Eduardo Bendezú aseguró que no las autoridades no lo hallaron en su vivienda el día que se ejecutó la orden de detención preliminar en su contra porque se encontraba realizando actividades políticas. (Foto: Captura)
Eduardo Bendezú aseguró que no las autoridades no lo hallaron en su vivienda el día que se ejecutó la orden de detención preliminar en su contra porque se encontraba realizando actividades políticas. (Foto: Captura)
Delsy Loyola Jorge

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El fundador de Perú Libre (PL) y ex director regional de Transportes de Junín Eduardo Bendezú reapareció ayer de manera virtual en la audiencia en que se evalúa el pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra, tras más de 20 días en la clandestinidad. El investigado estuvo no habido luego de que el Poder Judicial ordenara su detención preliminar por 15 días por su presunta pertenencia a la organización criminal .

La fiscal adjunta del caso, María Huamán, sustentó el requerimiento contra el dirigente de PL y aseguró que Bendezú no cuenta con “arraigo de calidad”, por lo que existiría un riesgo de que evada la acción de la justicia.

Ante ello, su abogado, Percy Ipanaqué, argumentó que el investigado sí tiene arraigo domiciliario, ya que vive con su madre y “se encarga de su tratamiento médico”.

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Luego, Bendezú intervino y explicó que no fue hallado en su domicilio el 15 de junio, fecha en la que se ejecutó la detención preliminar contra 38 investigados del caso, porque se encontraba realizando actividades políticas de .

“Yo no creo que exista un riesgo de fuga. En la fecha de la intervención, yo me encontraba en otra ciudad, creo que también por conocimiento público, como parte de la campaña de mi partido [...] Lo que se está haciendo desde mi perspectiva es un acto de injusticia”, aseguró.

También consideró que no existe “nada legal” en la investigación, “más bien posiblemente haya indicios políticos”. Sobre su arraigo laboral, señaló: “He trabajado, soy abogado, soy una persona conocida, siempre he estado trabajando como abogado y las veces que me ha tocado ser funcionario público siempre he tenido este domicilio”.

Sin embargo, la fiscal Huamán precisó que no hay documentos ante la Sunat que acrediten que labora como abogado. “No ha presentado ningún documento que acredite que emita recibos por honorarios en su participación como abogado, asesor o en lo que se pueda considerar”, afirmó.

En tanto, Ipanaqué indicó que su patrocinado no se entregó a las autoridades porque “todo ciudadano tiene derecho a salvaguardar su derecho a la libertad personal cuando considera que una medida es ilegal o arbitraria” y aseguró que, de variar la medida, “se pondrá a derecho”.

“Esto no puede ser objeto para decir que va a sustraerse de la acción de la justicia cuando bien su judicatura, en esta audiencia, puede variar su situación. Y se pondrá a derecho y va a colaborar, pero, sin embargo, ¿qué hubiera sucedido si era detenido durante todo este lapso de tiempo y su judicatura efectivamente verifica lo que estamos diciendo y le otorga la libertad?”, cuestionó.

Otra de las personas que apareció en la audiencia virtual fue Marina Vásquez, ex jefa de Personal de la Dirección Regional de Transportes, quien participó desde la carceleta de la comisaría de Familia de la ciudad de Huancayo. A ella se le imputa el presunto delito de organización criminal y negociación incompatible.

Vásquez en Tarma, tras 15 días de permanecer no habida. Según explicó, se encontraba de vacaciones. “Desde los primeros días del mes de junio me encuentro de vacaciones. En ningún momento ha sido mi intención obstaculizar. Además de ello, debo decir que yo no cuento con pasaporte”, señaló.

“Se me indica que soy parte de una organización criminal que se dedicaba al tráfico de licencias de conducir. Tengo un vehículo desde el 2017 y a la fecha no cuento con licencia de conducir”, agregó.

Para la fiscalía, Marina Vásquez estaría dentro del grupo de los colaboradores principales de la presunta organización criminal. (Foto: Captura)
Para la fiscalía, Marina Vásquez estaría dentro del grupo de los colaboradores principales de la presunta organización criminal. (Foto: Captura)

Diligencias

La fiscal Huamán indicó que, como parte de los actos de formalización de la investigación, se realizará el deslacrado de las muestras obtenidas de la Dirección de Transportes de Junín y de Satipo, que fueron allanadas.

También se ha requerido el levantamiento del secreto bancario de los investigados, así como la visualización y reconocimiento de todos los audios que forman parte de la investigación, con
la presencia de los imputados y sus abogados.

Este miércoles la jueza July Baldeón, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín, continuará con la audiencia del pedido de prisión preventiva.

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