El caso contra el expresidente Martín Vizcarra, acusado de recibir S/ 2.3 millones en coimas de empresas constructoras ligadas a su gestión como gobernador regional de Moquegua, no se basa solo en declaraciones de testigos.
En los próximos meses, a lo largo del juicio que inició el pasado 28 de octubre, los jueces del Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada también evaluarán 143 documentos presentados como pruebas por el equipo especial Lava Jato de la fiscalía contra el exmandatario.
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Luego de que la treintena de testigos y peritos (pruebas personales) de la fiscalía declaren ante el tribunal, estas pruebas documentales que buscarán corroborar sus testimonios comenzarán a a ser evaluadas por el colegiado. Al final del juicio, de todo este conjunto de pruebas personales y documentales dependerá si Martín Vizcarra es declarado culpable o inocente del delito de cohecho o soborno.
Las pruebas documentales
La condena para Martín Vizcarra que pide el fiscal Germán Juárez Atoche, representante del Ministerio Público en este caso, es de 15 años de prisión. En tanto, la procuraduría ad hoc del Caso Lava Jato pide S/ 4.6 millones como reparación civil. La defensa del expresidente niega las imputaciones y busca su absolución de todos los cargos.
La acusación fiscal abarca dos hechos ligados a la gestión del exgobernador: un presunto soborno de S/1 millón de la empresa constructora Obrainsa por el proyecto de proyecto Lomas de Ilo y otro de S/ 1.3 millón de la constructora ICCGSA por el proyecto Hospital de Moquegua. Los directivos de ambas empresas se acogieron a la colaboración eficaz y confesaron los pagos.
- Los cheques por S/ 400 mil y S/ 600 mil emitidos por Obrainsa a nombre del conserje de la empresa. Según el gerente de la constructora, ese dinero fue usado para las coimas.
- Correos de coordinación entre Obrainsa y el Gobierno Regional de Moquegua sobre el alquiler de la avioneta que habría sido parte del pago del soborno.
- Registro de llamadas entre Martín Vizcarra y Elard Paul Tejeda, gerente de Obrainsa sometido a la colaboración eficaz alrededor de las fechas de las presuntas entregas.
- Peritaje policial que corrobora que los montos de las presuntas entregas sí caben en sobres manilas como los descritos por Elard Paul Tejeda.
- Chats entre Martín Vizcarra y su amigo José Manuel Hernández, su presunto mediador para las coimas de ICCGSA y hoy colaborador eficaz, en el 2014, 2015 y 2019
- Facturas para que ICCGSA genere dinero para presuntos pagos al expresidente.
- Registros de llamadas entre Martín Vizcarra, José Manuel Hernández y directivos de ICCGSA en fechas ligadas a las presuntas entregas.
- Geolocalización de Vizcarra, Hernández y directivo de ICCGSA en fecha de último supuesto pago, en agosto del 2016.
La lista completa de las pruebas documentales para este juicio está en el auto de enjuiciamiento del caso, documento de más de 300 páginas que revisó El Comercio para este informe. A esta se suma una más admitida en la segunda audiencia del juicio, el pasado 4 de noviembre, bajo el concepto de “prueba nueva”.
Como han explicado diversos penalistas, en casos de presunta corrupción como el que implica al expresidente casi nunca se trabaja con “prueba directa”, como sería un video de la entrega del dinero, sino con “prueba indirecta”: testimonios y documentos que permiten a los jueces considerar probado un acto cometido a escondidas, de forma clandestina.
En el auto de enjuiciamiento consta que por Lomas de Ilo, la fiscalía sustentará 75 documentales.
Destacan en ese grupo el registro de llamadas entre Martín Vizcarra y Elard Paul Tejeda, gerente de Obrainsa, quien el último lunes 11 de noviembre afirmó en en el juicio que pagó el soborno en dos partes y con billetes de S/ 200, así como los cheques de S/ 400 mil y S/ 600 mil que, según dijo, fueron usados para generar ese dinero.
También está la pericia -revelada por este Diario- que demuestra que esos montos sí caben en sobres manilas como en los que el testigo dijo que dio el dinero al expresidente, además de los correos entre Obrainsa y el Gobierno Regional de Moquegua para el alquiler de una avioneta. Según Elard Paul Tejeda, ello también fue parte de la coima solicitada y entregada a Martín Vizcarra.
En cuanto al Hospital de Moquegua, hay otras 67 pruebas documentales. Destacan los chats entre el acusado y su amigo José Manuel Hernández, supuesto intermediario para los pagos de ICCGSA y actual colaborador eficaz de este caso sentencia judicial. Como en Lomas de Ilo, también hay un registro de llamadas entre ambos y los directivos de esa constructora.
También están las facturas de la presunta generación del dinero presuntamente entregado al exmandatario y reportes de geolocalización de los implicados en el supuesto último pago, que habría sido en agosto del 2016. Para cuando esas pruebas sean evaluadas por los jueces, todos los implicados en esa presunta entrega dinero ya habrán declarado como testigos ante el colegiado.
