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Luis Vargas Valdivia, abogado de Italtel Perú, afirmó que la empresa fue afectada por la actuación de la organización criminal enquistada en el Ministerio Público, presuntamente encabezada por la exfiscal de la Nación Patricia Benavides. Esto en referencia a la licitación de la Data Center de la institución.
En entrevista con El Comercio, el también ex procurador anticorrupción también criticó las normas aprobadas en el Congreso, entre ellas la que reduce el impacto de la Ley de Crimen Organizado. “La finalidad de esta ley es beneficiar a organizaciones criminales con tienen contactos con el poder político”, subrayó.
— En la investigación del Eficcop a los ex asesores de Patricia Benavides, ex fiscal de la Nación, se menciona la licitación de un Data Center por más de S/141 millones. ¿La empresa Italtel Perú SAC fue contactada por Giancarlo Valer Enciso, oficial FAP en retiro, para participar en este concurso público?
No, nunca fue contactada. Italtel Perú es una sucursal en el país de Italtel Italia, que es una empresa especializada en este rubro en Europa. Esta compañía ha participado y participa en operaciones tanto privadas como públicas y no entra en consorcios. Italtel postuló en efecto a esta licitación pública internacional para el Data Center, se tuvo dos eventos, el primero en agosto del año pasado, se llamó a la licitación, Italtel presentó la propuesta técnica y económica. Y de la resolución judicial de detención y allanamiento, en la página 94 se señala claramente que en la primera licitación cuando abren las propuestas solo son dos empresas las que presentaron propuesta: Italtel y Estructuras Digitales de México Comercializadora. Cuando se abre la propuesta de Italtel está la propuesta técnica y la económica, pero cuando se abre la propuesta de la empresa mexicana está solo la propuesta técnica y no habían presentado la económica. El juzgado lo que señala tomando como base la investigación fiscal es que ese día, el 25 de agosto de 2023, Valer, que estaba presente, toma conocimiento que la empresa que él estaba patrocinando…
— En una carta dirigida a El Comercio, Italtel Perú SAC señala que era otra empresa la que tenía el acuerdo con Valer Enciso. ¿A qué compañía se refiere?
Nosotros nos referimos a Estructuras Digitales de México. ¿Por qué? En la resolución se señala claramente que ese día [que se abren las iniciativas], el 25 de agosto de 2023, Giancarlo Valer toma conocimiento que la empresa que él patrocinaba no había presentado propuesta económica. Entonces, se está refiriendo a la compañía mexicana. Luego, el comité decidió declarar desierta esta licitación y se convoca a una nueva, que se llevó a cabo en octubre y el 6 de noviembre del año pasado se acceden a las propuestas. Y nuevamente, quedan dos empresas: Italtel y la empresa mexicana. Italtel presenta su propuesta económica en US$46.8 millones, mientras que Estructuras Digitales de México, US$47,8 millones.
Y ahí surge un tema, porque entre la primera y la segunda licitación, Jaime Villanueva, ex asesor de la ex fiscal de la Nación, indica que Valer le pide cambiar a la directora del proyecto y solicita poner a una integrante del comité [seleccionador]. Y cuando se presenta la situación de verificar ambas propuestas, dos integrantes del comité señalan que toca darle la buena pro a Italtel, pero la integrante puesta por Valer se opuso al igual que la directora. No obstante, el comité concedió la buena pro a Italtel.
— ¿Otro allegado a la presunta red criminal de Benavides se contactó con la compañía?
No, para esta propuesta no. Es más, en la página 101 de la resolución se señala claramente que Ochante, puesta por Valer, vota para que no se acepte la propuesta de Italtel y que se declarara desierta [la licitación]. Ella vota obedeciendo a intereses subrepticios. Y esto es para que haga lo posible para que la empresa vinculada a Valer, es decir la empresa mexicana obtuviera la buena pro.
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— Durante el proceso de licitación, ¿desde el Ministerio Público le solicitaron a Italtel Perú SAC algún tipo de pago?
No, no, no, Italtel Perú es sucursal de una matriz en Italia, y esta tiene no solo por leyes italianas sino por normas de la comunidad europea un fuerte y sólido manual de prevención de actos de corrupción, que lo tienen replicado acá. Es por ello, que no participan en concursos de manera consorciada. Y en ese tiempo no han recibido ningún pedido de pago ni nada.
— Italtel Perú SAC fue declarado ganador de la buena pro del Data Center. Sin embargo, este proceso se anuló a pedido del BID...
