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El último fin de semana, la fiscal Bonnie Bautista —a cargo del Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín— expuso en una audiencia los argumentos del Ministerio Público para solicitar al Poder Judicial la medida de prisión preventiva contra 20 investigados en el caso Los Dinámicos del Centro.
Entre los implicados se encuentran personas que cumplieron funciones como trabajadores en el Gobierno Regional (GORE) de Junín, y que, a su vez, eran afiliados o dirigentes de Perú Libre.
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El Comercio conversó con tres abogados penalistas respecto a las consecuencias o implicancias legales que podría tener este caso en base a tres hechos revelados hasta el momento en el caso Los Dinámicos del Centro: las cuentas bancarias de Vladimir Cerrón y el pago de la reparación civil del condenado exgobernador, el supuesto financiamiento ilícito de la campaña presidencial de Perú Libre y presunto favorecimiento de puestos de trabajo.
1. Vladimir Cerrón, sus cuentas y el pago de la reparación civil
El pasado 19 de diciembre del 2020, Arturo Cárdenas Tovar —secretario de organización de Perú Libre— y Guido Bellido —congresista electo por la región Cusco—, habrían coordinado recolectar los S/850 mil que Vladimir Cerrón tenía que pagar al Estado como reparación civil. Él fue sentenciado el 2019 por el delito de negociación incompatible por una obra de saneamiento en La Oroya. Hasta el 12 de junio, S/ 645.075 fueron pagados. El Comercio informó que, hasta el momento, los implicados no habían explicado sobre el origen del dinero.
Guido Bellido: “[...] Vladimir me llamó y me indicó para que sacara sala para hoy día en la noche”.
Arturo Cárdenas: “¿La agenda?”.
Guido Bellido: “La agenda es el asunto, pe. Pucha, los 850 mil (soles) de caución que hay que pagar”, replica Bellido a Cárdenas. Luego agrega que “hemos estado viendo que la recaudación la haga la secretaría de Economía [del partido] de cada región”.
Arturo Cárdenas: “Ya”
Guido Bellido: “Sí, entonces lo que hemos estado viendo con Vladimir, dividiendo entre cada región más o menos un promedio de 35 mil [soles] habría que recaudar en cada región”.
[...]
En marzo, trabajadores del GORE Junín habían denunciado ser acosados por militantes de Perú Libre para el depósito de parte de sus haberes en dos cuentas de ahorros. El fin de dinero sería pagar la reparación civil de Cerrón y los coimputados.
Dina Boluarte, candidata a la Vicepresidencia de la República por Perú Libre, reconoció en un comunicado que en noviembre del 2020 Cerrón solicitó a los militantes colaboraciones de dinero para el pago de su reparación civil.
Para ello, el Comité Ejecutivo Regional (CER) de Lima, cuya secretaria era Boluarte, acordó abrir una cuenta mancomunada junto al militante Braulio Grajeda. 104 personas aportaron con un total de S/15.791,92. La cuenta fue cerrada el 6 de enero. Boluarte rechazó que estos aportes tengan relación con el caso Los Dinámicos del Centro.
Importante. pic.twitter.com/izqBvbSXcT
— Dina Boluarte Z. (@DinaErcilia) July 4, 2021
El abogado penalista Carlos Caro refirió que el problema no es que una persona recurra a donaciones para pagar la reparación civil, sino que el dinero “solidario” podría tener un origen ilícito.
“El caso Los Dinámicos del Centro está vinculado a una investigación por lavado de activos y por corrupción, entonces ese aporte puede estar manchado y el juez puede rechazar el pago de la reparación civil por considerarlo sospechoso”, dijo. En caso ocurra esto último, lo que corresponde es realizar el extorno del dinero y no imputarlo al pago de la reparación.
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En este caso, tanto quienes realizaron los aportes como el sentenciado exgobernador podrían ser investigados, consideró Caro. Además, anotó que ya se abrió una investigación por presunto lavado de activos. Esta indagación fue iniciada por la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo debido a movimientos bancarios sospechosos, realizados entre diciembre del 2018 y junio del 2020.
Por otro lado, Caro remarcó que la expresión “aporte solidario” —como lo señaló Boluarte— no existe. “Lo que la ley tiene como concepto es una “donación”. Pero por el sistema de prevención de lavado tiene que seguir una serie de reglas. Tiene que haber trazabilidad. Tengo que ver de dónde sale el dinero. Cerrón, desde el punto de vista jurídico, se le considera un Personaje Expuesto Políticamente (PEP), este es un concepto legal”, señaló.
Es decir, al ser una donación a un PEP, tiene que haber trazabilidad y estar sujeto a reglas.
