Fiscalía advierte que Martín Vizcarra podría obstruir proceso por presuntos sobornos: las razones del MP para nuevo pedido | INFORME

La investigación fiscal a Martín Vizcarra por este caso concluyó en diciembre del 2022.

Según la acusación presentada también en diciembre -cuyo contenido es recogido en el pedido de impedimento de salida- Martín Vizcarra recibió S/ 2.3 millones por parte de consorcios empresariales para hacerse de dos obras cuando era gobernador regional de Moquegua: Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. El expresidente y su defensa niegan tajantemente la imputación fiscal.

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La acusación remarca que por Lomas de Ilo presuntamente recibió S/ 1 millón en efectivo, dentro de sobres manilas, de parte del consorcio formado por las empresas Obrainsa y Astaldi. Las supuestas entregas fueron el 27 de enero del 2014 (S/ 400 mil) y el 4 de abril del mismo año (S/ 600 mil). El dinero habría sido entregado por el empresario Elard Tejada, de Obrainsa, en las instalaciones de esa empresa constructora.

Por el Hospital de Moquegua, en tanto, se le imputa haber recibido S/ 1.3 millones. Una parte habría sido entregada por el ejecutivo de ICCGSA Rafael Granados a través de su amigo José Hernández, exministro del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Luego, este y su chófer le habrían entregado el dinero a Martín Vizcarra. Todo ello entre marzo del 2014 y junio del 2015.

El resto del dinero habría sido entregado por Rafael Granados y Fernando Castillo, otro ejecutivo de ICCGSA, entre julio del 2015 y agosto del 2016. Al momento de la última presunta entrega, el 25 de agosto del 2016 en la casa de José Manuel Hernández, Martín Vizcarra ya era vicepresidente y ministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno de PPK.

La acusación por el delito de cohecho (soborno) fue presentada en diciembre del 2022, pero el Poder Judicial recién comenzó el control de acusación en noviembre del 2023. En esta etapa, a cargo de la jueza Margarita Salcedo, se definirá si el requerimiento fiscal cumple todos los requisitos para pasar a juicio oral, donde finalmente se decidirá si el expresidente es culpable y va a prisión.

El control ha ido avanzando de forma regular desde entonces. La jueza ya emitió un primer pronunciamiento donde considera que los hechos que lo involucran son graves y ameritan que vaya a juicio por otros delitos adicionales a los que la fiscalía acusó. Por ello, dispuso que se evalúe ampliar la acusación.

Por su parte, la fiscalía ratificó en audiencia su solicitud de 15 años de condena por cohecho y el viernes último cumplió con presentar las correcciones de forma (subsanaciones) ordenadas por la jueza, a pedido de la defensa de Martín Vizcarra.

El control de acusación seguirá el 8 de enero del 2024, fecha en la que la defensa del expresidente deberá pronunciarse respecto a las subsanaciones.

Si las correcciones fueron suficientes, la jueza dispondrá que el control de acusación pase a la siguiente etapa, la de control sustancial, donde se resolverán los recursos que haya presentado la defensa del expresidente para que el caso se archivado. Si estos se rechazan, el caso deberá pasar a juicio y solo quedaría por discutirse las pruebas que serán usadas allí. Todo apunta a que ese será el destino del caso: un juicio oral y público donde se definirá la culpabilidad o inocencia de Martín Vizcarra.

En su momento, la fiscalía buscó que Martín Vizcarra enfrente este proceso bajo prisión preventiva. Sin embargo, en los primeros meses del 2021, el Poder Judicial rechazó su pedido en doble instancia. En su lugar, le impuso comparecencia con restricciones, entre las que está la prohibición de salir de Lima (su lugar de residencia) sin permiso del juez.

Ello lo obliga a solicitar y justificar permisos a la juez Margarita Salcedo para viajar a regiones cada vez que lo requiere. Sus solicitudes a veces son aceptadas y a veces son rechazadas, dependiendo del motivo del viaje. No obstante, el Ministerio Público considera que con los avances del caso hacia el juicio oral, las restricciones actuales no son suficientes y también debe imponérsele un impedimento expreso para salir del país por 18 meses.