El BID lo anula, porque después que le dan la buena pro a Italtel ingresa la fiscalía anticorrupción de Lima, porque recibe una denuncia anónima. ¿A quién se denuncia? A la ingeniera Silvia Ricaldi, que era la encargada de preparar la propuesta para este concurso. ¿Qué es lo que se dice? Que hay un ingeniero que es primo de ella y que trabajaba en el Ministerio Público dando apoyo al comité seleccionador y que ella se valió de él para obtener la buena pro. En el curso de la investigación, la ingeniera Ricaldi declara que no lo conoce y que tras averiguar ha verificado que son primos en sexto grado. El señor también declaró que no la conoce.
Y el segundo cargo es que el presidente del comité, el señor Jiménez, había trabajado antes en la ONPE y habría favorecido a Italtel en dos concursos públicos. Se pide informes a la ONPE y esta señala que Italtel obtuvo la buena pro, y cuando se produjeron estas dos licitaciones, Jiménez no estaba en la institución. Jiménez indica que no conoce a representantes de Italtel. Queda claro que esta denuncia fue presentada para entorpecer y buscar que la licitación [con el Ministerio Público] se cayera. El Eficcop ya ha iniciado investigación preparatoria y en ese proceso, Italtel está como testigo. Si Italtel se hubiera coludido con Valer, estaría como investigado, pero está como testigo.
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— Italtel Perú SAC ha referido que está colaborando con el Ministerio Público “en calidad de testigo”. ¿Cuáles son los elementos que han entregado?
Se ha presentado la documentación pertinente respecto a ambas licitaciones, la primera y la segunda. Además, el Ministerio Público cuenta con los expedientes y en las diligencias se ha apoyado a la fiscalía identificando en la primera licitación la propuesta económica de Italtel y la respuesta técnica de la empresa mexicana, y se deja constancia que ellos no presentaron propuesta económica. Y en la segunda licitación, se permite establecer a la fiscalía que la propuesta de Italtel era menor a la otra empresa y las actas del comité. Es por eso que Italtel está como testigo y no como parte investigada.
— ¿Italtel va a volver a postular a la licitación del Data Center del Ministerio Público?
Sí, cuando se convoque el nuevo concurso, se va a volver a postular. Es obvio que acá está actuación de la organización delictiva [presuntamente encabezada por Patricia Benavides] lo que tenía como objeto es conseguir la buena pro para la empresa mexicana afectando a Italtel, y eso lo señala claramente el juzgado. Finalmente, el BID no otorga la conformidad, sobre todo por la investigación que se inicia tras la operación Valkiria, porque ahí queda claro que la Fiscalía de la Nación había sido infiltrada por esta gente, estos actos de corrupción.
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Las polémicas leyes del Congreso
— El Congreso aprobó, en primera votación, un dictamen con el que se limitan los alcances de los delitos seguidos por lesa humanidad y crímenes de guerra respecto a los hechos ocurridos antes de julio de 2002. ¿Cuál será el impacto de esta medida?
Yo creo que esa es una ley evidentemente inconstitucional, esta es la segunda oportunidad que se presenta esto. Antes se había presentado un proyecto de ley [similar], que incluso Fernando Rospigliosi fue de los que más criticó, pero hoy lo vemos presentando esto. Esto no tiene mayor sentido, primero porque la Convención de Roma que fue aprobada en la fecha que usted señala, fija claramente los supuestos de lesa humanidad. Y lo importante aquí no es identificar hechos en particular, sino el ámbito en el que estos fueron cometidos. Porque si fuera esto así [lo que indica la propuesta de Rospigliosi], por ejemplo, todos los crímenes cometidos por Sendero Luminoso y el MRTA tampoco serían calificados como crímenes de lesa humanidad porque sucedieron antes de la fecha en la que el Perú suscribió la convención.
Aquí lo que hay que analizar es si estos crímenes fueron cometidos en el ámbito de la actuación de una organización criminal que tenía como finalidad cometer estos delitos de lesa humanidad, si la respuesta es sí, ahí no se puede fijar un tema de vigencia o no. ¿Por qué? Porque es la misma organización que si bien es cierto cometió estos hechos antes de que la suscripción del Perú a la Convención de Roma, sin embargo, esta organización criminal continúa en el tiempo cometiendo estos hechos delictivos. Esto se aplica también para el Grupo Colina.
Esta ley no se podría utilizar para los delitos de desaparición forzada, porque son delitos permanentes que se siguen cometiendo en el tiempo hasta que aparezca la víctima o el cuerpo que permite esclarecer que ya no es un desaparecido, sino víctima de homicidio.