En tanto, el abogado penalista Rafael Chanjan, investigador del Idehpucp, coincidió con Caro en el sentido de que recolectar dinero por personas que voluntariamente lo hacen para pagar la reparación civil de algún condenado no es un delito persé. Sin embargo, lo que se debe indagar es si el dinero aportado “más bien no suponía dinero que se recababa con determinado actos de corrupción. Eso es distinto y cambiaría la figura, porque ahí sí podríamos estar ante lavado de activos”, indicó.
Es decir, si es que existen indicios respecto a que el dinero tendría un origen ilícito. “O si por el contrario es patrimonio personal, lícito, de cada uno de los aportantes. Si fuese así, no vería connotación de lavado de activos”, añadió.
Chanjan anotó que Vladimir Cerrón es, supuestamente, el beneficiario final del dinero recolectado. Pero se debe analizar también el grado de involucramiento que podría haber tenido él en los hechos: el grado de coordinación previa que pudo haber o planificación sobre la recolecta de dinero. “Pero lo fundamental es poder determinar si es que había un origen ilícito de estos bienes o no”, recalcó.
“Habría que indagar si es que ese dinero aportado para la reparación civil más bien no suponía dinero que se recababa con dterminados actos de corrupción. Eso es distitno y cambiaría la figura, porque ahí sí podríamos estar ante lavado de activos”, exclamó.
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2. Presuntos aportes ilícitos a la campaña de Perú Libre
La Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en delitos de Lavado de Activos inició este mes una nueva pesquisa por “presuntos aportes de origen ilícito a campañas políticas”.
Según la fiscalía, Los Dinámicos del Centro operaban en dos espacios: obtener de personas que buscaban sacar brevetes ”sendas sumas de dinero”; y el “direccionamiento y favorecimiento en la contratación de personal bajo la modalidad CAS a personas afines” a a Perú Libre. El objetivo, según la fiscal Bautista, sería financiar la reciente campaña presidencial.
“¿Cuál era el objetivo? Financiar la campaña política del partido de turno en esta gestión 2019-2022 que, como todos sabemos, ha postulado a la presidencia y las elecciones congresales. Actividad que se habría incrementado en abril del año 2021 a consecuencia de que este partido político pasa a la segunda vuelta y se da la orden para que se recaude más dinero de esta forma”, dijo la fiscal.
Además, aspirantes a colaboradores eficaces manifestaron que se les exigió recaudar más dinero para la segunda vuelta electoral. Según tesis fiscal, la orden fue reunir “dinero a toda costa para la campaña política del 2020 y 2021”.
¿Existe alguna similitud entre este caso y el de Fuerza Popular? El penalista Carlos Caro que la similitud podría estar en la medida de que habría ingresado dinero en efectivo. Pero, advierte un diferencial respecto al caso de Fuerza Popular: en el 2019, se aprobó la ley de financiamiento ilegal de partidos políticos. Esta ley modificó el Código Penal y creó el delito de financiamiento prohibido a organizaciones políticas.
Es decir, ese es el presunto delito que podría investigarse en el caso de Perú Libre, además de lavado de activos, “porque ese dinero tendría origen ilegal. Provendría de delitos de concusión, corrupción, colusión; entonces habría lavado de activos y el propio delito de financiamiento ilegal. Es decir, es una situación más grave que la de Fuerza Popular o el Partido Nacionalista”, consideró.
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Cuando se trata de un caso de presunto financiamiento ilegal, es la/el tesorero del partido quien debe responder, pues es la/el encargado de velar por las cuentas de la organización política.
¿El candidato presidencial podría verse implicado? “Para subir a la cúpula, tendría que probarse o tener un indicio de que Dina Boluarte o Pedro Castillo sabían o conocían de esto”, añadió Caro.
En tanto, por la vía administrativa, Caro comentó que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) podría, a través del área de fiscalización, iniciar también una investigación contra el partido e imponer eventuales sanciones. Estas pueden llegar hasta la suspensión del partido. Consideró que, con esta información que hay hasta la fecha, “podría [la ONPE] iniciar tranquilamente una investigación administrativa por financiación ilegal. Son dos temas que van en paralelo”.
El abogado penalista Rafael Chanjan señaló que si el presunto dinero ilícito sirvió para inyectar dinero a determinado partido se podría estar en un caso similar a Fuerza Popular o el Partido Nacionalista.
El desafío de la fiscalía será, añadió, evidenciar que hubo conocimiento de ello. “La presunción de estos aportes que venían de determinadas personas vinculadas a hechos de corrupción. Las responsabilidades pueden ser variadas. Pueden ser de personas en la base de la organización, mandos medios o altas esferas”, dijo.
Indicó que determinadas cuestiones objetivas pueden llevar a la inferencia o presunción del origen ilícito. “Todo eso son indicios objetivos, que en el caso de Fuerza Popular y el Partido Nacionalista han sido valorados para llegar a la inferencia de que existió la posibilidad de conocer el origen ilícito”, añadió.
