Martín Vizcarra: Procurador general solicita a fiscalía informes ante eventual investigación

El procurador general, Daniel Soria Luján, pidió a la Fiscalía de la Nación que se le informe ante una eventual investigación que se pueda abrir contra los altos funcionarios implicados en las investigaciones seguidas por la contratación del cantante Richard Swing, con la finalidad de salvaguardar los intereses del Estado.

A través de un escrito enviado a la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, al que accedió El Comercio, Soria Luján explicó que, en atención a los hechos relacionados con los audios que involucrarían funcionarios y servidores públicos, “mi despacho viene activando los procedimientos correspondientes con el objeto de cautelar los intereses del Estado”.

Como se recuerda, este Diario informó días atrás que la Fiscalía de la Nación viene analizando la situación legal del presidente de la República, Martín Vizcarra, así como la de exministros que figuran en informes fiscales remitidos a razón de audios y testimonios brindados a la fiscalía, que podrían vincular a los altos funcionarios en presuntas irregularidades en la contratación del cantante Richard Swing.

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Por ello, el escrito fue dirigido teniendo como base el informe relacionado con las pesquisas que viene realizando la fiscal Janny Sánchez-Porturas de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción, por las contrataciones efectuadas en el Ministerio de Cultura a favor del señor Richard Javier Cisneros Carballido.

Soria Luján explicó que si se efectúa un análisis preliminar de la situación, se advertiría que el Estado resultaría agraviado, en caso se pudiera determinar la existencia de algún ilícito, asumiendo que para ello es imprescindible llevar a cabo una serie de actos de investigación para esclarecer los hechos.

En esa línea, consideró que si la Fiscalía de la Nación decidiera ordenar el inicio de investigaciones preliminares, previas al procedimiento de una eventual acusación constitucional por la presunta comisión de delitos de función atribuidos a funcionarios del Estado comprendidos en el artículo 99 de la Constitución Política del Perú.

“A efectos de ejercer debidamente la defensa de los intereses del Estado y disponer las acciones que correspondan en el ámbito de mis atribuciones, me permito solicitar, se sirva notificar al suscrito de la disposición correspondiente, en aras de adoptar las medidas necesarias para evitar que Estado quede en indefensión”, alegó.

Soria Luján recordó que, en su cargo de Procurador General del Estado, según lo dispuesto en el numeral 18 del artículo 11, del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1326, aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2019-JUS, tiene entre sus atribuciones, la potestad de evaluar y formular denuncia penal contra altos funcionarios del Estado, en caso corresponda, para lo cual debe analizar de forma técnica, objetiva y en razón a criterios jurídicos convincentes, las acciones a realizar en cumplimiento de sus funciones.

Por tanto, sostuvo que el pedido realizado no colisiona con la actuación de oficio por parte del Ministerio Público, toda vez que se trata de una atribución privativa del cargo y que se encuentra relacionada únicamente al ámbito del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado.

“Sobre el particular, y ante las circunstancias descritas anteriormente, es evidente que, en la etapa inicial de los citados acontecimientos, resulta imperativo actuar de forma integral, a fin de lograr mayor efectividad en el sistema de administración de justicia, respetando siempre, el marco de las competencias funcionales de cada entidad, y en uso de las atribuciones que la ley faculta, en nuestro caso, con el propósito de salvaguardar la defensa jurídica de los intereses del Estado”, sostuvo.

Fuentes del Ministerio Público confirmaron que recibieron el documento de la Procuraduría General de la República e indicaron que se tendrá presente de emitirse alguna decisión.

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