Marco Tulio Falconí: “La parte política no tiene nada que ver [con la Junta Nacional de Justicia]”

El excongresista Marco Tulio Falconí Picardo es uno de los siete abogados que desde este lunes 6 integrará la Junta Nacional de Justicia (JNJ), entidad que reemplazará al Consejo Nacional de la Magistratura, desactivado tras el escándalo de Los Cuellos Blancos del Puerto.

En entrevista con El Comercio, Falconí habla sobre las conversaciones que sostuvo con el exjuez supremo César Hinostroza y el fiscal supremo Tomás Gálvez, así como de su actividad política pasada y las primeras acciones que, considera, la JNJ debe realizar.

¿Qué tipo de vínculo ha tenido con César Hinostroza y Tomás Gálvez, a quienes llamó en los años 2015, 2017 y 2018, según reportes de la investigación del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto?

Yo iba a presentar un libro sobre secreto bancario. Había hablado con el doctor Pedro Angulo, que era el decano del Colegio de Abogados de Lima, a efectos de que haga la presentación en la parte penal, porque el libro tenía varias partes. No sé si el doctor Angulo viajaba a Argentina, [pero] entonces ya no pudo hacerlo. [...] Ante la imposibilidad de que el doctor Angulo hiciera la presentación, se me dice que el especialista era el doctor César Hinostroza. Entonces, se hizo la coordinación. Habré hablado con él unas cuatro, cinco veces.

¿Cuándo fue eso? ¿Lo recuerda?

Ahora no. Habrá sido en el 2016 o 2017. Fue varios años atrás, pero para esos efectos. Y en el caso de Tomás Aladino Gálvez, [fue] porque él había publicado un libro sobre lavado de activos que también estaba relacionado con el trabajo de investigación que hacía. Lo habré llamado unas dos veces, tal vez tres, por temas de la universidad.

En el caso del señor Hinostroza, usted tiene varias llamadas en diferentes meses del 2017, pero también antes, en el 2015. ¿Cuándo fue la coordinación del libro, porque no pudo haber sido todo el año?

El libro debió ser en el 2017. Pero tanto ese [asunto] como lo del señor Tomás Gálvez son temas relacionados al libro de investigación [que hacía].

¿Con su participación y la de los exministros María Zavala y Aldo Vásquez no hay una carga política en una entidad en la que precisamente requiere de personas alejadas de ese ámbito por los antecedentes del Caso Los Cuellos Blancos?

Están dando argumentos que no son válidos. La Constitución, en el artículo 2, dice expresamente que está prohibido todo tipo de discriminación. Debería tomarse un tiempo en buscar los antecedentes profesionales. Yo fui practicante de corte hasta vocal superior de [la Corte de] Justicia de Arequipa. He sido juez de primera y segunda instancia, he estado en el Tribunal de Honor en el Colegio de Abogados […], deberían ver la experiencia. La parte política no tiene nada que ver.

En esa línea, ¿puede asegurar que su labor como integrante de la Junta Nacional de Justicia no tendrá un tinte político? Porque, por ejemplo, a los consejeros del CNM se los vinculaba a las bancadas del Congreso...

En mi vida profesional, he tenido 38 años de abogado en Arequipa y Lima. Jamás he tenido una queja o sanción. Hay que ser objetivos. La parte política, la política partidaria, obviamente ha quedado atrás. Yo era de un movimiento regional que se llamada Fuerza Arequipeña, que participa en la vida política regional, pero, por ejemplo, para la elección congresal los movimientos regionales no pueden participar […]. Entonces, [en las elecciones del 2011] yo participé con el movimiento regional, pero en alianza con Perú Posible, y por eso obtuve un escaño por Perú Posible. Esa es la relación.

¿Qué acciones deben ser prioridad una vez instalada la Junta Nacional de Justicia?

Lo más importante, en los primeros 10 o 15 días, es elaborar el reglamento. No te olvides que con la ley de creación de la Junta Nacional de Justicia se dejan sin efecto todos los reglamentos que tenía el [desactivado] Consejo Nacional de la Magistratura. Eso va a permitir que podamos implementar los procesos de ratificación. Actualmente, hay 1.069 convocatorias que hacer para jueces y fiscales. Además, hay 41 procesos disciplinarios con pedidos de destitución [pendiente].

¿También la revisión de nombramientos, no?

Claro, uno puede decir que en este momento se debe ir a un proceso de revisión que evidentemente hay que hacerlo, pero no podemos tomarnos 18 meses. Yo creo que 18 meses es demasiado tiempo, pero para poder iniciar el trabajo se deben hacer los reglamentos.

¿Cuál es su posición respecto de los jueces y fiscales supremos implicados en el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto? Debe ser una labor primordial la revisión de los nombramientos o ratificaciones, por ejemplo, del señor Pedro Chávarry o del juez Martín Hurtado.

Primero, debe nombrarse una comisión especial [para estos casos]. Se ha dado 18 meses para revisar cerca de 1.800 procesos de ratificaciones, pero, como dije, es mucho tiempo. Creo que estos casos emblemáticos o especiales deben ser abordados de inmediato. De seguro en algunos no habrá ninguna irregularidad, pero yo sí creo que, exagerando, en un plazo de seis meses debe culminarse con toda la revisión, comenzando por los casos a los que usted se está refiriendo.