Con un recurso de apelación, la fiscal Marita Barreto busca dejar sin efecto su remoción del cargo de coordinadora del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (EFICCOP), adoptada por la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, en medio de graves acusaciones que comprometen a la máxima autoridad de la institución —y a su entorno más cercano— en una presunta red criminal.
Barreto Rivera, a través de su abogado, Luciano López, presentó el martes por la tarde una “apelación con efecto suspensivo” contra la resolución que dispuso su cese, la cual debería de ser elevada ante la Junta de Fiscales Supremos. Su defensa considera “ilegal” su remoción, pues vulneraría el principio de razonabilidad e iría en contra de la propia Ley Orgánica del Ministerio Público.
En una edición extraordinaria de las Normas Legales de El Peruano, publicada hacia la medianoche del lunes, se oficializó la Resolución N°3286-2023-MP-FN con la que la fiscal de la Nación decidió remover a Barreto. Esto luego que, durante la madrugada, el EFICCOP ejecute la denominada “Operación Valkiria V” y detuviera a su principal asesor y mano derecha, Jaime Villanueva, como parte de pesquisas por presunta organización criminal.
En la resolución, la titular del Ministerio Público disponía derivar a Barreto a una fiscalía de derechos Humanos e interculturalidad, pese a que su plaza de origen es la especializada en delitos de lavado de activos. El argumento para sacar de la coordinación del EFICCOP a Barreto, según la resolución, es que no cumplió con presentar un informe de gestión interno sobre carga procesal.
“Desde el punto de vista legal, es clarísimo que es una violación del principio razonabilidad, que está regulado en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Y, en segundo lugar, la Ley Orgánica del Ministerio Público, el artículo 80-B, señala que cuando se forman equipos especiales para conocer delitos específicos que revisten especial gravedad —y estos evidentemente lo son—, cualquier decisión que impacten en el movimiento de fiscales debe ser con conocimiento de la Junta de Fiscales Supremos”, dijo ayer Luciano López, abogado de Barreto, a El Comercio.
En el recurso planteado, la fiscal Marita Barreto advierte que se vulneraron sus derechos constitucionales como el de la independencia a su labor como fiscal y el principio de lucha contra la corrupción. También se advierte un “sesgo de perturbar las investigaciones a cargo del equipo especial”.
“La salida de mi cargo de coordinadora del EFICCOP constituye claramente una intervención a mi derecho a la independencia en el ejercicio de mi labor como fiscal contra la corrupción, pues esta decisión arbitraria es un mecanismo de intimidación que afecta la independencia real para desarrollar las investigaciones fiscales”, remarca Barreto.
Con el recurso, se busca que la fiscal pueda continuar en el cargo hasta que la Junta de Fiscales Supremos, el órgano de mayor jerarquía en el Ministerio Público, se pronuncie al respecto. El lunes, tras destaparse el caso, dos de sus integrantes —los fiscales supremos titulares Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena— exigieron a Benavides su renuncia.
En reemplazo de Barreto, la fiscal de la Nación había nombrado a José Miguel Cuya Berrocal, cuya designación iba a tomar vigencia desde su juramentación. Sin embargo, en un documento dirigido a la misma Benavides, el abogado declinó de ese encargo argumentando “motivos personales”.
Fuentes de El Comercio confirmaron que Barreto acudió el martes por la mañana a su despacho y que ella y el Equipo Especial continuaron sus labores con normalidad.
Horas más tarde, se conoció que la Fiscal de la Nación, ante la decisión del fiscal Cuya de no reemplazar en el cargo a Barreto, optó por disponer una “encargatura” temporal del mismo al fiscal Daniel Jara Espinoza, jefe de la Oficina de Coordinación y Enlace de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas.
La medida se da, se indica, “en adición a sus funciones, a partir de la fecha y hasta disposición en contrario”, “con la finalidad de no dejar desatendidas las labores propias de la coordinación” del equipo especial. Así, Benavides insiste en que no sea Barreto quien esté a cargo de la coordinación.
Fuentes de este Diario indicaron que la encargatura sería para revisar temas administrativos, mas no procesales del equipo especial.
Jara, según el cuaderno de ocurrencias del noveno piso de la Fiscalía de la Nación, fue uno de los fiscales que estuvo en la sede del Ministerio Público hasta altas horas de la madrugada el último lunes, junto a Patricia Benavides. Estuvo presente en dicho lugar desde las 21:12 horas del domingo 26 hasta las 02:01 horas del lunes 27.
MÁS ACCIONES LEGALES
Tal como lo adelantó el abogado de Barreto, Luciano López, este miércoles presentó una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de que “se resguarde la vida y la seguridad” de la fiscal ante cualquier situación de riesgo.
El documento, al que El Comercio tuvo acceso, precisa que el objetivo es que “se ordene al Estado peruano que adopte las medidas ante la situación grave” de Barreto a fin de “evitar un daño irreparable” a los derechos a la vida, a la integridad y al trabajo y en “salvaguarda de la independencia respecto a la estabilidad reforzada de las y los fiscales”.
El martes, López puntualizó que las pesquisas a cargo de Barreto comprometerían a altos funcionarios del Estado. “Es una situación delicada. Por eso estamos pidiendo la intervención de la comisión”, remarcó.
Además, también se tiene previsto presentar este miércoles una demanda de amparo ante al Poder Judicial a favor de la fiscal. Y se está evaluando brindar una conferencia de prensa, aunque hay temor tras el antecedente que ocasionó el caso del fiscal Rafael Vela, suspendido por la Autoridad Nacional de Control (ANC) por más de ocho meses por criticar una decisión judicial de hace más de tres años.
Para el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado, la apelación presentada por Barreto “sí debería detener esta decisión de la fiscal de la Nación”, la misma que calificó de “arbitraria” e “ilegal”.
“Una cosa es la autoridad que se ejerce (...) y otra cosa es el abuso de poder. Lo que ha hecho la fiscal de la Nación es claramente un acto de arbitrariedad, abuso de poder y contrario a todo estándar ético, legal y administrativo. La Junta de Fiscales Supremos debería detener esa acción arbitraria”, dijo Maldonado a El Comercio.
