Los Dinámicos del Centro: 7 claves para entender pedido de prisión preventiva contra 20 investigados

En julio, el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín, a cargo de la jueza July Baldeón, declaró infundado el pedido fiscal de prisión preventiva. Sin embargo, la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos Corrupción de Funcionarios de Junín declaró nula dicha decisión y ordenó que otro juzgado evaluara el requerimiento “con independencia e imparcialidad”.

A continuación, presentamos siete claves para entender el requerimiento fiscal.

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1. ¿Contra quiénes se pide prisión preventiva?

Son 20 los investigados en el caso Los Dinámicos del Centro para los cuales la fiscalía ha pedido la medida de prisión preventiva. Según el Ministerio Público, estos formaron parte de una organización criminal que se financiaba a través de la emisión irregular de licencias de conducir en Junín.

Entre estos, uno de los más notorios es Arturo Cárdenas Tovar, secretario de organización de Perú Libre y protagonista de la mayoría de las llamadas interceptadas legalmente, según informó la Unidad de Investigación de El Comercio. Actualmente, se encuentra no habido.

Cárdenas –quien es uno de los hombres de confianza de Vladimir Cerrón– ha sido identificado por la División de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía y el Ministerio Público como uno de los operadores principales dentro de la presunta organización criminal. De acuerdo a la tesis de la fiscalía, el cargo de secretario de Organización Nacional en el partido le otorgó “poder político” para determinar la “permanencia de otros miembros de la organización en puestos laborales”.

En el 2019, fue asesor en el Gobierno Regional de Junín, durante la gestión de Cerrón. Más adelante, pese a no tener un cargo formal en la entidad, decidía sobre los puestos de trabajo en esta y en la Municipalidad de Huancayo.

A finales de junio, la vicepresidenta de la República Dina Boluarte señaló que el partido del lápiz estaba “viendo” la separación de Arturo Cárdenas de la organización. Según el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, la afiliación y dirigencia de Cárdenas Tovar en Perú Libre continúan vigentes.

El pedido de prisión preventiva también recae sobre Eduardo Bendezú Gutarra, fundador de Perú Libre y exdirector de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Junín. El pasado julio, tras más de 20 días de permanecer en la clandestinidad, Bendezú reapareció en la primera audiencia virtual de prisión preventiva en su contra.

Otra fundadora y dirigente de Perú Libre incluida en el requerimiento es Marina Vásquez López, quien fue detenida en Tarma a finales de junio tras permanecer 15 días en la clandestinidad. Según el Ministerio Público, Vásquez aprovechó el cargo de jefa de Recursos Humanos en la Dirección Regional de Transportes de Junín (DRTJ) para darle puestos laborales a personas afines a la organización. La funcionaria también habría autorizado la contratación de militantes y simpatizantes de Perú Libre.

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A continuación, la lista completa de implicados en el pedido de prisión preventiva:

• Eduardo Daniel Reyes Salguerán
• Rumualdo Vilcapoma Manrique
• Arturo Willian Cárdenas Tovar
• José Eduardo Bendezú Gutarra
• Marina Asunción Vásquez López
• Francisco Muedas Santana
• Delio Antonio Caysahuana Martínez
• José Lagunas Alvarado
• Richard Guillermo Mendoza Ticse
• Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán
• José Eduardo Terrazos Jesús
• Raúl Armando Córdova Luna
• César Fulgencio Maita Barreto
• Eidelber Misael Núñez Gutierrez
• Máximo Rojas Paucar
• Guillermo Víctor Munguía Arteaga
• Alejandro Rojas Benítes
• Hernán Víctor Huaranga Lizarbe
• Jack Christian Quispe Baltazar
• Alfredo Rivera Santana

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2. ¿Por qué no se incluyó a Vladimir Cerrón en el pedido?

A finales de julio, el secretario general de Perú Libre Vladimir Cerrón fue incluido como investigado en el caso Los Dinámicos del Centro. Dicha incorporación, sin embargo, ocurrió después de que la fiscal Bonnie Bautista presente el primer pedido de prisión preventiva contra 20 implicados. Como se recuerda, este primer requerimiento fue declarado infundado la jueza July Baldeón, decisión que fue anulada posteriormente.

