María Cordero Jon Tay: fiscalía la cita por investigación sobre aportes de campaña a Keiko Fujimori en el 2021

El equipo especial Lava Jato de la fiscalía citó como testigo a la congresista María Cordero Jon Tay, recientemente implicada en un caso de recorte de sueldos a al menos un trabajador suyo en el Parlamento. La diligencia fue programada para este viernes 21 de abril a las 11 de la mañana.

La legisladora fujimorista, en proceso de expulsión de la bancada, deberá declarar como parte de la investigación por presunto lavado de activos a la lideresa de Fuerza Popular en torno a los aportes de su campaña del 2021. Estas pesquisas son dirigidas por el fiscal José Domingo Pérez.

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En los audios que sustentan la denuncia a María Cordero por recorte de sueldo, la legisladora le dice a su trabajador que cuando Keiko Fujimori iba a Tumbes, ella “tenía que tener S/ 30 mil, S/ 50 mil en el bolsillo”. “¿Qué cosa crees tú? ¿Las camionetas cuánto crees que me costaron?”, dijo la representante de Tumbes.

El documento del Ministerio Público, firmado por el fiscal Walter Villanueva, da cuenta de que la legisladora deberá elegir el lugar en el que se desarrollará la diligencia: la sede de la fiscalía, su domicilio o su despacho congresal. Esto en atención a su condición de alta funcionaria, a quienes el Código Procesal Penal da la facilidad de escoger el lugar donde declararán como testigos.

El caso por el que se cita a María Cordero no es el mismo por el que actualmente Keiko Fujimori enfrenta una acusación fiscal donde se piden 30 años de prisión en su contra por lavado de activos, organización criminal y otros delitos. Ese proceso, por sus campañas del 2011 y 2016, cerró su etapa de investigación en marzo del 2021 y está próximo a pasar a juicio oral.

En julio de ese año, José Domingo Pérez abrió una nueva investigación a Keiko Fujimori por presunto lavado de activos vinculada a la campaña del 2021. En su disposición de apertura de las indagaciones por un plazo de 36 meses, sostuvo como hipótesis que Fuerza Popular seguiría “captando activos de procedencia ilícita” como en sus anteriores campañas.

Para esto se recogieron elementos como los audios de Vladimiro Montesinos donde se habla de la campaña de Keiko Fujimori y su estrategia luego de la segunda vuelta, así como denuncias vinculadas a conversaciones entre empresarios sobre supuestas entregas a favor de la campaña de Fuerza Popular.

“Estando que los hechos denunciados, trae consigo información que la persona jurídica partido político Fuerza Popular, estaría bajo diversas modalidades, captando activos de procedencia ilícita, por lo que corresponde sostener, en grado de sospecha inicial simple, que la actividad criminal de la organización no ha cesado en la campaña electoral 2021″.

En ese momento, Keiko Fujimori respondió así al inicio de este nueva indagación: “[El fiscal] vuelve al ataque abriendo investigación por los audios armados por Montesinos y sus amigos acusándome por lavado de activos. Me involucra por conversaciones con gente que no tiene ninguna relación conmigo”.

María Cordero, hoy investigada por la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de concusión, apareció en la política peruano en el 2011, cuando fue elegida congresista por Tumbes. Desde ese año hasta la fecha, aportó al menos S/ 36.310 a Fuerza Popular, según los reportes oficiales que presentó ese partido ante la ONPE.

Según dio cuenta El Comercio en un informe previo, la hoy legisladora reporta por lo menos 31 aportes en efectivo al partido fujimorista en los últimos 13 años. Algunos de ellos se realizaron mes a mes y otros fueron contribuciones por campaña electoral. En el 2021, registra tres aportes por S/ 3,300.

Patricia Juárez, vocera de la bancada de Fuerza Popular, dijo el último lunes que “jamás se le ha pedido a la señora Cordero ni un solo centavo para efectos de la campaña nacional que hizo en su momento Keiko Fujimori y que fue de lo más austera”.

En el Congreso, la bancada fujimorista ha retirado a María Cordero de todas las comisiones de la que era parte, ha pedido su expulsión del grupo parlamentario, la ha denunciado ante la Comisión de Ética. Además, ha presentado una denuncia constitucional para que sea inhabilitada por diez años.

En tanto, el partido también ha iniciado un proceso para despojarla de su militancia, que se remonta al 2020. La legisladora presentó su renuncia a la agrupación, alegando que audios fueron sacados de contexto, pero el partido la rechazó para continuar con su proceso de expulsión.