Martín Vizcarra afronta un juicio oral por presuntamente haber recibido sobornos por S/ 2,3 millones durante su periodo como gobernador de Moquegua, entre los años 2011 y 2014. (Foto: Hugo Pérez/El Comercio)
Martín Vizcarra afronta un juicio oral por presuntamente haber recibido sobornos por S/ 2,3 millones durante su periodo como gobernador de Moquegua, entre los años 2011 y 2014. (Foto: Hugo Pérez/El Comercio)
Redacción EC

El Poder Judicial confirmó la medida cautelar de inhibición respecto de , vinculados al expresidente (2018-2020) y su esposa, Maribel Díaz Cabello.

Como se recuerda, el valor de dichos inmuebles en total asciende a S/ 5 millones 810 mil 252, informó la Fiscalía Superior Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de Lima.

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Dichos inmuebles estarían vinculados a la actividad ilícita contra la administración pública y formarían parte de los casos ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital de Moquegua’, cuando Vizcarra Cornejo era presidente regional de Moquegua, entre el 2011 y 2014.

La confirmación de las medidas cautelares fue obtenida por el despacho superior tras reforzar los fundamentos establecidos en la resolución de primera instancia, que declaró fundada la medida cautelar.

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Asimismo, luego de acreditar la existencia de los presupuestos de verosimilitud de los hechos, peligro en la demora, razonabilidad y proporcionalidad de la medida respecto de los bienes que estarían vinculados a la comisión de delitos contra la administración pública; por lo que se inscribirán dichas medidas cautelando la preservación de los bienes en favor del proceso extintivo.

Cabe indicar que Martín Vizcarra afronta un juicio oral, a cargo del Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, por el presunto delito de cohecho pasivo.

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El pasado 18 de noviembre, Manuel Tejeda Moscoso, hermano de Elard Tejeda y también directivo de la constructora Obrainsa, corroboró que su empresa accedió al pedido del expresidente para que le paguen “el 2% del costo directo de la obra” Lomas de Ilo.

“No fue un pedido legal. Accedimos para no perder el contrato”, dijo el empresario durante el interrogatorio del fiscal Germán Juárez.

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