En agosto, el caso Los Dinámicos del Centro —hasta entonces a cargo de la fiscal de Junín Bonnie Bautista— fue derivado a Lima. Así, el caso pasó a manos del Cuarto Despacho de Investigación de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo de la fiscal Vanessa Milagros Diaz Ramos. Es esta representante del Ministerio Público quien presentará el pedido de prisión preventiva este miércoles.

Ahora bien, según fuentes de El Comercio, el pedido que se verá este miércoles es el mismo que fue presentado en julio, solo que esta vez será expuesto ante un juzgado diferente. Y en el requerimiento de julio no fue incluido Vladimir Cerrón, pues para ese momento el secretario general de Perú Libre aún no había sido incorporado como investigado en el caso.

No obstante, según el abogado penalista Carlos Caro, la fiscal Diaz podría presentar en la audiencia un requerimiento ampliatorio para incluir a Cerrón Rojas. En caso ello ocurriese, la audiencia tendría que ser suspendida para convocar a la defensa del exgobernador de Junín. Lo mismo ocurriría si se presenta una ampliación con nueva evidencia en contra de los otros investigados.

“Ese documento (el requerimiento de prisión preventiva) se podría haber actualizado, no es un documento vinculante. La fiscalía a cargo del caso podría actualizar y podría incorporar a Cerrón, siempre y cuando piense que existen pruebas suficientes tanto de los delitos cometidos como del peligro procesal”, indicó Caro.

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3. ¿Por qué se volverá a evaluar el pedido de prisión preventiva?

Esta no es la primera vez que el Ministerio Público solicita la medida de prisión preventiva contra los 20 implicados. El 14 de julio, el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín, a cargo de la jueza July Baldeón, declaró infundado el mismo el pedido de la fiscalía.

Sin embargo, a principios de agosto, la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos Corrupción de Funcionarios de Junín declaró nula dicha decisión y ordenó que otro juzgado evaluara el requerimiento “con independencia e imparcialidad”.

De acuerdo a la Sala de Apelaciones, la resolución de la jueza Baldeón tenía “una motivación incongruente, inexistente, aparente e insuficiente”.

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4. ¿Quién es el juez a cargo de resolver el pedido?

Esta vez, quien deberá declarar fundado o infundado el pedido de prisión preventiva contra los 20 implicados es Jorge Chávez Tamariz.

Chávez está a cargo del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios desde marzo del 2019, cargo que asumió en reemplazo del juez Manuel Chuyo Zavaleta.

Antes de asumir este despacho, Chávez estuvo a cargo del Sexto Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa, en Chimbote. En este juzgado, tuvo a su cargo el caso de la organización criminal los Chacales del Desierto, dedicada al tráfico de terrenos del Proyecto Especial Chinecas.

En el 2019, Chávez cobró notoriedad luego de dictar una orden de detención preliminar por diez días contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynksi. Desde entonces, ha estado a cargo de decisiones en casos de relevancia nacional.

En febrero del 2021, el magistrado ordenó ocho meses de impedimento de salida del país para José Antonio Nava Mendiola, Carlos Ernesto Nava Guibert y Rodrigo Pérez Albela, investigados por presunto lavado de activos en el caso Odebrecht.

A fines de julio, anuló la orden de arresto domiciliario que cumplía el hoy congresista de Podemos Perú, José Luna Gálvez, en el marco de la investigación en su contra por presuntos delitos para favorecer la inscripción de su partido. En cambio, le impuso un régimen de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país.

Hacia finales de agosto, Chávez declaró infundado el pedido de la fiscalía para imponer prisión preventiva contra ocho abogados investigados por el caso “Arbitrajes”. Según explicó el juez, el Ministerio Público no logró acreditar el peligro de fuga y la obstaculización del proceso.

