Martín Vizcarra: ¿cómo impacta la colaboración eficaz del exministro José Manuel Hernández?

La sentencia representa, de acuerdo con la fiscalía y con especialistas consultados por El Comercio, un elemento importante para fortalecer las investigaciones al exjefe de Estado. Fue emitida esta semana por la jueza Margarita Salcedo, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, quien condenó a Hernández como autor del delito de cohecho (soborno) y le impuso un año de prisión suspendida bajo reglas de conducta.

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También le impuso el pago de una reparación civil de S/ 150 mil, S/ 20 mil por concepto de días multa y una serie de obligaciones como colaborador eficaz. Entre estas están no cometer nuevos delitos, concurrir a todas las citaciones derivadas de su acuerdo, pedir permiso al juzgado para salir del país y tener una buena conducta “individual, familiar y social”.

En declaraciones a El Comercio, el fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público, remarcó que la sentencia a Hernández “es una decisión importante” para sus investigaciones por ser “la finalización de un trabajo minucioso y exhaustivo en el proceso de corroboración”.

“Todo lo dicho y expresado por el señor Hernández ha sido corroborado y controlado por parte de un juez, que lo ha sentenciado a una pena reducida por un beneficio de premio, producto de la muy valiosa información que ha aportado”, indicó.

“El señor Hernández era un intermediario de empresas y ha testimoniado la entrega directa de dinero al señor Vizcarra. Eso ha sido plenamente corroborado dentro de la sentencia premial y es un avance notable dentro de la investigación, perfila la investigación hacia, seguramente, su plazo final, donde ya el Ministerio Público deberá determinar las pretensiones acusatorias”, dijo.

Rafael Vela remarcó que la declaración de Hernández tiene “una especial connotación porque es quien intermedia y quien entrega, personalmente, dinero al señor Vizcarra” y destacó que su caso “es el paso previo a lo que podría ser el vencimiento de la etapa de investigación (…) Hay un avance notorio y mucha madurez en el proceso de investigación”.

Del otro lado, el defensor legal de Martín Vizcarra, el abogado Fernando Ugaz, restó importancia al testimonio de José Manuel Hernández dentro de la investigación a su cliente. “Lo que supuestamente aportó, antes de que se inicie el proceso, son estos whatsapps de comunicación. Luego de eso, no hemos visto mayores elementos en su aportes, que además son whatsapps circunstanciales que no evidencia más de lo que ya se tenía desde el inicio del proceso”, dijo a El Comercio.

Fernando Ugaz recordó que el proceso de colaboración eficaz se desarrolla sin que ellos, como defensa del investigado sobre quien se declara, puedan participar. “Esto significa que no puedo tachar pruebas, hacer pericias, contrainterrogatorio”, expresó el abogado del exmandatario. Ahora, con el acuerdo aprobado, espera poder confrontar su versión.

“Desde nuestra perspectiva, no da gran aporte. Lo más importante es que cuando el juez emite una homologación producto de una sentencia, el colaborador se convierte en testigo dentro del proceso. Y al convertirse en testigo, dentro del juicio, uno puede contrainterrogatarlo (...) Allí es donde vamos a ver su contenido, su alcance, lo que ha declarado, cuáles son los elementos que corroboran”, manifestó.

Hernández no es el único colaborador en este caso. También están las mismas empresas Obrainsa e ICCGSA, además de otra constructora, y cinco exejecutivos vinculados a estas. Según pudo conocer este Diario, los acuerdos de colaboración eficaz ya están en una fase avanzada y cada una incluye tanto a la empresa como a sus exdirectivos.

Con todo esto, fuentes cercanas a la investigación estimaron que la investigación preparatoria a Martín Vizcarra podría culminar entre septiembre y octubre de este año. Luego de eso, el fiscal Germán Juárez deberá decidir si acusa y, de ser así, qué pena pide contra el expresidente y por qué delitos.

Esto no está supeditado a que antes se aprueben los otros acuerdos de colaboración. Sin embargo, por la experiencia en casos similares, se estima que la eventual acusación avance más rápido hacia la etapa de juicio si la situación de los colaboradores eficaces se define con una sentencia antes del cierre de la investigación.

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El proceso de colaboración eficaz de José Manuel Hernández se remonta a octubre del 2020. La delación de otros colaboradores había llevado al fiscal Germán Juárez Atoche, del equipo especial Lava Jato, a iniciar una investigación preliminar al entonces presidente de la República por presuntos sobornos relacionados a la empresa Obrainsa (vinculada al Club de la Construcción) y a la concesión de la obra Lomas de Ilo.