Sin embargo, advirtió también diferencias respecto a Fuerza Popular. “Ahí se llegó hasta la máxima representante, Keiko Fujimori, porque era la líder y la máxima jerarquía. Igual en el Partido Nacionalista. Pero en el caso de Perú Libre el candidato presidencial es un invitado. Ahí se marca una diferencia, lo cual no descarta poder generar hipótesis fiscales al más alto ámbito. La figura de Vladimir Cerrón probablemente esté más complicada si se tiene en cuenta su cargo del partido y porque públicamente ha dicho que maneja el partido”, comentó.
La abogada Liliana Calderón anotó que encuentra diferencias entre este caso y el Fuerza Popular por el estado de la investigación. Respecto a Fuerza Popular, ya hay una acusación presentada por el Ministerio Público y un estándar probatorio alto. Además, según la fiscalía, testigos habrían sido coaccionados para cambiar su versión.
En el caso de Los Dinámicos del Centro, hay otra etapa procesal, que es inicial. “Lo que tenemos son colaboradores eficaces que han indicado que el dinero recaudado era para destinarlo a un partido político. Lo que faltaría es el otro tramo, que el dinero recaudado era destinado al partido. Ese otro tramo aún no lo conocemos”, dijo.
3. Supuesto favorecimiento de Perú Libre para puestos de trabajo
Cárdenas habría coordinado también la contratación de personas en entidades públicas de Junín, como el GORE y la Municipalidad de Huancayo. Conversaciones entre él y terceros demostrarían este favorecimiento para puestos de trabajo de personas afines a Perú Libre.
El 29 de junio, Marina Vásquez, militante de Perú Libre, fue detenida por la Policía Nacional. Ella sería parte de la organización criminal Los Dinámicos del Centro y habría usado su cargo como jefa de Recursos Humanos en la Dirección Regional de Transportes (DRTJ) de Junín para favorecer a terceros en puestos de trabajo.
Ella habría autorizado la contratación y remoción de personas previa coordinación con Cárdenas y Eduardo Bendezú, secretario nacional de Prensa de Perú Libre.
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La fiscalía sostiene que “para fines de permitir la continuidad de la presunta organización criminal, dichos investigados tienen el control sobre la contratación de personal que ingresa a la DRTJ, prefiriendo a militantes del partido político que desde el año 2019 tiene el control de esta institución pública”.
En diálogos a los que El Comercio tuvo acceso se escucha a Vásquez conversar con militantes sobre las plazas disponibles, las convocatorias CAS, las preguntas de entrevistas.
El abogado Carlos Caro señaló respecto a esta situación que los beneficiarios —quienes habrían logrado los puestos de trabajo—, pueden ser también investigados “porque es muy probable que ellos hayan conocido ese favorecimiento”.
“Nadie normalmente es favorecido en un puesto de trabajo sin saberlo. Si estas personas se han servido del favor, pueden ser investigadas por tráfico de influencias, colusión desleal, el marco legal es amplio para identificar caso por caso”, enfatizó.
Se incluiría en la indagación tanto a quienes hablan en los audios como a los que han tenido poder de decisión y beneficiarios. “Pueden ser investigados por delitos vinculados a la contratación pública. Colusión desleal y tráfico de influencias son los delitos que podrían investigarse. Si hubo cupos por eso, además se añadiría corrupción”, indicó.
Por su parte, el abogado penalista Rafael Chanjan mencionó que el delito de colusión sanciona tanto a los funcionarios que intervienen por razón de su cargo en una contratación pública, como a los propios particulares, que pueden ser empresas o las personas contratadas a través de un procedimiento amañado. Al igual que lo señalado por Caro, las consecuencias legales recaerían en servidores y beneficiarios.
“Ahí la sanción alcanza a ambos: funcionarios públicos y los propios beneficiarios. En el caso de los beneficiarios, no solo los que firmaron, sino mayor ámbito jerárquico. Podríamos hablar de presuntos delitos de colusión o también negociación incompatible, tráfico de influencias, cohecho si se determina el pago de coimas”, mencionó.
De acuerdo con el Código Penal, el delito de colusión simple tiene una pena de 3 a 6 años; y el agravado de los 6 a 15 años. El de cohecho, de 5 a 8 años. Es decir, son penas graves.
Finalmente, la abogada penalista Liliana Calderón dijo que si se solicitó un puesto a cambio de un beneficio, o quien tenía el poder de decisión ofreció o prometió dar un beneficio de contratación, “ambas partes habrían cometido un delito, que son los delitos de cohecho”.
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ACLARACIONESEste informe fue publicado el 6 de julio del 2021 luego de revelarse las investigaciones del caso Los Dinámicos del Centro. Ha sido republicado tras conocerse el allanamiento a locales del partido que lleva a cabo el Ministerio Público en Lima y Junín.