(Foto: Archivo El Comercio)
— Este proyecto fue impulsado por Fuerza Popular y Renovación Popular. La norma puede terminar beneficiando al expresidente Alberto Fujimori en el Caso Pativilca. ¿Cómo se puede interpretar esta situación?
Este proyecto de ley tiene como finalidad favorecer al expresidente Fujimori y a personas comprendidas en procesos de lesa humanidad.
— ¿El Ejecutivo debe observar esta ley, en caso se ratifique en segunda votación?
Sí, pero no creo que el Ejecutivo lo haga, tenemos el antecedente de la ley que pretende excluir a los partidos políticos de responsabilidad penal. No creo que el Ejecutivo [observe] y si lo hace el Congreso va a promulgar. Lo importante es que esta ley confronta con instrumentos internacionales suscritos por el Perú. Y, en ese sentido, esta ley deberá ser inaplicada en su momento, sin perjuicio de las sanciones que se le va a imponer al Perú por incumplir con acuerdos internacionales.
— El Parlamento también ha realizado cambios a la Ley de Crimen Organizado. Entre las principales medidas, obliga a que los allanamientos se realicen con presencia del involucrado y su abogado. ¿Le están quitando los dientes a esta norma?
Es evidente que lo que están buscando [los congresistas] es entorpecer la acción de la justicia. ¿Por qué? El propio Código Procesal Penal señala que, en casos de urgencia, el juez podrá dictar inaudita parte, qué significa, sin conocimiento de la otra parte, estas medidas cautelares extraordinarias de allanamiento con fin de incautación. Esto con efectos de evitar que desaparezcan los medios probatorios. Qué pasa si llega la Policía con la fiscalía. No podrían ingresar al domicilio hasta que no llegue el abogado [del investigado]. Y si el abogado se demora uno, dos, tres días, ¿hay que esperarlo? Es absurdo, no tiene sentido.
La única finalidad de esto es beneficiar a aquellas organizaciones criminal que tienen contactos con el poder político. Y no se han puesto a pensar en el grave daño que ocasiona esto para precisamente el combate contra la criminalidad organizada en delitos comunes. Eso es lo principal que se va a afectar. No van a poder llevar a cabo allanamientos, por ejemplo, en delitos de terrorismo, narcotráfico, y sicariato. Pierde el sentido de la inmediatez y la urgencia, la finalidad de la norma es clara: afectar los actos de allanamiento que se llevan a cabo en el Congreso o que están involucrados miembros de organizaciones políticas.
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— También ha establecido que solo los delitos sancionados con más de seis años pueden ser enmarcado dentro de una organización criminal. ¿Cuáles son los riesgos de esta contrarreforma?
Esto denota nuevamente pues un claro desconocimiento de la normatividad legal, porque la característica de las organizaciones delictivas es la multiplicidad, tiene que haber más de tres, y tiene como finalidad cometer actos delictivos en el tiempo. El Código Penal, desde la vigencia del mismo, establece que, si alguien comete varios hechos delictivos, las penas se suman con un límite, el doble del máximo de la pena. Si tenemos a organizaciones delictivas dedicadas al hurto de billeteras. La pena es cuatro o cinco años, pero si han cometido dos o tres robos, la pena máxima pasa a ser 10 años. Entonces, esto denota una ignorancia supina respecto a la normatividad legal y del tratamiento que se tiene para las organizaciones criminales.
— El Congreso, además, tiene pendiente un dictamen que propone la eliminación de la JNJ y que traslada al Parlamento la elección de los jefes de ONPE y Reniec. ¿Con este cambio se quiebra la independencia que debe tener el sistema electoral?
Claro que sí se quiebra, porque pasará a depender de decisiones políticas. Hemos visto, por ejemplo, los resultados en este Congreso respecto a la elección del defensor del Pueblo y de los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Han sido decisiones adecuadas? No, las decisiones corresponden a fines políticos, no a fines institucionales o en beneficio del país. Ya la experiencia que teníamos es la que precisamente llevó a la designación [de los jefes de ONPE y Reniec] a la CNM, primero, y después de la Junta Nacional de Justicia para que estos órganos ajenos al poder político hicieran estas designaciones de estos funcionarios para garantizar que en esos nombramientos no intervinieran factores o intereses políticos. Obviamente, lo que pretende el Congreso es priorizar sus intereses frente a los intereses del país.