Poco después, se incluyó otra imputación: las supuestas coimas de la empresa ICCGSA (también vinculada al Club de la Construcción) a Martín Vizcarra vinculadas al Hospital de Moquegua. Fue en este apartado del caso que apareció la figura de José Manuel Hernández como un supuesto intermediario enviado por el exgobernador de Moquegua para pedir el dinero. Por esto, al expresidente se le imputan los delitos de cohecho y colusión.

“Vizcarra Cornejo, en su condición de presidente del Gobierno Regional de Moquegua y valiéndose de su cargo, envió a su amigo José Manuel Hernández Calderón a contactarse con Rafael Granados Cueto, gerente comercial de ICCGSA, para pedirle la suma ascendente a S/ 1 300 000. 00, a cambio de aprobar la oferta presentada por el Consorcio Hospitalario Moquegua (conformado por las empresas ICCGSA – INCOT), señalando que, si no se aceptaba su pedido, no daría su conformidad para la firma del contrato”, es la imputación de la fiscalía.

La imputación consta en la resolución judicial de segunda instancia referida al pedido de prisión preventiva que hizo la fiscalía contra Martín Vizcarra a inicios del 2021. En las audiencias donde se discutió esa solicitud, el fiscal Germán Juárez reveló que José Manuel Hernández había decidido renunciar a la reserva de su identidad como colaborador eficaz y dijo que declaró haber sido “utilizado” por el expresidente.

“El colaborador 01-2020, quien ha autorizado su develamiento, está referido a la persona de José Manuel Hernández Calderón […] Ha señalado que Martín Vizcarra, prácticamente, lo utiliza a él para que sea el intermediario entre este consorcio, que estaba representando (…) por Rafael Granados [gerente comercial de ICCGSA), para ese pago indebido que le pide de 1 millón 300 mil nuevos soles”, manifestó.

En la misma audiencia, el fiscal remarcó que “la declaración de José Manuel Hernández es de vital importancia en este hecho”. “Este colaborador puso a disposición de este despacho su teléfono celular, dos teléfonos, para acreditar su versión en el sentido de las comunicaciones que tuvo con Martín Vizcarra referido a este tema del Hospital de Moquegua y a las entregas de dinero”, explicó.

Las evidencias presentadas por la fiscalía contra Martín Vizcarra llevaron a que el juzgado resuelva que sí había elementos de sospecha grave respecto a los delitos atribuidos al exmandatario. Sin embargo, al considerar que no había suficiente peligro de fuga o de obstaculización a la justicia de parte del investigado, se optó por denegar la prisión preventiva e imponerle comparecencia con restricciones. Dicha medida se mantiene hasta hoy. En todo momento, el expresidente ha negado la imputación fiscal.

El abogado penalista Percy García que la sentencia de colaboración eficaz “supone que el colaborador ha aportado un conjunto de información debidamente corroborada que va a pesar sin duda en la investigación que se le sigue al expresidente. Es un importante insumo, la información y las pruebas que la corroboran, que debería terminar en una acusación para que Vizcarra se defienda”, detalló.

También aclaró que los procesos de colaboración eficaz son autónomos y que la sentencia al colaborador no significa que ya se pueda decir que Martín Vizcarra es culpable en el proceso judicial que se le sigue. “Allí tendrá que, en su momento, formularse las acusaciones correspondientes, irse a un juicio y en el marco de este, contradictorio y con derecha a defensa, el juez podrá decidir al respecto. No podemos concluir automáticamente que el expresidente cometió delitos”, detalló.

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En cuanto a la posibilidad de que la fiscalía pida nuevamente medidas restrictivas contra Martín Vizcarra, el penalista comentó que esto dependerá no de las nuevas evidencias del fondo del caso que se acumulen, sino de que la fiscalía cuenta con elementos para acreditar que hay peligro de fuga u obstaculización. La ausencia de dichos elementos, para el Poder Judicial, fue el motivo por el que se le negó la prisión preventiva el año pasado.

La penalista Cecilia Madrid coincidió en que esta nueva información podría llevar a que se soliciten nuevas medidas al investigado siempre y cuando se cumplan los requisitos del peligro procesal (fugo y/o obstaculización.

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Madrid añadió que “si bien es cierto la existencia de un colaborador eficaz en una investigación no genera de manera automática una condena (al investigado) o la acreditación de todo lo señalado por la fiscalía, sí es un elemento importante”

“Para que la colaboración eficaz sea aprobada, la fiscalía cuenta con elementos que corroboran lo dicho por el colaborador, que –entiendo yo- se van a trasladar al proceso principal (…) Creo que sí va a complicar la situación del expresidente y va a ser un elemento importante que la fiscalía va a usar para reforzar su tesis incriminatoria”, comentó.