenido y también rechazó que haya sido dinero sucio.

El fiscal José Domingo Pérez pide 20 años de prisión para Mark Vito Villanella. Lo acusa de haber integrado la organización criminal presuntamente liderada por su ahora ex esposa, de haber recogido personalmente US$ 80 mil en efectivo de dinero del Grupo Rasmuss, y de haber comprado con dinero de origen ilícito dos terrenos en Chilca por US$ 178,937.15 y uno en Cieneguilla por US$ 144,946.20.

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También se le acusa de haber instrumentalizado su empresa MVV Bienes Raíces para actos de lavado. En total, la acusación señala que la presunta organización criminal liderada por Keiko Fujimori usó a esa persona jurídica para lavar US$ 2′192,859.72.

En la audiencia de este lunes, el abogado de Mark Vito Villanella, César Mayta, aseguró ante los jueces que “finalmente seremos escuchados por personas independientes y objetivas” y adelantó que 100 testigos declararán durante el juicio a favor de su defensa.

Según el abogado, Mark Vito Villanella participó como agente inmobiliario en 39 operaciones comerciales, a través de MVV Bienes Raíces. “No existen ni existirán operaciones simuladas, operaciones no reales [como las] imputadas el Ministerio Público [...] Todas las operaciones que en las que ha participado como agente, a través de la empresa MVV, son reales”.

La defensa sostuvo que tiene “más de 100 mil documentos” que corroboran las inversiones, adquisición de bienes y creación de empresa por parte de su defendido. Esto, afirmó, nunca fue valorado ni analizado por la fiscalía.

“Lo único que ven es condenarlo desde ya, por algo que no existe. No existe delito de organización criminal, menos aún de lavado de activos”, afirmó el abogado. “La pregunta es: ¿qué delito ha cometido entonces el señor Mark Vito Villanella? La respuesta es simple y categórica: ser esposo de la señora Keiko Fuimori, ahora exesposo”.

Mayta añadió que no existe un delito “que describe como premisa fáctica ser esposo de alguien para que se le impute el delito de organización criminal y lavado de activos”. Respecto a los terrenos en Chilca, afirmó que hay documentación que corrobora que los US$ 178,937.15 “provienen de los ahorros del señor Mark Vito Villanella. Así lo vamos a demostrar”. Y sobre el lote en Cieneguilla, sostuvo que firmó un contrato para la compra, pero que esta nunca se concretó.

“¿Dónde está entonces lo irreal, lo simulado? Nada de eso existe en la imputación a mi patrocinado. Ha sido un castigo implacable y sin ninguna compasión. Al día de hoy, mi patrocinado no puede comunicarse con ninguno de sus clientes, tiene una restricción. La empresa ha sido de baja [...] Se le ha quitado su derecho al trabajo. Hoy mi patrocinado no se puede desarrollar como agente inmobiliario, tiene que realizar otras actividades públicas”.

El abogado luego afirmó que el hecho que de sus 39 operaciones comerciales, “dos o tres” hayan sido hechas con personas “cercanas o allegadas a su exesposa”, no lo hacen autor del delito de lavado de activos.

En cuanto al delito de organización criminal, también lo rechazó y remarcó que Mark Vito Villanella no tuvo ningún cargo en Fuerza Popular, nunca estuvo afiliado al partido y no se reunía con congresistas de la bancada. “Se ha mantenido ajeno siempre al poder político. Lamentablemente, esa condición de esposo ha sido una de las razones más importante del Ministerio Público para incluirnos en esta investigación de lavado de activos”.

En la misma audiencia también participaron los abogados de los acusados Antonietta Gutiérrez Rossati, Luis Barboza Dávila, Milagros Maraví Sumar, Raúl Maraví Sumar, Ana Cecilia Matsuno, Edwar García Navarro, Lorena Gamero, Norbeto Rimarrachín y Danae Calderón. Todos ellos rechazaron los cargos de la fiscalía. Sin embargo, algunos sí reconocieron algunos de los hechos imputados por la fiscalía.

La defensa de la acusada Ana Cecilia Matsuno, quien fue tesorera de Fuerza Popular (2011-2014), admitió que su clienta acudió a la sede de la empresa Sudamericana de Fibras (del Grupo Rasmuss), por encargo de su coacusado Jaime Yoshiyama. Fue el 3 de mayo del 2011, durante la campaña presidencial de ese año. Allí, recibió un sobre que contenía US$ 200 mil, pero según el abogado José Pimentel, lo hizo sin conocer su verdadero contenido.

“Mi patrocinada concurre a estas oficinas, donde se le entrega, no como el Ministerio Público señala, la suma de 200 mil dólares, sino se le entrega un sobre manila, que al parecer contenía documentación. Es lo que ella recibe: un sobre manila completamente sellado y cerrado. El Ministerio Público, en posteriores pesquisas ha determinado que, efectivamente, estos habrían sido presuntos recursos”.

El abogado agregó que “en su momento, mi patrocinada de ninguna manera conocía que estaba portando y trasladando esta altísima suma de dinero: US$ 200 mil, de una zona bastante peligrosa del Callao, que es [la avenida Néstor] Gambetta”. “¿Una persona como mi patrocinada puede ir a recoger una suma de dinero conociendo el peligro que implica hacerlo, más aún en el primer puerto? Refuerza la tesis nuestra respecto a que desconocía qué iba a recoger, porque se encontraban en campaña y todo el día desarrollaban un sin número actividades”.

Aun así, la defensa insistió en que ese dinero salió del sistema financiero y en que provenía de una entidad financiera, por lo que no se trata de montos de origen ilícito. “Estaríamos, en la hipótesis del Ministerio Público, frente a aportantes que habrían simulado o tratado de no ser identificados por el sistema [..] No estaríamos frente a un acto de lavado de activos”, aseguró.

La defensa de otro acusado, Norberto Rimarrachín, reconoció que este firmó un recibo sin monto que fue usado para justificar un falso aporte, pero también negó ser cómplice de un delito. Según dijo, lo hizo a pedido del entonces congresista fujimorista Rolando Reátegui, y por desconocimiento. La abogado del procesado alegó que este fue un “tonto útil”.

Ana Cecilia Matsuno es acusada por la fiscalía por los delitos de lavado de activos y organización criminal. La pena solicitada en su contra es de 20 años de prisión. Por su parte, se piden 11 años y 5 meses para Norberto Rimarrachín.