En la próxima sesión, el 16 de marzo, se tomará la declaración a los testigos Edwin Lévano, Karina Ginocchio, María Antonieta Alva y Mercedes Araoz. (Foto: El Comercio)
En la próxima sesión, el 16 de marzo, se tomará la declaración a los testigos Edwin Lévano, Karina Ginocchio, María Antonieta Alva y Mercedes Araoz. (Foto: El Comercio)
Redacción EC

El fiscal adjunto supremo Alcides Chinchay tomó las declaraciones, como testigos, de la exministra de Economía y la exviceministra de Hacienda Rossana Polastri, en el juicio oral a y otros investigados por los delitos de cohecho y tráfico de influencias.

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Durante su declaración, Cooper señaló que, durante su periodo como ministra en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, sostuvo dos reuniones con Fujimori Higuchi. La primera, solicitada por el exparlamentario para exponer ante las autoridades del MEF una idea sobre la cosecha de agua.

La segunda reunión fue solicitada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a todas las bancadas –incluido el grupo liderado por Fujimori– para ver la aprobación del Decreto de Urgencia 003, que buscaba cautelar el pago de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción, así como sobre la situación de Agrobanco.

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Al término de la audiencia se informó que la siguiente sesión se desarrollará el 16 de marzo a las 9 am. y –en esa fecha– se tomará declaración a los testigos Edwin Lévano, Karina Ginocchio, María Antonieta Alva y Mercedes Araoz.

Este juicio comprende también a los acusados excongresistas Guillermo Bocángel, Bienvenido Ramírez y al exasesor de Kenji Fujimori, Alexei Toledo, a quienes se les imputa haber ofrecido obras al fallecido exlegislador Moisés Mamani para que vote contra la vacancia de Kuczynski Godard.

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La fiscalía pidió 12 años de prisión contra el excongresista Kenji Fujimori, acusado por los presuntos delitos de cohecho activo genérico propio y tráfico de influencias agravado.

También solicitó el pago de una multa de S/ 130 mil para el hermano menor de la excandidata presidencial Keiko Fujimori y la inhabilitación por 183 meses de inhabilitación para el ejercicio de la función pública.

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