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La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, aseguró que todos los poderes del Estado deben actuar para revertir la situación de hacinamiento en los centros penitenciarios a nivel nacional.
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Indicó que el reciente fallo del organismo a su cargo sobre esta problemática busca “salvaguardar los derechos fundamentales de la población penitenciaria".
“El TC ha hecho un análisis y ha extendido su tutela para señalar que hay una situación inconstitucional que se llama hacinamiento penitenciario. Esto consiste en que se aprecia que las capacidades de los penales sobrepasan su poder de cobertura y eso genera una afectación a la salud, a la integridad, a la vida digna de una persona que constituye un deber del Estado preservarlo al margen que esté libre o detenida”, sostuvo en Canal N.
“Esto nos involucra a todos, al Legislativo, al Ejecutivo y al Poder Judicial. Tenemos que mirar todo ese grupo social y replantear la mirada hacia el tratamiento penitenciario que se está dando desde las cárceles”, agregó.
Advertencia de cierre
En ese contexto, Ledesma indicó que el Tribunal Constitucional ha dispuesto “que si en 5 años no se mejoran las condiciones carcelarias en algunos centros penitenciarios en los que ya no es posible la convivencia” tendrán que cerrar.
Consideró que las autoridades judiciales deben valorar mejor las sanciones en determinados casos de delitos leves.
“Las cárceles deben ser el fin último y deberían orientarse más para delitos que generen grave peligro social, pero de ninguna manera para delitos leves que constituyen un gran reproche social, pero son de leve peligrosidad y no justifican que tengan la misma privación que delitos que sí generan una alerta y un peligro social. [...] El Poder Judicial debe tener una mirada prudente y ponderada a tutelar qué tipo de bien jurídico se debe proteger”, manifestó.
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“El TC ha sido muy enfático en señalar que si en 5 años no se mejoran las condiciones carcelarias en algunos centros en los que ya no es posible la convivencia por sus condiciones de hacinamiento, se tendrán que cerrar las cárceles para tomar otro tipo de medidas para permitir que los detenidos que subsistan ahí tengan una vida algo digna en las condiciones penitenciarios”, explicó.
El martes 26 de mayo, el pleno TC declaró como “inconstitucional” el hacinamiento en los penales del país y dispuso que tanto el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) como otras instituciones encargadas tomen acciones que den una solución a este tema.
A favor votaron Marianella Ledesma (ponente de la causa), seguida por los magistrados Carlos Ramos, Augusto Ferrero, Ernesto Blume, Manuel Miranda y Eloy Espinosa- Saldaña. José Luis Sardón fue el único voto en contra.
La decisión de declarar la inconstitucionalidad del hacinamiento penitenciario se realizó tras analizar el expediente 05436-2014-HC (Caso C.C. B vs el Instituto Nacional Penitenciario). La decisión se adopta en el marco de la pandemia mundial del coronavirus.
“No es cualquier cosa elegir a miembros del TC”
En otro momento, Ledesma se refirió a la designación de magistrados del Tribunal Constitucional, proceso llevado por el Congreso, y consideró que el mismo debe ser público y transparente porque “elecciones escondidas, protegidas bajo un secretismo y sin la posibilidad de ser observadas por la ciudadanía, siempre van a ser un poco preocupantes”.
Instó al Congreso a tomar con “seriedad” este proceso de elección debido a la importancia que tiene el TC como entidad a cargo de controlar el balance entre los poderes del Estado.
“Se está eligiendo a autoridades que van a tener la posibilidad de controlar el balance de poderes que existe entre los organismos autónomos del Estado, así como, controlar la labor del Legislativo y el Ejecutivo, todo el diseño del Estado. No es cualquier cosa elegir a miembros del TC”, declaró.
“El concurso público es el método ideal, pero, lamentablemente, en la práctica siempre se termina regresando a las invitaciones, pero sea uno u otro hay que privilegiar la transparencia de estas decisiones”, puntualizó.
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