Luis Picón: congresista es condenado a cuatro años de prisión suspendida por negociación incompatible

En adelanto de fallo, el juez Luis Pasquel Paredes, del Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de Huánuco, dictó cuatro años de prisión suspendida contra el congresista Luis Picón (Podemos Perú), por el delito de negociación incompatible, por hechos ocurridos cuando fue presidente regional de Huánuco (2011 - 2014).

La sentencia incluyó la inhabilitación de la función pública por tres años y el pago de S/ 100 mil por concepto de reparación civil, que deberá abonar en forma solidaria con otros involucrados en el caso.

El juez concluyó que “existe responsabilidad” de Picón en la irregular licitación de una obra pública en el distrito de José Crespo y Castillo en el 2014, por S/ 1.8 millones, a favor del Consorcio San Antonio.

En el juicio oral por este caso, la fiscalía anticorrupción sustentó que Picón y otros funcionarios del Gobierno Regional de Huánuco se interesaron en la licitación irregularmente e iniciaron el proceso de contratación sin contar con la certificación presupuestal.

Durante las audiencias, Picón defendió su inocencia. “Mi persona, en este procedimiento de licitación, no intervino ni directa ni indirectamente, toda vez que no participé en el expediente técnico, no participé en el otorgamiento de la buena pro y mucho menos suscribí el contrato de obra con la empresa ganadora de la buena pro”, dijo.

No obstante, el magistrado determinó que la conducta de Picón y otros tres sentenciados “violó el ordenamiento jurídico y produjo daño institucional”.

Los otros sentenciados son Rogelio Guzmán Jiménez, Jaime Céspedes Roldán y Gennadio Orihuela Mercado, exmiembros del comité a cargo de la licitación. Ellos también recibieron cuatro años de prisión suspendida por negociación incompatible.

El magistrado Pasquel programó la lectura íntegra de la sentencia para el viernes 14 de junio a partir de las 6.00 p.m.. En esa audiencia, la defensa legal del congresista podría anunciar la apelación.

Este Diario intentó comunicarse con Picón, pero no respondió nuestras llamadas ni mensajes hasta la publicación de esta nota.

El reglamento del Congreso señala que un legislador es reemplazado por su accesitario solo si recibe sentencia firme a pena privativa de la libertad efectiva. Este no es el caso de Picón.

El legislador ingresó al Parlamento como miembro de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), grupo que lo expulsó en abril del 2022 argumentando “posiciones políticas diferentes”, por votar en contra de la censura de Hernán Condori, otrora ministro de Salud.

En octubre último, estuvo detenido por no presentarse al inicio del juicio oral en su contra.

En noviembre pasado, Picón fue condenado a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida por negociación incompatible, por favorecer a una empresa en la compra de 34 ambulancias cuando fue presidente regional de Huánuco.

El Poder Judicial ordenó que Picón y otros cuatro autores y cómplices del delito de negociación incompatible debían pagar, en forma solidaria, una reparación civil de S/ 1 millón 154 mil. Además, se dispuso que cumpla reglas de conducta como comparecer al juzgado cada 30 días para informar y justificar sus actividades y no ausentarse de su lugar de residencia sin permiso del juez.

No obstante, Picón no es el único congresista del periodo 2021-2026 que es sentenciado mientras ejerce funciones.

Darwin Espinoza (Acción Popular) fue encontrado culpable en dos instancias por difamación agravada contra el exlegislador Otto Guibovich. En el 2022, el Poder Judicial determinó reservar el fallo condenatorio por el periodo de prueba de un año, a condición de que cumpla determinadas reglas de conducta.

En tanto, el Cuarto Juzgado Civil de Tacna confirmó en diciembre pasado una sentencia impuesta contra la congresista Nieves Limachi Quispe (Cambio Democrático - Juntos por el Perú) y ordenó que pague más de S/47.000 a favor de la Beneficencia Pública de Tacna, por un contrato de arrendamiento entre el 2013 y el 2019.

Además, en agosto del 2022, el Séptimo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura sentenció al entonces tercer vicepresidente del Congreso, Wilmar Elera, a seis años de prisión por colusión agravada.

En primera instancia, el juez Ronald Soto Cortez encontró culpable a Elera por irregularidades en la obra “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Pacaipampa - Ayabaca - Piura”, donde trabajó como supervisor en el 2012.

Más de un año después, Elera permanecía prófugo de la justicia, con una orden de ubicación, captura e internamiento en un penal. El Congreso lo vacó del cargo y recientemente la Corte Suprema ordenó que se realice un nuevo juicio oral.

Y en dos instancias, el Poder Judicial encontró culpable a Raúl Doroteo (Acción Popular) del delito de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica. En noviembre del 2022 le impuso cuatro años de pena privativa de libertad suspendida, y en enero del 2023, la condena fue ratificada.