Posturas
En declaraciones dadas en la última semana El Comercio, el fiscal Germán Juárez remarcó que en estos casos no suele existir “prueba directa”, como sería un recibo o un video del pago: “A lo que se recurre es a prueba indirecta: testimoniales y documentos como correos, chats, llamadas, geolocalización, los cheques, la salida del dinero. Todo eso tiene que valorarse en conjunto”.
“Hay un cúmulo de documentos que establecerán que hubo un pedido de coima y que se ha corroborado que se cumplió con ese pago”, dijo el integrante del equipo especial Lava Jato a su salida de una de las audiencias del juicio del expresidente Ollanta Humala, que también está a su cargo.
La defensa legal de Martín Vizcarra rechaza que el expresidente haya recibido los supuestos sobornos. En sus alegatos iniciales, su abogado, Erwin Siccha, sostuvo que ni con los testigos ni con las pruebas documentales se podrá probar la acusación.
Además, en el auto de enjuiciamiento consta que ellos han presentado sus propias pruebas: 108 documentales, 18 testigos y tres peritos. A estos se suman dos testigos y un documento más admitido como pruebas nuevas.
En diálogo con El Comercio para este informe, Erwin Siccha afirmó con sus propias pruebas documentales, ellos probarán que Martín Vizcarra estuvo en Moquegua el 6 de noviembre del 2013, la fecha en que -según la acusación fiscal- él pactó el supuesto soborno de Obrainsa en una reunión en sus oficinas en Lima.
En lo relacionado a Lomas de Ilo, sostuvo que “el Ministerio Público no ha presentado registro de geolocalización, videos de cámaras de seguridad, registros de ingreso al edificio. No hay ninguna prueba documental (de la fiscalía) que corrobore lo que dice el testigo colaborador (Elard Paul Tejeda). Tampoco lo hay en las fechas de las supuestas entregas de dinero. ”.
Sobre los cheques de Obrainsa, dijo que acreditar que se haya retirado esos montos del banco “no acredita que ese dinero haya sido entregado a Martín Vizcarra. El testigo colaborador ha indicado que él sacaba dinero en múltiples ocasiones”. Y sobre los correos para el alquiler de la avioneta, dijo que esta fue “para beneficiar a la administración pública”, no para un beneficio personal.
Respecto a Hospital de Moquegua, el abogado de Martín Vizcarra dijo que si bien hay un reporte de geolocalización que lo ubica en el distrito de La Molina, donde está la casa donde habría sido la entrega, este no acredita que haya estado en ese mismo lugar.
“No acredita que haya estado en la oficina, en los lugares que se dice. Esos informes de geolocalización ubican a Martín Vizcarra a 8 kilómetros, a 10 kilómetros del lugar donde supuestamente realizaron las supuestas entregas. En cambio, en las otras personas sí: se ha acreditado geolocalización entre el señor Castillo Dibós (directivo de ICCGSA) y el señor Hernández, pero eso no acredita que ellos hayan entregado dinero a Martín Vizcarra”.
Para el penalista Andy Carrión, estas pruebas de la fiscalía serán “trascendentales” para corroborar la versión de los testigos que implican a Martín Vizcarra en la presunta recepción de coimas. En el caso de Lomas de Ilo, destacó la importancia de documentos como los registros de llamadas, los cheques, los correos y la citada pericia.
“Las llamadas sedimentarían los encuentros previos, durante y posteriores a las entregas de dinero. También cómo se obtuvo el dinero: los cheques de Obrainsa con los montos de S/ 400 mil y S/ 600 mil. Los correos también demostrarían otra parte de la acusación: que los favores no se hicieron solo en torno al dinero, sino a servicios. Y el peritaje también me parece trascendental”, declaró a El Comercio.
El abogado añadió que en lo relacionado al Hospital de Moquegua, “las pruebas documentales son incluso más trascendentes” que en Lomas de Ilo. “No solo hay registro de la trazabilidad del dinero, de cómo se sacaba dinero para luego realizar los pagos, sino además las comunicaciones entre los principales involucrados, y la geolocalización. Con ello, el acusado no puede negar dónde se encontraba”.
El penalista Guillermo Astudillo recordó que para emitir su sentencia, los jueces deben evaluar todas las pruebas en conjunto, tanto las testimoniales como las documentales. “Hay pruebas que puedan ser más impactantes que otras. Las declaraciones de los acusados o colaboradores pueden tener más impacto en los jueces y la opinión pública”.
Sin embargo, añadió que no se puede dejar de lado “la fuerza probatoria de los documentos o pericias”. “Tienen plena validez para ser debatidas en el juicio (...) Hay recibos, correos electrónicos, vouchers de salida de dinero. Son auténticos, van a ser debatidos en el juicio”, remarcó.
A su criterio, estas pruebas documentales “serán valorados positivamente por el tribunal y van a servir para corroborar las versiones de los testigos y los colaboradores eficaces”. El especialista en Derecho penal hizo particular énfasis en los correos ligado al alquiler de la avioneta. “Él sabe muy bien, por la función que realizaba, que no podía aceptar esa donación. Esa es claramente una coima que no tiene justificación”, opinó.