Martín Vizcarra: 5 preguntas y respuestas sobre su situación judicial tras la detención de sus exfuncionarios

El expresidente Martín Vizcarra ha sido involucrado en una nueva investigación de la fiscalía. Esta vez se trata de un caso de presunta corrupción y crimen organizado durante su gestión como presidente de la República, entre el 2018 y el 2020.

El martes, el equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder (Eficcop) y su equipo de apoyo a la Policía Nacional del Perú ejecutaron un operativo ligado al caso denominado ‘Los Intocables de la Corrupción’. Se detuvo a exfuncionarios del gobierno de Martín Vizcarra, algunos de los cuales también tuvieron vínculos con su gestión como gobernador de Moquegua (2011-2014).

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La resolución judicial del caso da cuenta de que se indaga a una presunta organización criminal liderada por Martín Vizcarra. Es más, el nombre del expresidente se menciona 672 veces en el documento, al que accedió El Comercio. Pese a ello, el expresidente aún no es investigado directamente en este caso ni pudo ser incluido en el operativo policial. El inicio de una indagación directa contra él por este caso está en manos del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena.

Ante la ejecución del operativo y la difusión del contenido de la investigación, Martín Vizcarra rechazó los señalamientos. “No tengo duda que en muy corto tiempo esta patraña se va a caer, que el único objetivo que tiene es hacer daño a mi persona porque me tienen a mí como rival político de cuidado”, declaró a Exitosa.

En tanto, el también exgobernador de Moquegua sigue enfrentando otros procesos judiciales. Uno de ellos está con orden de pasar a juicio, otro está en etapa de control de acusación, otro sigue en investigación y otros, ligados directamente a su presidencia, dependen de que el Congreso apruebe denuncias constitucionales para levantar su inmunidad y que la fiscalía lo pueda seguir indagando.

El Eficcop indaga una presunta organización criminal, aparentemente liderada por Martín Vizcarra. Estaría ligada al menos a tres supuestas licitaciones fraudulentas en Provías Descentralizado (PVD), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Según la hipótesis fiscal, el cobro a los empresarios era del 3,5% del valor de cada obra.

Según un colaborador eficaz citado en la investigación, el entonces presidente nombró a un grupo de funcionarios en PVD conocido como ‘Los Moqueguanos’ para “controlar” PVD y “cobrar coimas a empresas nacionales y extranjeras y que este dinero ilícito se distribuya entre dichas personas, incluyendo al entonces presidente Martín Vizcarra”.

Esto coincide con lo señalado por un testigo reservado del mismo caso: “Se hacían llamar los moqueguanos y manejaban todas las obras, favoreciendo a empresas nacionales y extranjeras que se sometían a sus condiciones”.

La indagación del Eficcop incluye un esquema de la presunta organización criminal con Martín Vizcarra como líder. También figuran los exministros de Transportes Edmer Trujillo y Carlos Estremadoyro, y exfuncionarios de PVD como Carlos Revilla y Alcides Villafuerte en el nivel más bajo. Los dos últimos fueron detenidos durante el operativo del martes.

Específicamente sobre Martín Vizcarra, la fiscalía recoge la versión de un testigo que señala que Carlos Revilla le entregó dinero en efectivo fruto de las coimas, escondido dentro de maletines, en Palacio de Gobierno. Sus ingresos al lugar habrían sido sin registro oficial en tres ocasiones: la primera en el 2018 y las otras dos entre septiembre y octubre del 2019.

Pese a los señalamientos y su inclusión en el esquema de la presunta red criminal, el Eficcop no puede investigar ni pedir la detención de Martín Vizcarra por este caso. Esto se debe a que los presuntos hechos indagados ocurrieron cuando era presidente, lo que le da la protección del antejuicio o ‘inmunidad’, que dura hasta cinco años después de dejar el cargo y solo puede ser levantada por el Congreso.

“El expresidente Martín Vizcarra ejerció la Presidencia de la República hasta el 09 de noviembre de 2020. Por lo tanto, se encontraría amparado por dicha norma constitucional hasta noviembre del 2025. En mérito a ello, la fiscalía no es competente para solicitar su detención ni el Poder Judicial para declarar fundado dicho requerimiento”, comentó a El Comercio la abogada penalista Aranzazu Qahhat, del Estudio Linares.

El Eficcop está conformado por fiscales provinciales, bajo el liderazgo de la fiscal superior Marita Barreto. Por lo tanto, solo pueden investigar a funcionarios, empresarios y cualquier persona sin antejuicio. Este privilegio asiste a los denominados ‘aforados’ (ministros, congresistas, jueces supremos, fiscales supremos y presidentes) por hechos ocurridos durante sus gestiones.

Cuando las indagaciones del Eficcop -y de cualquier otro fiscal provincial- se topan con un aforado, lo que corresponde es enviar un informe al fiscal de la Nación, puesto que hoy ocupa Juan Carlos Villena. Solo él podría, tras evaluar ese informe o por cuenta propia, decidir si abre una investigación a Martín Vizcarra o algún otro aforado por este caso.

Los recientes casos del expresidente Pedro Castillo y de la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides, ambos aforados, son ejemplo de esto. El Eficcop inició pesquisas a presuntas redes criminales lideradas por ambos, pero solo incluyó como investigados a los no aforados. Luego, tras enviar informes a la Fiscalía de la Nación, esta comenzó a investigarlos directamente.

Según fuentes de El Comercio, el Eficcop ya envió un informe al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, sobre el caso de los ‘Intocables de la Corrupción’. Dependerá de él decidir en los próximos días si inicia una investigación preliminar a Martín Vizcarra y a cualquier otro aforado por este caso.

