Fiscalía investiga a dos congresistas más por presuntos recortes de sueldos a sus trabajadores

Dos congresistas se suman al grupo de legisladoras actualmente en funciones que están bajo investigación de la Fiscalía de la Nación. Todas ellas tienen un elemento en común: están implicadas en presuntos esquemas de recortes de sueldos a trabajadores de sus despachos en el Congreso.

Este viernes por la noche, el Ministerio Público informó sobre la apertura de una investigación preliminar a la legisladora María del Pilar Cordero Jon Tay, integrante de la bancada de Fuerza Popular, por la presunta comisión del delito de concusión. Esto en relación con “supuestos cobros irregulares que habría realizado a los trabajadores de su despacho”.

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Las pesquisas incluyen a Braden Alexander Paredes Calla, técnico de Archivo del Congreso, como presunto cómplice del mismo delito.

La fiscalía no dio mayores detalles del caso que implica a la legisladora fujimorista. No obstante, El Comercio pudo conocer que el inicio de la investigación se dio tras la denuncia presentada ayer por la mañana por una persona vinculada al despacho de la legisladora ante el mismo Ministerio Público.

Como ocurre con otros congresistas y altos funcionarios con antejuicio investigados, las pesquisas serán realizadas por el Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la fiscalía.

Cordero es legisladora por Tumbes. Ocupó el mismo cargo entre el 2011 y 2016, también por el fujimorismo. Según revisó este Diario, hasta febrero del 2023 su despacho tenía seis trabajadores: una coordinadora, una asistente, dos técnicos, un auxiliar y un asesor.

En cuanto a Paredes Calla, su supuesto cómplice, figura como técnico del área de Archivo del Congreso desde setiembre del 2012. La plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones da cuenta de que en el 2022 intentó postular al cargo de regidor provincial en Lima por Alianza para el Progreso (APP), pero su postulación fue declarada improcedente.

Hasta el cierre de esta nota, desde Fuerza Popular no había un pronunciamiento oficial en torno a esta indagación. Arturo Alegría, vocero alterno de la bancada naranja, comentó a El Comercio que estaban “evaluando la información”.

Más temprano se conoció que el Ministerio Público también inició una investigación preliminar por el mismo delito contra la congresista Heidy Juárez, de Podemos Perú, igualmente por presuntos cobros irregulares a trabajadores de su despacho.

En esta indagación también fue incluido Miguel Ángel Chafloque, asesor principal de Juárez, como presunto cómplice de estos recortes.

Por este caso, un equipo de fiscales realizó diligencias en el despacho de la parlamentaria y en la Oficialía Mayor del Congreso durante la tarde del viernes. El objetivo fue recabar información relacionada a este caso, informaron fuentes de este Diario.

En esa misma jornada, el ciudadano José Alvarado Rojas presentó una denuncia constitucional contra Juárez por los presuntos cobros irregulares. El documento, que ingresó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, denuncia a Juárez por el mismo delito: concusión.

Según un informe de “Hildebrandt en sus trece”, cuatro trabajadores del Congreso refirieron que Juárez les exigía pagos a través del asesor Chafloque. Los cobros mensuales podían ir desde S/200 o S/300 hasta S/1.000.

Juárez es legisladora por Piura. Fue elegida como parte de la bancada de APP, pero en setiembre pasado, el partido la expulsó luego de acusarla de filtrar el audio de una reunión interna. Luego se sumó a la bancada de Podemos Perú y fue la última ministra de la Mujer del gobierno de Pedro Castillo.

La congresista respondió al inicio de la investigación con este mensaje: “Me allano a todas las investigaciones, no tengo nada que ocultar ni nada que temer, demostraré que jamás he cometido hechos irregulares faltando a mi ética profesional”.

Así, Cordero y Juárez se suman a los casos de sus colegas Katy Ugarte (no agrupada, ex Perú Libre), Rosio Torres y Magaly Ruiz (APP), también investigadas por concusión a raíz de presuntos recortes de sueldos a su personal. Salvo Cordero, todas ellas también son indagadas a nivel de la Comisión de Ética del Congreso.