Según advierten en su pedido, al que accedió El Comercio, la medida “está dirigida a garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia y asegurar los fines legítimos del proceso”.

Además, argumenta que una medida de este tipo no solo se puede dictar durante la fase de investigación, que ya culminó, sino también, durante el control de acusación o incluso en el juicio oral.

Para esto último se citan una serie de antecedentes judiciales. Entre estos está el de Keiko Fujimori, a quien en junio pasado se le impuso impedimento de salida del país por 36 meses durante la etapa de control de acusación y de cara al inicio de su juicio por el ‘Caso Cocteles’.

Para fundamentar su pedido, el Ministerio Público considera que desde la imposición de las restricciones en el 2021, el caso ha evolucionado y hay nuevas circunstancias por las que el riesgo procesal de parte de Martín Vizcarra se ha incrementado.

El primero es la gravedad de la pena a la se enfrenta: una solicitud de 15 años de prisión, para la que -según la fiscalía- hay “suficientes elementos de convicción que lo incriminan”.

Luego está la magnitud del daño causado por los supuestos delitos. Esto se traduce en que, casi diez años después, “las obras que han sido materia de de investigación no funcionan en la actualidad, lo cual no solo ha generado un perjuicio al Estado, sino también a la sociedad”.

Por ello, consideran que el acusado expresidente perjudicó la imagen y la credibilidad del gobierno regional de Moquegua; y generó un impacto negativo en el empleo en la región y “en la convivencia social” de la colectividad moqueguana.

Más concretamente, la fiscalía considera que hay evidencias de que Martín Vizcarra no quiere someterse a las reglas de su proceso penal. En primer lugar, se cita un permiso que se le dio para viajar a Moquegua en septiembre del 2023 “exclusivamente” para realizar actividades por su trabajo como ingeniero. Sin embargo, el viaje también fue aprovechado para otros propósitos.

Aquella vez, en su reporte de actividades luego del viaje, el expresidente informó que estaba realizando labores como ingeniero en un horario en el que, en realidad, estaba en un evento protocolar por el aniversario de un colegio. Esto ya fue objeto de un apercibimiento (llamado de atención) de la juez al acusado.

“El acusado miente no solo en cuanto a su ubicación, sino también, en cuento al objeto que invoca para obtener autorización judicial y así pode desplazarse a otro lugar”, advierte la fiscalía. “Resulta evidente que existe una clara intención por parte del acusado Martín Vizcarra de no sujetarse o someterse a lo que su juzgado dispone”.

Otro aspecto que señala la fiscalía son los pedidos hechos por el expresidente para viajar fuera de Lima para realizar actividades ligadas al partido Perú Primero a pesar de que está inhabilitado para participar en política.

La jueza rechazó ese pedido a mediados de noviembre y consideró en su resolución que la participación activa de Martín Vizcarra en actividades políticas demostraba su actitud de “pretender contravenir la inhabilitación política impuesta”.

Para el Ministerio Público, es evidente que el acusado y el partido Perú Primero idearon un plan para “pretender evadir y contravenir la inhabilitación política [...] bajo una forzada designación como ‘presidente honorífico’ y así poder tener viabilidad para poder viajar a distintas regiones dentro del territorio nacional”.

Por todo ello, el requerimiento del fiscal Germán Juárez Atoche concluye que el impedimento de salida del país solicitado “sería indispensable no solo para la averiguación de la verdad, sino también para garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia y asegurar los fines legítimos el proceso”. Esto es que el acusado cumpla su eventual condena, en caso el Poder Judicial se la imponga al final de un juicio.

El Comercio consultó a la defensa lega de Martín Vizcarra cuál iba a ser su postura frente a este pedido de la fiscalía, que se debatirá en audiencia este jueves 28 de diciembre. Podrían pedir que se rechace o allanarse a la solicitud. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no hubo respuesta.