Si el fiscal de la Nación decide abrir una indagación contra Martín Vizcarra por estos hechos, inicialmente esta solo puede ser una investigación preliminar. Por ser un caso de presunto crimen organizado, podría durar hasta 36 meses, pero también puede cerrarse mucho antes.

Una vez cerrada la indagación preliminar, el fiscal deberá decidir si archiva el caso o si presenta una denuncia constitucional ante el Congreso. Esto último busca que el Parlamento levante el antejuicio del aforado. Se trata de un procedimiento parlamentario que dura meses y que puede culminar con la aprobación de una acusación constitucional. De ser así, el caso vuelve a la fiscalía y esta puede formalizar investigación preparatoria.

“De pretender comprenderlo en una investigación penal, deberán seguirse los lineamientos establecidos en el artículo 89 del Reglamento del Congreso, que regula el procedimiento de acusación constitucional a cargo de la Fiscalía de la Nación y Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC)”, señaló la penalista Qahhat.

Recién durante la investigación preparatoria, la fiscalía podría solicitar medidas como una prisión preventiva mientras siguen las pesquisas. En la fase preliminar solo podría solicitarse un impedimento de salida del país, medida que ya pesa sobre Martín Vizcarra por otro de sus procesos judiciales.

Al margen del caso de ‘Los Intocables de la Corrupción’, por el que todavía no es investigado directamente, Martín Vizcarra tiene otro proceso judicial por el que está sujeto a impedimentos y reglas de conducta.

Se trata del caso de las presuntas coimas durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. Según la acusación fiscal del equipo especial Lava Jato, recibió S/ 2,3 millones de empresas constructoras a cambio de que estas se hagan con las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Por ser hechos previos a su función como presidente, el antejuicio no lo protegió en ese proceso.

A inicios del 2021, esa fiscalía pidió prisión preventiva para Martín Vizcarra. Sin embargo, el Poder Judicial rechazó imponerle esa medida por considerar que no había suficiente riesgo de fuga. En su lugar le impuso comparecencia con restricciones. Desde entonces, el exmandatario tiene reglas de conducta como la de no salir de Lima sin permiso de la juez a cargo de su caso.

Más recientemente, el Equipo Especial Lava Jato también solicitó y logró que el Poder Judicial dicte a inicios de enero contra Martín Vizcarra un impedimento de salida del país por 12 meses. La medida le fue impuesta en enero y busca asegurar su presencia en el país mientras la acusación fiscal por el mencionado caso llega a juicio oral y a una eventual sentencia.

En general, las investigaciones y procesos penales que alcanzan al expresidente se pueden dividir en dos grupos: las ligadas a su etapa como gobernador regional de Moquegua (2011-2014) y las ligadas a su etapa como presidente (2018-2020). De estas, el primer grupo tiene los casos más avanzados.

El caso más avanzado es el de la Represa de Chirimayuni, donde la fiscalía de Moquegua pide 4 años y 8 meses de condena. La investigación ya concluyó, ya se presentó la acusación por el delito de negociación incompatible (aprovechamiento indebido del cargo) y solo falta que inicie el juicio. El año pasado, el juez a cargo declaró prescrito el caso aplicando la cuestionada ‘Ley Soto’, pero a inicios de enero una sala superior revocó esa decisión y dispuso que el proceso pase a juzgamiento.

Luego está el referido caso de las presuntos coimas por el Hospital de Moquegua y Lomas de Ilo. Allí se solicita una condena de 15 años de prisión por el delito de cohecho (soborno). El caso está en fase de control de acusación, específicamente, en la etapa de control formal. Al final de las audiencias de control de acusación, que continuarán el próximo 7 de febrero, se definirá si este caso también pasa a juicio oral.

La fiscalía tiene en proceso otra investigación también relacionado al Hospital de Moquegua y Lomas de Ilo se encuentra actualmente en fase de investigación fiscal. En el primer caso, en el que ya hay acusación, se imputa al presidente por los presuntos sobornos detrás de la licitación de esas obras. La segunda aborda presuntos actos de corrupción durante la ejecución de ambas obras.

Principales casos de Martín Vizcarra

En el otro grupo, el de casos ligados a la presidencia de Martín Vizcarra, destacan tres casos en los que la Fiscalía de la Nación terminó su investigación preliminar y presentó denuncia constitucional ante el Congreso para poder seguir con el caso a nivel de investigación preparatoria. Las tres siguen en trámite a nivel de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente. Si no se aprueban a nivel congresal, la fiscalía no puede avanzar.

De estos, el más avanzado es el caso de las contrataciones presuntamente irregulares del cantante Richard Cisneros o ‘Richard Swing’. La denuncia constitucional por el delito de tráfico de influencias y peculado doloso fue presentada en mayo del 2021 por la entonces fiscal de la Nación, Zorida Ávalos.

Recién un año después, en mayo del 2022, la SAC aprobó el informe final y lo elevó a la Comisión Permanente. Tras una serie se postergaciones, este grupo tiene previsto votar el caso en febrero de este año. Si la acusación constitucional se aprueba allí y luego es ratificada por el pleno del Congreso, la fiscalía recién podrá iniciar investigación preparatoria contra Martín Vizcarra por este caso.

Luego está la denuncia constitucional por concusión ligada a su presunta vacunación irregular. Fue presentada en mayo del 2023 por la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Finalmente está la del caso de la presunta designación irregular de Daniel Soria como procurador general del Estado, también presentada por Benavides, donde se le atribuye negociación incompatible y nombramiento ilegal. Ambas denuncias están en trámite en la SAC.