La Fiscalía le atribuye a Luciana León los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo impropio y peculado doloso. (Foto: GEC)
La Fiscalía le atribuye a Luciana León los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo impropio y peculado doloso. (Foto: GEC)
Redacción EC

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria evaluó el pedido del Ministerio Público para ampliar por 8 meses más la investigación preparatoria contra la excongresista por el caso .

Como se recuerda, la exparlamentaria del Partido Aprista (PAP) es investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo impropio y peculado doloso. Su defensa se allanó a la solicitud de la fiscalía.

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“La defensa de señora Luciana León no ha formulado oposición alguna a ninguno de los extremos del requerimiento formulado por el Ministerio Público. Estamos de acuerdo con la prórroga y el plazo”, dijo el abogado Manuel Asmat Rubio.

En octubre del 2023 la Procuraduría General del Estado (PGE) planteó que la exparlamentaria pague una reparación civil al Estado peruano ascendiente a S/ 1.8 millones.

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León Romero es investigada por la Fiscalía de la Nación por presuntamente pertenecer a la organización criminal ‘Los intocables ediles’, que operaba en La Victoria, por la cual fue denunciada constitucionalmente ante el Congreso.

El pleno del Congreso, en junio del 2023, aprobó acusar constitucionalmente a León por tráfico de influencias y otros delitos, pero en la Comisión Permanente se archivaron los cargos por supuesta organización criminal.

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La tesis fiscal considera a la excongresista como supuesto brazo político de la organización al haber favorecido y gestionado en el 2017 financiamiento de obras públicas en la Municipalidad de La Victoria ante ministros y otros funcionarios.

Luciana León habría realizado este apoyo luego que Alexander Peña Quispe, presunto cabecilla de ‘Los Intocables Ediles’, le pidiera ayuda a cambio de beneficiar a su hermano, Rómulo León Romero, en otra contratación.