Señaló que existen diligencias pendientes de realizar, como la toma de 12 declaraciones y la revisión de los audios de tres comunicaciones telefónicas interceptadas. (Foto: Poder Judicial)
Señaló que existen diligencias pendientes de realizar, como la toma de 12 declaraciones y la revisión de los audios de tres comunicaciones telefónicas interceptadas. (Foto: Poder Judicial)
Redacción EC

En el marco del caso , el fiscal adjunto supremo Reggis Oliver Chávez Sánchez, de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, solicitó la prórroga por ocho meses del plazo de investigación preparatoria contra el expresidente de la Corte Superior del Callao y otros siete investigados por tráfico de influencias y cohecho.

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Según informó el fiscal Chávez, la actuación del Ministerio Público está siendo diligente célere y proactiva, la cual se evidencia en la toma de 17 declaraciones indagatorias y testimoniales, y la obtención de 25 registros de comunicaciones telefónicas.

También figuran las copias de tres expedientes judiciales, tres carpetas fiscales y de los legajos de cinco imputados, además de los 21 requerimientos de información a instituciones públicas y privadas.

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Sin embargo, precisó que existen diligencias que aún están pendientes de realizar, como la recepción de 12 declaraciones testimoniales, la revisión de los audios de tres comunicaciones telefónicas interceptadas y la toma de declaración de uno de los investigados.

Asimismo, señaló que a partir de la declaración del investigado Domingo Salaverry, emerge la necesidad de que se amplíe la base fáctica de la investigación preparatoria y se incorpore un nuevo encauzado en el proceso lo que traerá la realización de otros actos de investigación.

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Por este caso son investigados los exmagistrados Walter Ríos y Julio Lanazca; el exasesor de Ríos, Gianfranco Paredes; el abogado Javier Rodríguez; los empresarios Domingo Salaverry y Simon Llavilla; y los exfuncionarios municipales Belizario Gonzáles y Jorge Cruzalegui.

Según la investigación fiscal, a Lanazca, como juez supernumerario, se le atribuye haber beneficiado –a solicitud de Walter Ríos, de su asesor Gianfranco Paredes y del abogado Javier Rodríguez como intermediario– con resoluciones favorables a los procesados Domingo Salaverry Martínez y Simón Llavilla Quispe, representantes de las empresas J.E.D. Metales y Aurífera Adonai, respectivamente; en un proceso de devolución de material aurifero.

A cambio de la emisión de estas resoluciones se habría entregado US$ 4 mil a Ríos Montalvo, US$3 mil a Paredes y US$ 10 mil a Lanazca.

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Un segundo hecho precisa que Ríos habría determinado a Lanazca a emitir una sentencia absolutoria al exgerente de Protección del Medio Ambiente de la Municipalidad del Callao, Jorge Cruzalegui Tello, en un proceso de materia ambiental.

Para este fin habría intervenido el investigado Belizario Gonzáles Huapaya, quien le solicitó a Walter Ríos su intermediación ante Lanazca, para la obtención de esta resolución favorable.

Por este último caso, y como contra prestación a cambio de este apoyo, el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao habría recibido una invitación a un almuerzo y una caja de vino.

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