La semana pasada, Chávez Tamariz declaró infundado el recurso de tutela de derechos presentado por César Acuña. Mediante este recurso, el líder de Alianza para el Progreso había pedido que se solicite a la fiscalía precisar los hechos por los que se le investiga en el caso Chavimochic.

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5. ¿Cuáles son los fundamentos de la fiscalía para pedir la prisión preventiva?

Al tratarse de 20 personas incluidas en el requerimiento, la fiscalía debe justificar los motivos por los que se pide prisión preventiva por cada una de ellas.

En la mayoría de casos, el Ministerio Público alega que los implicados no tienen arraigo o que se encuentran no habidos. En este último caso, se argumenta que esto “evidencia la voluntad de obstrucción de la investigación y posibilidad de evasión de la justicia”.

Por otro lado, la fiscalía alega que la medida es necesaria, pues existe peligro en la actividad probatoria. Esto en base a la declaración del colaborador eficaz N°02-2021-FPCEDCFJ2D, quien señaló que “existen ofrecimientos a otros investigados que cuando entre el partido Perú Libre a la Presidencia de la República van a hacer todo lo posible para librarlos”.

Asimismo, se hace referencia a los mensajes de WhatsApp en los que los investigados coordinan la destrucción de evidencia antes del allanamiento fiscal.

“Con lo cual se evidencia la preocupación de uno de los integrantes de la presunta organización criminal por ocultar y/o destruir toda evidencia de la actividad ilícita que pueda vincular a miembros del Partido Perú Libre, a la cual el imputado se encuentra afiliado”, se lee en el documento fiscal.

Según la fiscalía, la medida de prisión preventiva “impedirá que los miembros de la presunta organización criminal evadan la acción de la justicia, asegurando la presencia de todos ellos, en el proceso penal, asimismo que no obstaculicen los actos de investigación; por cuanto se ha evidenciado los graves y fundados elementos de conviccion y la manipulación que pueden ejercer contra los diversos testigos que se tienen en la presente investigación”.

Por último, se argumenta que la medida es pertinente, pues evitará que los investigados “puedan fugarse u obstaculizar el proceso por el hecho de pertenecer a una presunta organización criminal dedicada a cometer delitos contra la administración pública, así como de frustrar el desarrollo de las demás etapas procesales, atendiendo a que la prognosis de pena es elevada respecto de cada uno de éstos”.

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6. ¿Cuál es la hipótesis fiscal en el caso Los Dinámicos del Centro?

Según el Ministerio Público, en el Gobierno Regional de Junín se enquistó una organización criminal dedicada a obtener ganancias a través de la emisión irregular de licencias de conducir.

De acuerdo a la fiscalía, por un lado, la organización captaba postulantes que buscaban obtener brevetes, de quienes “obtenían sendas sumas de dinero”. Por otro lado, se realizaba un “direccionamiento y favorecimiento en la contratación de personal bajo la modalidad CAS a personas afines” a Perú Libre.

Las ganancias obtenidas a través de las actividades delictivas habrían tenido dos finalidades: solventar los gastos judiciales de los procesos que enfrentan los líderes del partido Perú Libre y financiar las campañas electorales de los últimos años, incluyendo la de Pedro Castillo.

“La presunta organización criminal denominada “Los Dinámicos del Centro” vendría operando desde hace muchos años atrás y varios de sus integrantes se encontrarían enquistados en un seudo sindicato en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Junín durante los diferentes periodos gubernamentales regionales, quienes por ser trabajadores nombrados rotarían y pugnarían por ocupar puestos estratégicos al interior de la DRTC, por cuanto les asegura la obtención de ventajas económicas indebidas de forma permanente, adicionalmente al sueldo que cobran por el desempeño de sus funciones, sindicato que tendría el poder de “sacar” a los directores que son colocados por el gobierno regional de turno si es que no se ajustan a sus intereses (…)”, señala el requerimiento fiscal.

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7. ¿Qué delitos se le imputa a los investigados?

El Ministerio Público investiga a los implicados en el caso Los Dinámicos del Centro por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo propio y negociación incompatible.

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