Los Waykis en la Sombra-la presunta organización criminal encabezada por Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta- operó desde los inicios del gobierno de Dina Boluarte, según la investigación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop). La abogada asumió el poder el 7 de diciembre de 2022, tras el golpe de Estado del exmandatario Pedro Castillo.
La red, a lo largo de su existencia, tuvo tres objetivos: instrumentalizar a los prefectos y subprefectos regionales, provinciales y distritales para la formación del partido Ciudadanos por el Perú, controlar Provías Descentralizado (a través de Juan Enciso Zegarra) y la “neutralización” de las pesquisas en contra de sus miembros.
En la resolución judicial que dispuso la detención de Nicanor Boluarte y de Mateo Castañeda, abogado de la jefa de Estado, se remarcó que “a partir” de que Boluarte Zegarra jura como presidencia de la República, su hermano “asume la investidura del poder de facto” que esta le otorga y desde ese momento “emprenden un programa criminal para copar” la Dirección General de Gobierno Interior (DGIN) del Ministerio del Interior.
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Uno de los primeros pasos concretos que dio la administración de Boluarte Zegarra a favor de Los Waykis en la Sombra fue la designación de Jorge Luis Ortiz Marreros como director general de Gobierno Interior el 28 de diciembre de 2022. Es decir, cuando la ex funcionaria de Reniec apenas tenía 21 días en Palacio de Gobierno y en medio de las protestas sociales.
Ortiz Marreros, quien se entregó a la justicia la noche del último sábado, tenía como función en la DGIN “planificar y conducir el proceso de designación, capacitación y evaluación de autoridades políticas como funcionarios de confianza”. Él habría sido utilizado para nombrar a prefectos y subprefectos que previamente se hayan “alineado” a las órdenes del “hermano presidencial”.
(Foto: El Comercio)
De acuerdo con la hipótesis del Eficcop, el ingreso de Ortiz Marreros a la DGIN fue “el primer punto para buscar el copamiento” de las prefecturas y subprefecturas a nivel nacional por parte de Nicanor Boluarte, con el objetivo de lograr la constitución de su partido político Ciudadanos por el Perú.
Sin este hecho, según el Ministerio Público, el “hermanísimo” no habría logrado formar su agrupación política, porque no habría dispuesto de personas en todo el país que reúnan las firmas de adherentes necesarias.
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No adoptó medidas
Según la pesquisa del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, dirigido por la fiscal superior Marita Barreto, el “hombre atrás” de Ortiz Marreros fue Nicanor Boluarte. El hoy ex director general de Gobierno Interior “obedecía las órdenes y los vistos buenos” del llamado “hermano presidencial”.
El ex alto funcionario, además, “no adoptó” medidas correctivas, luego de que se denunciaran actos ilícitos por parte de los operadores regionales de Boluarte, entre ellos Noriel Chingay Salazar, prefecto regional de Cajamarca, y la profesora Griselda Herrera Vásquez, ex jefa de la Unidad Territorial de San Martín de Qali Warma.
Por ejemplo, Armando Villalobos Leyva, ex prefecto regional de San Martín, acusó el cobro de cupos mensuales y las amenazas que recibió si no cumplía con las metas de rellenar padrones electorales.
“No obstante, este funcionario encargado y competente para designar y cesar en las funciones a estas autoridades políticas, no hizo nada al respecto, muy por el contrario, dispuso el cese de dichas autoridades locales que eran ‘incomodos’ y no se alienaban a los intereses de los operadores regionales y de Nicanor Boluarte Zegarra”, subrayó el Eficcop.
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El Ministerio Público también apuntó a que, en San Martín, hubo cobros de cupos de entre los S/150 a S/200, mientras que en Cajamarca estos ascendieron a entre S/3,500 y S/5,000. Estos fondos habrían sido utilizados para la constitución del partido Ciudadanos por el Perú “y los gastos de sus dirigentes”.
En contra de Nicanor Boluarte Zegarra- investigado por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias- existen 167 elementos de convicción. Entre ellos una serie de chats de Herrera Vásquez, a través de los cuales coordina la designación de prefectos y subprefectos y hace referencia al “hermano presidencial” como eje central de la trama de corrupción.
También figuran los voucher de los depósitos que los funcionarios le hicieron a la profesora, así como la declaración del colaborador eficaz 02-2024-Eficcop. Este, el último 23 de abril, detalló las circunstancias en las cuales diversas personas entregaron sumas de dinero, con la finalidad de obtener como contraprestación la promesa o la designación como subprefectos” en Cajamarca.
Boluarte, Ortiz Marreros, Herrera Vásquez y Chingay Salazar permanecen detenidos de forma preliminar en la sede de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), en la prefectura de Lima, en el centro de la capital.
El hermano de la presidenta ha negado todos los hechos que se le imputan y ha referido que “no tengo ninguna organización criminal”.
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Por medio de una carta, Mateo Castañeda indicó que él no es asesor de la presidenta Boluarte ni funcionario de su gobierno, sino “un abogado litigante en ejercicio”.
“No soy miembro de ninguna organización criminal. Por eso no conozco a ninguno de sus 21 supuestos miembros, excepto únicamente a Nicanor Boluarte, porque soy abogado de su hermana, la presidenta de la República. Me defenderé de estas ‘orquestadas’ imputaciones, en mi caso no hubo necesidad de detenerme”, remarcó.
Castañeda, con el aval de la presidenta, según fuentes consultadas por El Comercio y las pruebas que el Eficcop tiene en su poder, buscaba principalmente que se archivara la investigación abierta a Nicanor Boluarte en noviembre del 2023 por los delitos de colusión agravada y tráfico de influencias.
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De otro lado, la Fiscalía de la Nación incautó los aretes dorados con diamantes comprados por el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, en la Casa Banchero, y que luego habrían sido entregados a la presidenta Dina Boluarte.
Esta acción se realizó en el marco de la investigación en contra de la jefa de Estado por los presuntos delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito a raíz del Caso Rolex.
