Karem Barboza Quiroz

El () concedió el recurso de apelación que presentó el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder contra la primera dama, , investigada como parte de una presunta organización criminal.

El juez John Bernardino Pillaca Valdez, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dispuso elevar el expediente para que una sala superior analice, en segunda instancia, el requerimiento fiscal.

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El magistrado también concedió el recurso de apelación que presentó la esposa del presidente Pedro Castillo contra las medidas restrictivas y reglas de conducta que debe cumplir mientras es investigada como presunta coordinadora de una red criminal.

Como se recuerda, según la tesis fiscal, el cabecilla de dicha red criminal sería el presidente Pedro Castillo.

El pasado 14 de octubre, el juez Raúl Justiniano dispuso que Paredes Navarro acuda mensualmente a la fiscalía para registrar un control y reportar sus actividades, además no podrá ausentarse de su domicilio sin orden judicial, ni comunicarse con sus co-investigados, ni acudir a las sedes de los ministerios de Vivienda y Transportes y Comunicaciones, así como las municipalidades de Anguía, Chachapoyas, Aguía y Cajatambo.

Además, la primera dama debe pagar una caución de S/10 mil para asegurar su presencia en la investigación.

En el mismo documento judicial, también se aceptó otorgarle el recurso de apelación al empresario y confesor sincero Hugo Espino Lucana, cuya impugnación se vincula al extremo de la caución que se le impuso.

En su caso, el juez le impuso normas de conducta y pagar una caución de S/20 mil.

“Conceder los recursos de apelación interpuestos por Hugo Jhony Espino Lucana, Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder y Lilia Ulcida Paredes Navarro contra la resolución N.°10, del catorce de octubre de 2022, que resolvió declarar fundada en parte el requerimiento fiscal de comparecencia con restricciones y otros, en la investigación preparatoria que se sigue en su contra y otros, por la presunta comisión del delito de lavado de activos y otro, en agravio del estado”, señaló el juez Pillaca.

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