Otro de los argumentos de la fiscalía para pedir la medida restrictiva contra Luciana León es el caso de los trabajadores fantasmas.
Otro de los argumentos de la fiscalía para pedir la medida restrictiva contra Luciana León es el caso de los trabajadores fantasmas.
Mario Mejía Huaraca

Periodista

mario.mejia@comercio.com.pe

La fiscal de la Nación, , solicitó al Poder Judicial se imponga la medida restrictiva de impedimento de salida del país por el plazo de 36 meses contra la integrante de la Comisión Permanente , investigada por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio, tráfico de influencias, peculado y organización criminal.

Justamente este viernes, el juez Supremo de Investigación Preparatoria, , evaluará en audiencia pública el requerimiento fiscal contra Luciana León–actualmente con la licencia suspendida en el Partido Aprista–, a quien se imputa integrar la presunta organización criminal denominada , que habría encabezado el exalcalde del distrito Elías Cuba.

¿Cuáles son las razones esgrimidas por la máxima autoridad del Ministerio Público para pedir la medida limitativa? A continuación presentamos los principales argumentos jurídicos expuestos en el requerimiento presentado ante el juez supremo Núñez para que disponga que León Romero no abandone el país en el plazo señalado.

1 El inicio de la investigación

Las diligencias preliminares se iniciaron el 16 de octubre del 2019, luego de que el fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima puso en conocimiento del despacho de la Fiscalía de la Nación la presunta comisión de hechos ilícitos por parte de la congresista Luciana León en el ejercicio de su función para favorecer a la organización Los Intocables Ediles. Inicialmente el plazo de la investigación se estableció en 60 días. El 28 de enero de este año se ampliaron las imputaciones y también el plazo de las indagaciones. La fiscal Zoraida Ávalos estableció que el plazo de investigación sea de 36 meses, que será computado desde el 16 de octubre del 2019.

2 Trabajadores fantasmas

Se ha comprendido como nuevo hecho en la investigación el denominado caso de los trabajadores fantasmas por el presunto delito contra la administración pública en su modalidad de peculado.

La fiscalía señala que se advierten nuevos elementos de convicción que evidencian la presunta comisión de los delitos atribuidos a Luciana León que no se tuvieron en cuanta al momento de iniciar las investigaciones. Esos hechos tienen relación con la contratación ficticia de trabajadores en el Congreso así como la evidencia de su presunta vinculación con la organización criminal.

El Ministerio Público indica que hay abundante documentación que permite imputar a León haber contratado personal de confianza para su despacho congresal que no realizaba labores efectivas. Tales trabajadores serían Albert Carranza Mosquera (auxiliar), María Ángela Ayala Díaz (asistente), Ricardo Zeta Silva (técnico) y Hernán Morón Peña (asistente). Este último, según informó El Comercio, fue detenido por robo agravado en agosto del 2019 tras ser contratado como asistente de León.

De acuerdo a la fiscalía, el dinero correspondiente a sus haberes era entregado a la parlamentaria en sobres chicos amarillos con el logotipo del Congreso. Dicha acción se habría realizado desde el 2017 hasta el 30 de setiembre del 2019, fecha en que dichos trabajadores fantasmas fueron cesados al cerrarse el Congreso.

Este punto de los trabajadores fantasmas es uno de los fundamentos esgrimidos por la fiscalía para solicitar el impedimento de salida del país de la integrante de la Comisión Permanente del Congreso.

3 Gestiones a favor de la municipalidad

La fiscalía imputa a León haber gestionado con el apoyo de sus asesores, entre el 2017 y 2018, el financiamiento de obras públicas ante los Ministerios de Economía y Finanzas, Ministerio de Vivienda y Ministerio de Transportes y Comunicaciones a favor de la Municipalidad de La Victoria. Esos financiamientos luego eran otorgados para su ejecución a empresas y consorcios vinculados a Alexander Peña Quispe, quien era financista y líder de Los Intocables Ediles de la Victoria junto al exalcalde Elías Cuba.

Según la tesis de la fiscalía, León Romero habría recibido como retribución por sus gestiones S/20.000 mensuales. Además, habría recibido de Peña entre US$10.000 a US$15.000 para los gastos de su matrimonio realizado en noviembre del 2017.

Las obras que la investigada habría gestionado ente los ministerios a favor de la Municipalidad de La Victoria para la obtención de su financiamiento son tres. La primera es la obra mejoramiento del entorno urbano del jirón 3 de Febrero, entre las avenidas 28 de Julio y Nicolás Arriola que estuvo a cargo del Consorcio La Victoria.

Una segunda obra es la de mejoramiento del entorno urbano del jirón Unanue, entre Paseo de la República y la avenida San Pablo, que estuvo a cargo del Consorcio Unanue. Una tercera obra es la de servicio de transitabilidad de un tramo de la Avenida Paseo de la República y Bausate y Meza de la Municipalidad de La Victoria.

4 Organización criminal

Quizás el fundamento principal para pedir el impedimento de salida del país sea el hecho de que el despacho de la fiscal de la Nación amplió el 28 de enero marco fáctico de la imputación. Ese día dispuso que Luciana León pasara a la condición de investigada como presunta integrante de la organización criminal Los Intocables de la Victoria.

La fiscalía dice que se ha determinado que la organización criminal estaría dirigida por Elías Cuba quien era alcalde de La Victoria y la cara visible de la organización, y Alexander Peña, quien en su condición de particular se encontraría a cargo de la cara oculta de la organización. Los dos habrían gestado el plan criminal y dispuesto la ejecución de los actos ilícitos que se les imputa, relacionados con el cobro ilícito de arbitrios y cobro por derecho de estacionamiento así como para el alquiler de espacios públicos para módulos de venta y ferias. Para ello se contó con una serie de funcionarios y servidores públicos así como particulares, quienes integrarían la organización en otros niveles. El dinero recaudado era distribuido entre los miembros de la organización.

Para lograr sus fines, esa organización habría contado con un “área de protección policial”, cuyos miembros han sido identificados y están investigados. De las diligencias realizadas se ha llegado a establecer que también habría contado con un “brazo legal y político” que coadyuvaría con el cumplimiento de los objetivos de la organización.

5 Brazo legal y político

Para la fiscalía, el brazo legal y político habría tenido la función de de ampliar la red de contactos y vínculos de la línea de dirección con claros fines económicos, habiéndose identificado a Betsy Cecil Matos Franco como una de las personas que integró tal área, la misma que en su condición de asesora de Luciana León habría desplegado diversos actos tendientes a intermediar y favorecer a la organización teniendo contacto directo con Peña Quispe, el financista y operador encubierto detrás de Cuba Bautista.

Según la fiscalía, Luciana León habría integrado ese brazo legal y político de la organización. Con la colaboración de sus asesoras del Congreso Betsy Matos Franco y Jenny Guzmán Torres habría gestionado el financiamiento de obras públicas, la obtención de presupuesto para el proyecto de seguridad ciudadana de aproximadamente S/13 millones (Foniprel), la adquisición de camionetas para el servicio de Serenazgo a favor de la municipalidad de La Victoria